Desapariciones en México

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12 de Agosto de 2017

Raúl Contreras Bustamante

Una de las principales obligaciones del Estado es brindar seguridad a sus gobernados. La crisis por la que atraviesa el país tiene en la desaparición de personas uno de los efectos y ejemplos más claros y severos de la falta de cumplimiento de deberes mínimos —en materia de seguridad— y que actualmente está padeciendo la sociedad mexicana.

A diario nos enteramos, por las noticias o por viva voz, sobre casos de personas desaparecidas —en todo el territorio mexicano— desgraciadamente, al grado de ser ya casi una costumbre. Se dice que una persona es desaparecida cuando su localización se desconoce por alguna razón.

Hace tan sólo unos días, en la ciudad de Chilpancingo, se llevó a cabo el Foro Desaparición Forzada “Contra el Dolor y el Miedo: Un grito de Esperanza”, en el que el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, señaló que podría haber más de 30 mil desaparecidos en nuestro país.

Lo alarmante —además de la cifra— es que detrás de las desapariciones se esconden otros delitos que las han propiciado o que se generan como consecuencia, tales pueden ser, entre otros, el secuestro, el narcotráfico, la trata de personas, los homicidios, la violación, etcétera.

Es importante señalar que existe una clara diferencia entre una desaparición simple y una desaparición forzada. En el primer caso, como ya se ha dicho, tan sólo se desconoce el paradero de una persona; en tanto que en el segundo caso, un servidor público se ve involucrado en el ilícito, propiciando o manteniendo dolosamente su ocultamiento.

El problema no es menor, tan solo los estados de Tamaulipas, México, Jalisco, Sinaloa y Guerrero se condensan —por sí solos— casi 16 mil desaparecidos y casualmente se trata de entidades federativas con una fuerte presencia del narcotráfico. Resulta obvio pensar que las condiciones de inseguridad e impunidad que han sido el campo fértil para el incremento de tan preocupante número de personas desaparecidas.

A lo anterior habrá que sumar la ausencia de información estadística real, creíble y precisa, ya que en materia de desaparición padecemos un subregistro —por causas diversas— que permite presumir que no se sabe el número verdadero de personas cuyo paradero se desconoce, ni tampoco nos enteramos en realidad cuántos son los casos de desaparición forzada. Es claro que esto dificulta el diseño de políticas públicas eficaces destinadas a paliar tan lacerante tema.

Y es que, a pesar de que México ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales en esta materia, lo cierto es que en este renglón queda mucho por hacer. Por ejemplo, a pesar de que la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas fue expedida desde el año 2012, a la fecha aún no cuenta con un reglamento que permita instrumentar lo dispuesto por dicha ley.

Asimismo, en la llamada Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, en proceso de aprobación legislativa en la Cámara de Diputados, no se contemplan puntos tan relevantes como la creación de un registro específico para casos de desapariciones forzadas.

México, hoy más que nunca, necesita del diseño de políticas públicas efectivas para enfrentar esta ola de violencia, impunidad e inseguridad que nos está azotando. Merecemos ser un país mejor y con un porvenir que nos permita vivir con auténtica seguridad y paz social.

Como Corolario, la frase de Montesquieu: “Una injusticia hecha a uno es una amenaza a todos”.

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