A la baja, desapariciones forzadas, pero se teme a “justicia transicional”: Comité Cerezo

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octubre 27, 2019Yadira Llaven Anzures

En los últimos seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo una disminución en México de las agresiones, ejecuciones, desapariciones forzadas y prisión por motivos políticos contra defensores de Derechos Humanos, al registrar solo tres casos, de los cuales uno ocurrió en la Sierra Negra de Puebla y dos más en Guerrero, quienes fueron presentados con vida.

Mientras que en el mismo periodo pero del ex presidente Enrique Peña Nieto se documentaron ocho.

La información se dio a conocer durante la conferencia que ofreció Antonio Cerezo, integrante del Comité Cerezo México, en el Mercado Hidalgo, a propósito de los festejos por el 46 aniversario de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”.

Sin embargo, Cerezo externó su temor y preocupación porque el gobierno de López Obrador imponga el modelo de “justicia transicional” que no funcionó en España ni en Chile, el cual añadió, significa que al pueblo se le dará a conocer la verdad a cambio del perdón.

En Puebla, el caso que se documentó es la desaparición forzada de Sergio Rivera Hernández, activista de Zoquitlán, municipio ubicado en la Sierra Negra, lo que provocó indignación entre los habitantes de esa región, así como de sus compañeros del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maiz), quienes responsabilizaron de ese hecho a los presidentes municipales de Zoquitlán y Tlacotepec de Porfirio Díaz.

Rivera Hernández es integrante del Movimiento de Comunidades en Resistencia Contra el Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa – Atzala. Las acciones que había realizado contra la hidroeléctrica hicieron que fuera amenazado en varias ocasiones por gente presuntamente cercana a los alcaldes y otros impulsores de la Minera Autlán en la Sierra Negra, explicaron sus compañeros.

“En todos los rubros de la represión hubo una reducción, pero no nos podemos confiar hasta que pase más tiempo; es muy temprano para asegurar que la tendencia del nuevo gobierno va a significar una baja considerable en materia de violaciones de derechos humanos contra los luchadores sociales”, afirmó.

Antonio Cerezo destacó que, cuando se habla de desaparición forzada, es porque el Estado Mexicano a través de sus fuerzas policiacas o paramilitares ordena o mata a una persona, no es a manos de un particular.

En el tema de ejecución extrajudicial, dijo que hay una desilusión porque en los últimos seis meses del gobierno de Peña Nieto se documentaron 20 casos, y en el primer medio año de López Obrador se han registrado 18 asesinatos por motivos políticos.

Precisó que la mayoría de los casos ocurrieron en Chiapas, donde la situación política es compleja porque el estado está siendo gobernado por Rutilio Escandón, un ex priista que se hizo perredista, luego del verde ecologista y ahora está avecindado en Morena.

Señaló que mientras el discurso de López Obrador es de paz social, en cada estado hay particularidades y contradicciones que no exoneran a la administración federal.

“Al final, la represión continúa, a pesar de los discursos de paz y amor”, recalcó.

En detención arbitraria, informó que el número de reportes también disminuyó, siendo el gobierno de Michoacán el que ordenó una detención masiva.

Explicó que el mandatario michoacano ordenó a principio del sexenio, la detención masiva de 70 personas en un solo hecho, entre las que habían mujeres y niños.
No funcionó la “justicia transicional” en España ni en Chile

Del nuevo gobierno, el activista argumentó que no solo tiene sus dudas porque siguen ocurriendo estas violaciones, sino por la política que está utilizando y que se fundamenta en la llaman la “justicia trasicional”, una idea que se utilizó en España en la dictadura franquista de los años 70.

En concreto, explicó que la idea es que después de la agresión, el pueblo tenía que perdonar y los asesinatos quedaban impunes.

“Este modelo de justicia transicional que cambia el derecho humano de acceso a la justicia, se negocia a través de la reconciliación y la verdad al pueblo. No te vamos a dar justicia pero te vamos a decir qué ocurrió con los desparecidos y dónde se encuentra”, refirió.

Informó que este modelo también se aplicó en América Latina, en Chile, donde el dictador Pinochet desaparece a miles de políticos opositores.

En los años 80, comentó que ante el empuje del movimiento armado y popular en Chile se pactó una salida negociable para frenar una revolución, con la salida de Pinochet y los negocios que efectuó al amparo.

“No cambian las leyes ni el marco jurídico, tampoco la política económica, porque Chile fue el primer país que a través de la dictadura impone el neoliberalismo”, enfatizó.

Como resultado de la transición a la democracia, dijo que en este momento en el país sudamericano van más de 30 muertos y decenas de desaparecidos por las protestas, porque no hubo castigo a los criminales: un conjunto de la clase burguesa con capital transnacional que fue la que instrumentó y se benefició por décadas de la explotación de la mano de obra y los recursos naturales.

“Ese concepto de ‘justicia transicional’ es la que están vendiendo a las organizaciones políticas y sociales en México”, advirtió.

Hace unos días, informó que en el municipio de Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, hubo un grupo de extranjeros que vinieron a explicar que la “justicia transicional” y la reconciliación era lo mejor, perdona a tu verdugo.

A Cerezo le quedó claro que buscar que el pueblo mexicano olvide el origen fundamental de la represión política, que es la política económica que implementó el capitalismo.

“Buscan ocultar la verdad, la miseria en la que está sumido el pueblo y la responsabilidad que hay por la violencia cotidiana, como no comer ni ganar un salario digno, por una política económica que no funciona y favorece a la clase dominante de los grandes empresarios”, afirmó.

Recalcó que la “justicia transicional” va a querer que olvidemos el origen de la violencia en México.

Actualmente, comentó que la riqueza de cuatro empresarios mexicanos que se encuentran en la lista de la Revista Forbes -Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea y Alberto Bailleres-, es la riqueza del 50 por ciento de la población porque mantienen el monopolio de todos los servicios en el país.

“Con la ‘justicia transicional’ el pueblo debe dejar de pedir justicia así como su lucha de transformar; si dejamos de organizarnos, si se nos olvida que la lucha no sólo es para comer mañana, sino para que nuestros hijos vivan con dignidad, sea el color que tenga el partido que gobierno, si mantienen la impunidad de la clase burguesa tarde o temprano pasará lo que se vive en Chile”, advirtió.

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