En busca de Rosendo Radilla y desaparecidos por la guerra sucia de los 70

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CMDPDH
22 de abril, 2019

Entre el 25 de abril y el 13 de mayo de 2019 se realizó la sexta diligencia de excavación en la Ciudad de los Servicios, sede del cuartel de la 27° Zona Militar durante las décadas de los 70 y 80, en Atoyac de Álvarez, Guerrero. El conteo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció en su momento, en la Recomendación 26/2001, a 293 personas desaparecidas en la zona por integrantes del Ejército México y otras corporaciones de seguridad. Sin embargo, las cifras ciudadanas son de alrededor de 600 personas (de estas, más de 400 fueron desaparecidas en Atoyac durante la época conocida como del terrorismo de Estado).

Por más de cuarenta años las familias de las personas desaparecidas de esa época persistentemente han buscado respuestas, responsables, justicia, pero principalmente incansablemente han tratado de encontrar a sus padres, madres, hermanos/as, hijos/as. A lo largo de todos estos años, a pesar de recomendaciones y sentencias de mecanismos de protección de derechos humanos, fiscalías especializadas y comisiones de la verdad, los gobiernos de diferentes partidos, incluido el del presidente López Obrador, continúan negándole a los/as desaparecidos/as la posibilidad de regresar a casa, y a sus familias y seres querido el derecho a ser reparados y a que se haga justicia.

Esta diligencia, justamente, se enmarca en la investigación sobre la desaparición forzada del líder comunitario Rosendo Radilla Pacheco, el 25 de agosto de 1974 por efectivos militares, caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una sentencia contra el Estado Mexicano en 2009 que aún no ha sido cumplida a cabalidad.

En relación con el trabajo técnico, la excavación fue dirigida por profesionales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por orden de la Fiscalía General de la República (FGR). La colaboración entre la FGR y la ENAH tiene ya larga data, sin embargo, este último equipo -conformado por especialistas en arqueología, antropología física y geología- fue designado en 2016, dedicándose por más de un año a la revisión del expediente, a recabar testimonios, analizar la información y plantear una metodología con miras a excavar en ciertas zonas del ex Cuartel Militar que, aunque pudieran haber sido ya excavadas en diligencias previas, debían ser descartadas llegando a las capas naturales de la tierra. Tras tres semanas de trabajo este objetivo se cumplió, quedando muy pocos espacios dentro del ex Cuartel pendientes de excavar.

También formaron parte de la diligencia personal de servicios periciales de la FGR, quienes trabajaron de forma profesional, exhaustiva, sensible y respetuosa hacia los familiares presentes, buscando incluso involucrarse activamente en la explicación de los procesos y resultados. El actuar del equipo de peritos y peritas de la FGR -conformado por un arqueólogo y una antropóloga física, criminalistas y peritos de audio, video y fotografía- constituyó una positiva sorpresa para las víctimas y representantes.

Finalmente, estuvo presente el Equipo Mexicano de Antropología Forense, fungiendo como peritos de parte, nombrados por la señora Tita Radilla Martínez, y quienes desde su especialidad en las ciencias forenses han acompañado ya cuatro diligencias del caso. En esta ocasión, los/as especialistas del EMAF continuaron apoyando a los/as familiares a través de la observación de las diligencias, participaron activamente en los trabajos de excavación y aportaron su conocimiento tanto del caso como del terreno para el mejor desarrollo de la diligencia ministerial, así como para brindar a las familias una mayor certeza de lo realizado en el campo.

Como en las cinco diligencias previas, decenas de familiares de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) asistieron al desarrollo de la excavación, estableciendo distintos equipos que permitieron el adecuado estar para las familias. Las manos en la cocina fueron esenciales para lograr estar presentes durante esas tres semanas, al mismo tiempo que estuvieron quienes se mantuvieron día a día observando los trabajos y documentando toda la información disponible; en esta ocasión, además, varios/as familiares se integraron en terreno a apoyar el trabajo físico, participando en la excavación, paleando, cribando, con todo el cuidado que el deseo de encontrar a un ser querido implica.

Las actividades de acompañamiento psicosocial también formaron parte importante del cotidiano, permitiendo a los/as familiares hablar de sus recuerdos, dolores y frustraciones, expresar sus deseos y necesidades y, a través de distintos espacios -tanto individuales como colectivos- encontrar nuevos significados a lo vivido y reforzar sus exigencias de verdad, de justicia y de atención por parte de un Estado que les ha mantenido en el abandono y la invisibilidad. Adicionalmente, en esta ocasión acompañaron durante los días de diligencia personas de las Brigadas Nacionales de Búsqueda, quienes acudieron a escuelas e iglesias para hablar de la desaparición con estudiantes, propiciando que los familiares expresaran su propia voz, compartiendo la experiencia y fortaleciendo la participación comunitaria.

Resulta importante resaltar que esta sexta diligencia, aunque es una de las más largas que se hayan hecho en el marco de la investigación de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, es un pendiente que tenía ya tres años de retraso por parte de la FGR, que por razones “administrativas”, “de recursos”, por falta de conocimiento y experiencia, fallas en la coordinación interinstitucional, y una profunda falta de voluntad y compromiso, la pospuso una y otra vez, obstaculizando los avances y manteniendo a las familias en la incertidumbre.

La diligencia, además, había sido originalmente planeada para tener una duración de al menos un mes, sin embargo, la FGR la limitó a tres semanas y dispuso de un número limitado de personal y recursos, a pesar de que se requirieron desde un inicio una cantidad mayor para que las excavaciones fueran exitosas. Lo anterior resultó en que los primeros días del trabajo en el terreno los recursos económicos y materiales no se encontraban garantizados, ni tampoco la renta de la maquinaria, ni los viáticos de los/as peritos. Lo anterior obligó a los profesionales de la FGR a trabajar a marchas forzadas durante las tres semanas para poder cubrir lo mínimo del plan trazado.

En cuanto al trato con las víctimas, la FGR no planeó adecuadamente, ni solicitó oportunamente la cooperación a las propias instituciones de atención a víctimas -como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)- para el correcto cuidado y atención de las familias. Durante los primeros días no se contó con espacios y condiciones dignas para las personas presentes -sillas, lonas, líquidos-, y la solicitud de una unidad médica fue “cubierta” con dos médicas del municipio a quienes no les facilitaron los insumos, instrumentos ni medicamentos necesarios.

Por lo anterior, podemos afirmar que la FGN y demás instituciones públicas mexicanas responsables de la atención a víctimas y de buscar a personas desaparecidas continúan sin tener la capacidad para realizar este tipo de diligencias de una manera adecuada, articulada y comprometida, poniendo en el centro a las víctimas, con miras a la resolución efectiva de los casos. Lo que prima son acciones descoordinadas, así como procesos burocráticos para justificar actividades que no están necesariamente encaminadas a cumplir con las obligaciones de búsqueda y localización de las personas desaparecidas, ni de investigación y sanción de los responsables.

Al terminar los trabajos se obtuvieron algunos indicios que pueden dotar de mayor información sobre el contexto y dinámica que tenía el ex Cuartel, al mismo tiempo que se dan pasos para ampliar las líneas de investigación en materia de búsqueda. Sin embargo, los/as familiares siguen sin recuperar a sus seres queridos/as, sin saber su destino y sobre todo viven con temor a que después de esta diligencia las autoridades dejen pasar otros dos años antes de seguir con la búsqueda, sin un plan ambicioso para buscar a los cientos de personas que fueron desaparecidas por la fuerza durante el periodo de Terrorismo de Estado. Para las familias el tiempo pasa y los años continúan borrando información, la frustración incrementa, así como la desconfianza en las autoridades. Para las familias la ausencia de sus seres queridos es dolorosa, su salud se deteriora, su calidad de vida se precariza y las vidas se van apagando ante la total indiferencia del Estado.

En momentos como este, al cierre de una nueva diligencia, a 45 años de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco y 10 años de la sentencia de la CoIDH, el Estado mexicano mantiene una gran deuda, no solo con la familia Radilla, sino con todas las personas que buscan a sus familiares víctimas del terrorismo de Estado de los 70 y 80. Las autoridades deben dirigir investigaciones exhaustivas, dotar de una mayor asignación de recursos que permitan cubrir todo lo necesario para las búsquedas, asegurar una mayor profesionalización de los equipos forenses involucrados, y garantizar la transparencia de las políticas de búsqueda, permitiendo que la ciudadanía tenga certeza de los trabajos.

A pesar de las más de cuatro décadas de impunidad, las familias continúan de pie, dándonos lecciones valiosas de persistencia y lucha digna, interpelándonos a todos/as a sumarnos, con fortaleza, en esta legítima exigencia de seguir, hasta encontrarles.

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