Caso Rosendo Radilla, atorado también en el nuevo gobierno

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Por Gloria Leticia Díaz , 4 marzo, 2019

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República no se ha traducido en un avance en las investigaciones de crímenes de lesa humanidad ocurridas durante la llamada “guerra sucia”, desencadenada hace casi 50 años, sostiene el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara.

El botón de muestra de tal aseveración es la continuación de las omisiones de las últimas dos administraciones federales para cumplir la sentencia contra México, emitida en noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974, y atribuida a miembros del Ejército mexicano, que realizaba un retén en Atoyac de Álvarez.

La última vez que fue visto Rosendo Radilla, reconocido luchador social en Atoyac, fue en el cuartel militar que mantenía el Ejército mexicano en ese municipio, como parte del despliegue castrense denominado “Plan de Operaciones Telaraña”, creado para el exterminio de los movimientos subversivos que se asentaron en el estado de Guerrero, entre ellos el de Lucio Cabañas Barrientos.

A poco más de tres meses de que López Obrador haya asumido la presidencia, tiempo en el que Alejandro Gertz Manero ha estado al frente, primero, como encargado de despacho en la Procuraduría General de la República (PGR), y ahora como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Guevara Bermúdez no advierte señales de que entre las prioridades de la nueva administración esté el esclarecimiento de las violaciones graves cometidas durante la “guerra sucia”.

En el caso específico del caso Radilla, desde diciembre que tomó posesión la nueva administración “no hay ninguna medida, ningún gesto ni ninguna expresión en todos los niveles de que vayan a hacer algo distinto, lo que vemos es que siguen administrando la impunidad”, sostiene el defensor.

Los señalamientos de Guevara Bermúdez en entrevista con Proceso se sustentan en que, en busca de la verdad sobre el paradero de Radilla Pacheco, no fue suficiente que el tribunal regional sentenciara a México precisamente a localizar a Rosendo, investigar el caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada, reformar el Código de Justicia Militar y dar garantías eficaces de no repetición.

Para el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH, la organización solicitó audiencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el pasado 2 de enero, sin que hasta el momento los representantes de la familia Radilla hayan recibido respuesta.

Los abogados de Tita Radilla, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (AFADEM), hija de Rosendo, han recurrido al Poder Judicial de la Federación para que las autoridades cumplan con sus funciones, primero la PGR y ahora la FGR, en particular la Coordinación General de Investigaciones (CGI) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF).

El 31 de diciembre de 2018, ya con la actual administración, Tita Radilla, con el apoyo de sus abogados, ganó un amparo dictado por la jueza Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, Karla Macías Lovera, para que las autoridades “realicen las diligencias de investigación de manera seria, imparcial, profesional, diligente, exhaustiva y efectiva” para acceder a la verdad sobre la desaparición de Rosendo Radilla.

También para que se realice una diligencia de búsqueda en lo que fue el cuartel militar de Atoyac y se remitan al juzgado “copia certificada de las diligencias e investigaciones que se practiquen, lo que deberán realizarse cada quince días naturales, contados a partir de la notificación de esta resolución”.

Sin embargo, alrededor del juicio de amparo persisten tres recursos interpuestos entre julio y septiembre de 2018 por personal de la PGR que se mantiene dentro la FGR, y son responsables de la averiguación previa del caso Radilla, como lo es el titular de la CGI, Alberto Manuel Alcántara Martínez, y el agente del ministerio público adscrito a esa coordinación, Carlos Puga Quiroga.

“Esta administración se sigue defendiendo frente a los reclamos de justicia de las víctimas, se sigue tratando de impedir que se les ordene que hagan su trabajo que no han querido hacer en décadas.

“Yo hubiera esperado que se desistieran de los recursos, y hubieran creado una nueva área o nombrado a nuevas personas, que hubieran llamado a las víctimas de la época para decirles esta es una nueva etapa, pero no hemos visto ningún tipo de movimiento en ese sentido; no forma parte de las prioridades de Gertz Manero investigar los crímenes de la ‘guerra sucia’ ni tampoco investigar los crímenes de desaparición forzada ni de tortura ni de ejecuciones extrajudiciales”, puntualiza el director ejecutivo de la CMDPDH.

La situación se agrava, cuando “habiendo información para consignar a responsables en los 29 tomos de la investigación, existiendo identificados nombres de los que participaron en los hechos, no haya acción penal contra ellos por la desaparición forzada de Rosendo Radilla”, apunta Guevara.

En la resolución del juicio de amparo 565/2018, la jueza Macías incorpora criterios de la reciente condena de la CoIDH a México, el de la desaparición forzada por elementos del Ejército mexicano de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel, los tres de apellido Alvarado, y las últimas observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, ambos documentos dados a conocer en noviembre del año pasado.

Del análisis de 28 tomos que comprenden la averiguación previa del caso Radilla, que fueron remitidos al juzgado a petición de la titular, la jueza señala que dichas copias “no permiten considerar que se han agotado todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y dar con el paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco”.

Entre las omisiones del ministerio público, la jueza advierte el incumplimiento de los acuerdos con representantes de las víctimas y peritos independientes para realizar acciones de búsqueda en el excuartel militar, ahora conocido como “Ciudad de los Servicios”, situación en la que la autoridad responsable, “sin justificación alguna canceló dichas diligencias” el pasado 7 de noviembre, fecha en que definió para marzo y abril la realización de las diligencias, “sin que se explique de manera suficiente esa dilación, puesto que se desconocen las razones de ‘normatividad administrativa’ por las cuales el Ministerio Público afirmó que esa diligencia no se llevaría a cabo” en noviembre del pasado.

La jueza Macías reflexiona sobre la violación al derecho a la verdad como secuela de las omisiones de la autoridad en la búsqueda de Radilla Pacheco, al destacar que además de la víctima directa y las indirectas, como lo son sus familiares, también resulta afectada la sociedad, al negársele el derecho a saber “qué fue lo que ocurrió, por qué y cómo se dieron los hechos y quiénes son los responsables de los mismos, así como todas las violaciones cometidas”.

La jueza advierte que en este caso se ha incurrido en “un retardo injustificado” de las autoridades para esclarecer el asunto, cuya averiguación previa data de hace más de 16 años, al iniciarse el 20 de septiembre de 2002 por la extinta Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), sin contar que han pasado 44 años desde que Rosendo Radilla fue detenido en un retén militar.

En su resolución, la jueza cita al titular de la CGI adscrita a la SEIDF, Alberto Manuel Alcántara Martínez, quien “informa que derivado del cierre de la administración pública federal (2012-2018), dentro del presupuesto de esa Subprocuraduría y de sus unidades administrativas, ya no se cuenta con recursos financieros disponibles”.

Para la jueza, “el contenido de ese oficio no es apto para justificar las omisiones en que han incurrido las autoridades responsables en la investigación de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco”.

Parte de la sentencia de la jueza fue expuesta por la CMDPDH y Afadem a la CoIDH en las “Observaciones al Vigésimo Segundo Informe del Estado sobre el Cumplimiento de la Sentencia del Caso Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos”, documento remitido en enero de este año, cuando estaba vigente la figura de la PGR.

En el escrito, las organizaciones advierten que a pesar la existencia de una sentencia de la CoIDH, “la PGR (ahora FGR) no cuenta con un mecanismo especial de cumplimiento, supeditando el acceso a la justicia de las víctimas a los procesos regulares” de la dependencia, de ahí que solicitaron al tribunal regional que haga “un pronunciamiento específico sobre la demora injustificada en la búsqueda del señor Radilla Pacheco”.

Además, que se llame al Estado mexicano “a tomar todas las medidas necesarias para que el acceso a la justicia al señor Radilla, no quede supeditado a la voluntad de la PGR para erogar los fondos para cumplir con esta obligación internacional”.

Los representantes de la familia Radilla instan a la Corte a que pida al Estado mexicano “instrumentar una política adecuada para la búsqueda y localización de personas que fueron desaparecidas por el ejército mexicano en la época denominada de la represión de Estado de los años 70, entre las cuales se encuentra el señor Rosendo Radilla Pacheco con los más altos estándares internacionales, incluso mediante cooperación internacional”.

Al respecto, Nancy López Pérez, abogada de la CMDPDH, explica que pese a los avances en materia legislativa con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, “no existe una metodología para analizar desapariciones del pasado, que tienen un componente mucho más complejo, un análisis de contexto histórico, algo que no tienen las nuevas instituciones”.

Más allá de las omisiones legislativas, López Pérez resalta que a casi un año de emitirse la sentencia sobre el caso Radilla, no hay avance en las investigaciones pese a que en 2015 la PGR contrató al perito independiente Carlos Castresana para que analizara la averiguación previa y formulara recomendaciones.

“Entre las recomendaciones que se le hicieron fue el análisis de las averiguaciones previas relacionadas con Atoyac y Guerrero en la época en que desapareció Rosendo, para encontrar patrones de desaparición y de quiénes pudieron ser los perpetradores, pero desde 2015 la respuesta del Estado mexicano a la CoIDH es que siguen haciendo ese análisis sin comprometerse a dar una fecha para presentarlo”, cuenta la abogada en entrevista.

A las omisiones de la dependencia se suman “los obstáculos” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ayudar a localizar a los militares identificados en el expediente, como presuntos responsables o testigos de la desaparición de Rosendo.

“Lo que hace falta es buscar los testimonios de los altos mandos militares, de los que daban las órdenes de desplegarse en la zona de Atoyac, de infiltrarse en la comunidad, no necesariamente quienes ejecutaban esas órdenes porque no conocían en su totalidad el plan”, destaca López Pérez.

Agrega que hasta ahora no ha habido voluntad por parte de las autoridades investigadoras por “romper el silencio por parte de aquellos elementos del Ejército que participaron en los operativos y que pudieran estar aportando información sobre cuál era el destino de las personas detenidas desaparecidas”.

Hasta el cierre de la edición, Nancy López destaca que pese al cambio de gobierno, en la FGR el personal que da seguimiento al caso Radilla es el mismo, y el trato hacia los representantes de la familia de la víctima no ha variado.

“Teníamos esperanza en que con este gobierno se modificara la forma en que se da seguimiento a pronunciamientos internacionales, que se establecieran mecanismos institucionales que permitieran efectivamente que se destrabaran los obstáculos de acceso a la justicia, pero lo que hasta ahora vemos es la misma respuesta de los sexenios anteriores, no hay respuesta de la Segob ni ahora de la Fiscalía por alcanzar la justicia, no se vale que no tener respuesta después de más de 40 años de ocurrida la desaparición de Rosendo Radilla”, resalta la abogada de la CMDPDH.

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