Marchan contra el terrorismo de Estado familiares de víctimas por desaparición forzada en México

jeudi 1er juin 2017
par  Hasta encontrarlos
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Por GERARDO ROMO ARIAS
Fecha : mayo 31, 2017
en : Política, Sociedad y Justicia

Ciudad de México.- ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos ! El Grito es uniforme, también la sed de justicia.

En el contingente de unas mil personas, marchan indígenas chiapanecos, oaxaqueños, padres de los 43 normalistas de la normal Isidro Burgos y decenas de familiares de hombres, mujeres, niños y luchadores sociales que han desaparecido en México a manos del Ejército, policías federales o cualquier agente del Estado en los últimos 10 años.

Margarita Cruz Sánchez tiene 10 años buscando a su hermano Gabriel Alberto Cruz Sánchez desaparecido el 25 de Mayo de 2007 en Oaxaca y quien estudió en la universidad Benito Juárez, ése día integrantes del Ejército Mexicano se lo llevaron junto a Edmundo Reyes Amaya.

“Han sido 10 años de impunidad, exigimos que las autoridades no se hagan más ciegos y sordos, vivos se llevaron a mi hermano y a Edmundo Reyes y vivos los queremos junto a los más de 30 mil desaparecidos” señaló Margarita quien porta una camiseta con un dibujo serigrafiado con el rostro de su hermano y de Edmundo.

“Cómo es posible que un hombre con ideales que luchó por un mejor México sea desaparecido hay mucho dolor de no saber si está vivo o muerto y de no tener una tumba donde llorarle, si él acaso cometió un delito debió ser juzgado”, agregó.

En la marcha participaron también lntegrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo creado en solidaridad de activistas sociales desaparecidos a manos de agentes del Estado.

En el contingente también estaba Adrián, un hombre fuerte, de tez morena que asegura tener miedo por estar en la lucha social y en favor de que se haga justicia por los desaparecidos. “Tengo miedo pero el miedo no me paraliza”, afirma.

Adrián porta un volante con la fotografía de Teodulfo Torres Soriano, con sombrero de palma, pelo largo, sonriente y chimuelo su amigo.
El caso de Teódulo es emblemático, dice Adrián porque participó en las protestas del primero de diciembre de 2012 en contra de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.

Ése día “El tío” como apodan a Teódulo traía su cámara de video con la que grabó la agresión que recibió Juan Francisco Kuykendall Leal quien fue impactado por una bala de gas que salió de manos de policías federales afuera del Congreso de la Unión. La bala le partió el cráneo y lo dejó en estado vegetativo.

Posteriormente los familiares de Kuykendall interpusieron una demanda por lo sucedido, Teódulo era testigo clave y el 23 en marzo de 2013 cuando iba a declarar en el juicio lo desaparecieron antes de llegar a la cita para atestiguar en los tribunales.

“Teódulo era un luchador social nato, comprometido, solidario le gustaba registrar los hechos de la lucha social con su cámara, registrarlos, era solidario, también integrante del proyecto autónomo de agricultura urbana de Xochimilco “El Terreno” y adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, se lo llevaron vivo y vivo demandamos que aparezca”, insiste Adrián.

El contingente marchó en conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido que partió desde la Secretaría de Gobernación en Bucareli por avenida Juárez hasta llegar a la sub procuraduría de Derrechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Los manifestantes afirmaron que “La Desapareición Forzada” es una Política del Estado Mexicano para inhibir y criminalizar la protesta social como estrategia para desarticular a quienes luchan por defender los derechos de las mayorías, frente al despojo y el abuso de los que se sienten dueños del poder y el dinero.

“Se propicia la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como una política de terrorismo de Estado para criminalizar la protesta social y acallar las voces disidentes”, explicó Pascual Jesús González integrante de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.

El está en la marcha exigiendo la aparición con vida de las jóvenes y maestras rurales oaxaqueñas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez quienes a decir del activista desaparecieron a manos de grupos paramilitares que operan en la zona desde el 5 de julio de 2007 cuando ambas tenían 16 y 21 años respectivamente.

“A pesar de que los familiares de las compañeras tienen plenamente identificados a los culpables de la desaparición de Virginia y Daniela, la Procuraduría de Justicia del Estado de Oxaca ha sido omisa en el caso, y autoridad federal tampoco hace nada”, explicó González.

“Nuestros familiares no están muertos, están vivos”, gritaban los manifestantes a su llegada a la sub procuraduría de Derechos Humanos de la PGR.

Ahí se tendieron pancartas y mantas con los rostros de decenas de desaparecidos. Burócratas trajeados que pasaban por el lugar no pudieron evitar detenerse para observar las fotografías de quienes son buscados desesperadamente por sus familiares y cuyos clamores de justicia son gritos en el desierto.

…. Exigen nueva Ley contra la Desaparición Forzada.

Los activistas que participaron en la manifestación exigieron una nueva Ley de Desaparición Forzada, porque la actual, coincidieron carece de los estándares internacionales mínimos requeridos para que sea realmente efectiva.

Además, señalan que actualmente las investigaciones que lleva a cabo el Estado no lo hace por desaparición forzada sino por delitos como secuestro.

“Un mínimo que requerimos es que se pueda enjuiciar a los comandantes y superiores jerárquicos de los agentes que llevan a cabo las desapariciones forzadas por órdenes específicas de sus mandos, y que el Servicio Médico Forense de la PGR sea independiente para que se garantice imparcialidad”, señaló Adrián Siaco.

“Si bien tenemos unas leyes que no se aplican, una en materia de desaparición forzada que se aplicara correctamente podría ser un freno a los abusos por parte de la autoridad que las cometen con fines políticos y para sembrar terror”, agregó

Además, alertó que la Ley de Seguridad Interior que se pretende impulsar con el Gobierno de Enrique Peña Nieto sólo serviría para incentivar la desaparición forzada.

Una comisión de los manifestantes fue recibida por integrantes de la Fiscalía Especial de la PGR a quienes exigen se aceleren las investigaciones de los miles de casos que siguen en la impunidad.

Aquí, los familiares de las víctimas de desaparición se rehúsan al olvido.

“Como padre estoy pidiendo justicia”, señaló el padre del menor de edad Humberto Morales Santíz quien fue ejecutado extrajudicialmente en la comunidad El Carrizal en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

Así el dolor de la injusticia se sintió en el centro del País como ocurre en el resto de las 32 entidades.

“Hay muchas desapariciones más pero la gente no denuncia por miedo”, insiste una voz al micrófono.



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