México. La desaparición forzada, responsabilidad del Estado

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Por OLEP

Las personas no se desvanecen de pronto

He aquí una realidad nacional: el Estado desaparece personas. Cuesta escribirlo así, diciendo “desaparece”, porque las personas —gente de hueso y carne, padres, madres, hermanos, familiares, vecinos, conocidos— no se desvanecen de pronto, como sin querer… sino que alguien las detiene, las aprisiona y en el peor de los desenlaces las ejecuta con anuencia del gobierno.

Y esto no ocurre de forma esporádica, no se trata de casos aislados. De lo contrario no hablaríamos de esto ahora, de lo contrario no existiría la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que cada última semana de mayo, desde hace ocho años en México, convoca a diversas actividades con el objetivo de reivindicar la lucha contra la desaparición forzada, exigiendo además la presentación con vida de víctimas, juicios justos, castigo a los responsables y la erradicación de este crimen de lesa humanidad.

Permítasenos hacer algunas especificaciones al respecto: el desaparecido no es aquél que el gobierno, en un intento por evadir su responsabilidad, se empeña en llamar “extraviado” o “no localizado”. El rasgo característico de la desaparición forzada es que tiene un culpable concreto: el Estado. Se entiende por desaparición forzada: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Asimismo, al hablar de esta política de terrorismo de Estado debemos subrayar lo siguiente:

1. En la desaparición forzada se violan varios derechos humanos: el derecho a la libertad, a la integridad personal, a ser protegido por la ley, a ser reconocido como persona jurídica, a no ser torturado. 2. En varias ocasiones, se viola además el derecho a la vida, crimen conocido como ejecución extrajudicial. 3. Mientras una desaparición forzada no se resuelva, sigue siendo un caso presente: no existen las desapariciones forzadas pasadas. 4. Repetimos: el responsable de una desaparición forzada es el Estado.

En México, igual que en muchos otros países latinoamericanos, la desaparición forzada data de la década de 1960 como medida sistematizada para enfrentar a la oposición política armada y a la disidencia pacífica. Decimos sistematizada porque se trata de una práctica estatal reiterativa y con características bien definibles.

Prueba de esta sistematicidad es que en nuestro país, durante el periodo conocido como “guerra sucia” (1969 a 1988) se documentaron entre 1200 y 1800 desapariciones forzadas con motivos políticos; es decir, contra luchadores sociales. Posteriormente, entre 1994 y el 2000 nuevamente aparece enconadamente la desaparición forzada contra el movimiento revolucionario, como el EZLN.

Luego, durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada en 2006 por el presidente Felipe Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó 3422 desapariciones forzadas. No obstante, el número total de desapariciones en dicho periodo oscila entre 13195 y 26121, de las cuáles se ignora cuántas califican cabalmente como forzadas. Asimismo, este crimen ha pasado de cometerse contra la disidencia política para cometerse en contra de otros grupos sociales, como jóvenes, trabajadores, migrantes y mujeres.

El sexenio de Peña Nieto muestra continuidad en la sistematización de este crimen. La CNDH registra, entre 2012 y 2016, a 18990 personas desaparecidas. El Estado ha dado respuestas ambiguas a dichas cifras, atribuyendo estos crímenes a la delincuencia organizada, pero casos como el de los 43 desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos evidencian el modus operandi y la responsabilidad estatal. Asimismo, hemos visto aparecer al menos 1143 fosas clandestinas, cuya existencia resulta imposible entender sin conocimiento del Estado.

Así, como puede usted ver, desde los años sesenta hasta la fecha hemos vivido no sólo la continuidad de este crimen, sino su aumento como estrategia estatal de control. El “país de los desaparecidos” nos llaman algunos medios de comunicación con razón, pues las cifras son tan altas como terroríficas.

Pero el desaparecido es siempre presente, es promesa de presencia y, por lo tanto, lucha permanente. Exigimos pues la presentación con vida de Edmundo Reyes Anaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Teodulfo Torres Soriano (El Tío), Juan Francisco Kuy Kendall, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Santiz, Daniela y Virgina Ortiz Ramírez, Francisco Paredes Ruiz, Lauro Juárez, Carlos René Román Salazar, Héctor Jaimes Abarca, los 43 normalistas de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos a nivel nacional. Ni perdón ni olvido.

Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP)

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