No se erige un “nuevo” gobierno sobre miles de crímenes de Estado Exigimos alto al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a los criminales

, por  Hasta encontrarlos , popularidad : 49%

No se erige un “nuevo” gobierno sobre miles de crímenes de Estado

Exigimos alto al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a los criminales

Ciudad de Oaxaca 6 de octubre de 2018.

Licenciado Andrés Manuel López Obrador

A todos y todas las presentes

Los familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya reivindicados por el Partido Democrático Popular-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) conformamos el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” a raíz de su detención desaparición forzada el 25 de mayo de 2007 en esta ciudad capital del estado de Oaxaca. Desde ese año a la fecha desarrollamos distintas actividades en la exigencia de presentación con vida de nuestros seres queridos, donde la respuesta gubernamental es la indolencia e indiferencia que procura impunidad a los perpetradores.

El caso de nuestros familiares es reconocido por distintas personalidades como uno de los más paradigmáticos en el país, porque señala un proceso de agudización de los crímenes de lesa humanidad contra luchadores sociales, activistas que más tarde se convertiría en una política generalizada. El terrorismo de Estado es una política represiva imposible de negar hoy en día.

La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero es considerada uno de los más enigmáticos por la magnitud de crimen cometidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en este caso se amalgaman múltiples crímenes de Estado. De la misma manera, el caso de nuestros familiares ilustra la magnitud del cometido de estos flagelos durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

La situación que se vive en nuestro país es insostenible y degradante para millones de familias pobres en México. Hemos vivido durante décadas, la violación sistemática a los derechos humanos producto de la política de terrorismo de Estado recrudecida desde el 2006 con la puesta en marcha de la supuesta “guerra contra el narco” desarrollada por Felipe Calderón y que no cambió en absoluto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por el contrario, se agudizó de manera alarmante.

Esta política represiva se ha caracterizado por el uso de la violencia de manera planificada, sistemática y generalizada, con la finalidad de infundir el terror en el pueblo para que éste acepte mediante el miedo, la implementación de una serie de medidas económicas y políticas que profundizan a pobreza y miseria en millones de trabajadores que conforman el pueblo mexicano.

En los últimos doce años, el pueblo de México ha sufrido los crímenes más atroces, por todo el territorio nacional, corren ríos de sangre, miles de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamientos forzados, y un sin fin de crímenes más que continúan lacerando y lastimando al pueblo, daños incuantificables que permanecerán latentes por muchos años más, pues sus efectos trascienden generaciones completas.

El gobierno de EPN que trajo consigo la agudización de esta política de terror al continuar con la militarización y la paramilitarización del país, ha dejado miles de casos en la impunidad, hablamos de 30 millones de víctimas directas e indirectas: más de 37 mil casos de personas desaparecidas reconocidas oficialmente, más de 250 mil ejecutados extrajudiciales y más de un millón y medio de personas desplazadas, así como cientos de presos políticos y torturados, además de un millar de fosas clandestinas que brotan por todo el territorio con miles de cuerpos sin identificar y que son evidencia de la más cruel y cruda violencia de Estado que vivimos.

Son miles las afrentas y violaciones a nuestros derechos que como pueblo hemos sufrido, los cuales,permanecen de manera sistemática desde hace más de 40 años, desde el periodo de la mal denominada “guerra sucia”, en el que se cometieron graves violaciones a derechos humanos y que aún siguen impunes.

Como familiares de víctimas que nos ha tocado vivir directamente este terrorismo de Estado, queremos denunciar, los casos de aquellos defensores de derechos humanos y luchadores sociales que, por el hecho de luchar de acuerdo con sus convicciones políticas e ideológicas, fueron detenidos desaparecidos de manera forzada y que por la motivación política de estos crímenes son negados e invisibilizados por los distintos gobiernos.

Desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, miles personas defensoras de los derechos humanos y luchadores sociales han sido víctimas de desaparición forzada, dentro de estos se encuentran: Las niñas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez detenidas desaparecidas el 5 de julio del 2007, el indígena Chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos René Román Salazar, cometidos por las autoridades del estado de Oaxaca, así como también el caso de la desaparición forzada de nuestros familiares Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, luchadores sociales reivindicados por el PDPR-EPR detenidos desaparecidos en esta ciudad de Oaxaca el 25 de mayo del 2007 por elementos de la policía estatal y entregados al ejército.

Luego de más de 11 años en que las autoridades gubernamentales mantienen en esta condición inhumana a nuestros familiares, se logró obtener diversos recursos jurídicos importantes gracias a la exigencia de nuestras familias y a la solidaridad incondicional de organizaciones populares, organismos defensores de derechos humanos, personalidades progresistas y pueblo en general.

La resolución Judicial 29/2014 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, emitida en julio del 2014 y ordena:

“Se trasladen a los lugares de posible detención u ocultamiento, en especial, REALICEN la búsqueda de EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ en las principales instalaciones militares;

• TOMEN comparecencia a los funcionarios de la Procuraduría General de la República, a funcionarios estatales o mandos militares, que hubiesen estado en funciones en mayo de 2007, A FIN DE QUE DECLAREN CON RELACIÓN A LOS HECHOS;

• INFORMEN SOBRE LA INHUMACIÓN de cadáveres en los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con la de las víctimas para en su caso realizar diligencias de identificación forense.

Además, ordena que dichas autoridades deberán ordenar a los funcionarios competentes que se realicen las diligencias necesarias para cumplir con lo anterior; asimismo, que podrán crearse comisiones especiales o realizar todas las diligencias que se estimen pertinentes a efecto de localizar a EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ.”

La Recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que determinó que nuestros familiares en el transcurso de la semana en que los desaparecieron forzadamente fueron trasladados a las instalaciones de la prisión militar ubicada en el Campo Militar Número Uno, perteneciente a la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, reconoció este crimen como una desaparición forzada y emitió esta recomendación a las tres instancias de gobierno, al Federal, estatal y municipal, en ese momento encabezado por Felipe Calderón Hinojosa,Gabino Cué Monteagudo y José Hernández Fraguas respectivamente.

Tanto la resolución como la recomendación ordenan a las autoridades gubernamentales distintas acciones concernientes a dar con el paradero de nuestros familiares, sin embargo, como en muchos casos, estas no han sido cumplidas, dado que en ellas se implica investigar al ejército en el cometido de crímenes de lesa humanidad y la realización de diligencias de búsqueda en instalaciones militares. Dada la la impunidad que encubre a estos, el gobierno saliente no permitió cumplir con lo que dicta esta resolución, con lo cual se evidenció que en ningún caso y en ninguna circunstancia, el Estado pretende sancionar ni investigar a los responsables, aún y cuando existen las evidencias jurídicas y documentales que demuestran que el caso de la desaparición forzada de nuestros familiares es un crimen de Estado.

Por ello, conminamos la acción de sus buenos oficios como próximo titular del Ejecutivo Federal para la realización de las diligencias pertinentes a fin de la presentación inmediata y con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y sancione a los responsables de este crimen contra la humanidad.

Las garantías del acceso real al derecho a la Verdad, la Justicia, la memoria y reparación integral del daño y garantías de no repetición a todas las víctimas del terrorismo de Estado.

El derecho a la verdad consiste en aclarar las razones de tipo económico, político o social que motivaron las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado; es decir, implica descubrir o evidenciar la lógica represiva que las produjo, quiénes realizaron, favorecieron y encubrieron los crímenes; descubrir su sistematicidad, así como la identidad y los intereses de los perpetradores, los móviles, los contextos en los que se enmarcan las desapariciones forzadas y sus ejecutores materiales e intelectuales. Las víctimas, sus familias, allegados y el pueblo en general tienen el derecho a saber la verdad: quiénes fueron los responsables y beneficiarios del crimen, cuándo, cómo, por qué y dónde ocurrieron los hechos, dónde están sus familiares en los casos de desapariciones forzadas y qué se ha hecho para investigar lo que sucedió y sancionar a los responsables. La verdad también implica que existe derecho a que las personas conozcan la identidad de la víctima de desaparición forzada, esto implica que conozcamos su proyecto de vida, sueños, compromisos de lucha y responsabilidades en la construcción de un mejor país de quienes fueron víctimas de una violación de derechos humanos. Si el Estado no garantiza el derecho a la verdad no puede iniciar el proceso de reparación integral, ni se garantizarán las medidas de no repetición.

El derecho a la memoria, las víctimas tienen derecho a que el Estado adopte las medidas necesarias para ejercer su deber de recordar y reivindicar la memoria de sus seres queridos. Pero también establece que las víctimas tienen derecho a recordar y a reivindicar a sus seres queridos y los proyectos de lucha que abrazaron o desarrollaron en vida sin la intromisión del Estado en sus actos y sin que éste se los impida o intente modificar, argumentando leyes o normas legales que en la vía de los hechos limiten el derecho a la memoria o criminalizando a los familiares y allegados de las víctimas. La memoria no permite que las siguientes preguntas se queden en el aire: ¿Quién era la víctima? ¿Cómo se le recuerda? ¿Cuáles eran sus sueños, proyectos, expectativas? ¿Cuál era el contexto en que desarrollaba sus actividades?

El derecho a la justicia implica, entre otros aspectos, la obligación del respeto al debido proceso, la obligación de hacer todo lo posible por esclarecer los hechos, por descubrir la verdad histórica y por sancionar a los responsables. El derecho a la justicia implica que el Estado: 1. Ofrezca a las víctimas un recurso judicial y efectivo, lo cual obliga a dar a conocer por todos los medios, información sobre la existencia de esos recursos y la manera de acceder a los mismos. 2. Investigue, juzgue y sancione a los responsables materiales, intelectuales, facilitadores y beneficiarios de los crímenes. 3. Adopte medidas para garantizar la integridad de las víctimas, familiares, representantes, testigos, operadores judiciales.4. Facilitar asistencia apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la justicia. 5. Respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso. 6. Imponer penas adecuadas y proporcionales a la gravedad de los crímenes.

También es derecho de las víctimas asistir a instancias internacionales para demandar justicia cuando se hayan agotado los procedimientos internos.

El derecho a la reparación integral. Este derecho empieza por el acceso real a la verdad y a la justicia. Implica la reparación de todos los daños y perjuicios que las víctimas han sufrido. Se debe comenzar por una valoración de qué se dañó, en qué magnitud y cómo puede ser recuperado. Reparar significa, no sólo intentar aliviar el sufrimiento de las personas y comunidades afectadas, sino superar las causas de la violación a los derechos humanos. La principal garantía de no repetición es la sanción de los responsables para que los hechos no se sigan cometiendo. La mejor reparación para un pueblo explotado, expoliado y atacado es la transformación de las estructuras sociales injustas e ilegítimas.

Además, como presidente está entre sus facultades ordenar:

Primero: El retiro de las fuerzas armadas y del ejército de las tareas de seguridad pública del país, dado que su presencia en las calles ha demostrado el incremento de las violaciones a derechos humanos.

Segundo: La investigación y sanción para todos los militares y elementos de las fuerzas armadas que estén involucrados en la comisión de violaciones a derechos humanos, dado que sólo con el cese a la impunidad se podrá contribuir a la erradicación de estos crímenes.

Tercero: El cumplimiento de la Resolución judicial 29/2014, y de muchas más que ordenan investigar y sancionar al ejército por la comisión de casos de desaparición forzada, ya que sólo mediante el juicio y castigo a los responsables de estos crímenes, se contribuirá a que otros casos no sigan cometiéndose y se creen las bases para el verdadero acceso a la verdad y la Justicia.

Cuarto. Desmontar las estructuras paramilitares en todo el territorio nacional y sancionar a las instituciones que las han creado y protegido.

Para los miles de crímenes de Estado y de lesa humanidad que se han cometido de manera generalizada y sistemática por los diversos gobiernos, no existe una separación ni borrón ni cuenta nueva, sino un continuo, pues todos son responsabilidad del Estado y por todos ellos, exigimos verdad, memoria y justicia.

Por último, reiteramos que es necesario crear una comisión de la verdad para TODAS las víctimas de desaparición forzada en el país, una comisión que contemple también las graves violaciones a los derechos humanos en contra de luchadores sociales y personas defensoras de derechos humanos.

En las manos de la siguiente administración estará responsabilidad de poner un freno real a los cientos de crímenes que desangran al pueblo mexicano, resarcir medianamente la herida que causa la política del terrorismo de Estado.

El próximo titular del ejecutivo federal tiene realmente la posibilidad de ser en los hechos, un presidente diferente que pase a la historia por sus buenas acciones y no ser uno más, que sea recordado por sus crímenes de Estado y de lesa humanidad.

¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

¡Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables!

Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos

Navegar por las