Desaparecidos ante la ONU En el caso de dos miembros del EPR desaparecidos pronto hará cuatro años, un juez federal dictó una resolución de amparo que reclama la presentación con vida de esas víctimas de desaparición forzada. La majestad de ese recurso de protección, tan cantada en la retórica oficial, ha sido burlada.

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Desaparecidos ante la ONU
Por: MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
PLAZA PÚBLICA

Está en curso la visita a México del Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU. El pleno del grupo, integrado por cinco miembros, celebró aquí su nonagésima tercera sesión, del 14 al 18 de marzo, y a partir de entonces, y hasta el próximo jueves, tres de sus integrantes permanecen en nuestro país. Al cabo de su misión aquí el Grupo emitirá un informe al Consejo de derechos humanos de la ONU, del que depende, que lo incluirá en la evaluación a presentarse en 2012 sobre ese atroz fenómeno que crece entre nosotros como una plaga sin que haya nada que lo impida.

El Grupo de trabajo fue creado en 1980, para ocuparse de la desaparición forzada de personas, una de las características más crueles de las sociedades autoritarias y de menor desarrollo político. Para infortunio nuestro, México ha caído en esa categoría y por eso el Grupo se hizo invitar por el gobierno. Su papel consiste en averiguar in situ la situación de esa peculiar e inadmisible forma de privar ilegalmente de la libertad a una persona. Para imponerse de las condiciones prevalecientes, el Grupo o sus delegados se han reunido con autoridades y grupos civiles directamente interesados en la materia, ya sea compuestos por familiares de desaparecidos o agrupaciones que luchan por su presentación.

La composición del Grupo de trabajo es pluricultural: su presidente-relator es Jeremy Sarkin, de Sudáfrica, y sus miembros, Oliver de Frouville, de Francia: Jazminska Dzumhur, de Bosnia; Osmán El-Hajje, de Líbano, y Ariel Dultzin, de Argentina. Los tres últimos realizan en estos días sus últimos encuentros y presentarán su visión preliminar el jueves próximo, inmediatamente antes de retornar a Ginebra.

Si bien el Grupo está obligado, conforme al protocolo, a agradecer la recepción que les ha sido ofrecida por el gobierno, de sus funcionarios han escuchado -según las comunicaciones oficiales, por ejemplo el boletín número cien de la Secretaría de Gobernación-versiones idílicas de lo que acontece en esa materia e nuestro país. Se atienden las denuncias, se realizan las investigaciones; en suma, se cumple la ley. En fuerte contraste con esas afirmaciones, los expertos han de haber escuchado relatos impregnados de dolor de los deudos de los desaparecidos. Son variadas las circunstancias en que los suyos han sido privados de la libertad, pero a todas las preside un dato común: los gobiernos federal y estatales nada hacen para hallar a los desaparecidos, cuyo cautiverio, en el caso de que se hallen con vida, se extiende por largos periodos, de hasta cuatro y cinco años. No se indaga el paradero de quienes se esfumaron, aunque no sea infrecuente que haya información sobre el momento en que fueron detenidos y sobre quienes perpetraron la captura y la posterior desaparición.

La negligencia de las autoridades parte de un criterio principal, que es negarse a admitir que en la mayor parte de los casos se trata de desapariciones forzadas en su sentido jurídico estricto, es decir la practicada por agentes del Estado, que por lo mismo gozan de impunidad. Esa falta de castigo no es privilegio exclusivo de esos perpetradores, sino que beneficia a la mayoría de quienes cometen cualquier clase de delito. Pero lo que en esos casos es abulia, irresponsabilidad, en el de las desapariciones forzadas se convierte no sólo en complicidad sino hasta en coautoría.

La negativa gubernamental a ocuparse de ese delito de lesa humanidad llega al extremo de encubrir no sólo a quienes practican al día de hoy tales desapariciones. Se extiende la protección a quienes en el pasado las ejecutaron. El caso de Rosendo Radilla ilustra a la perfección la renuencia del Estado mexicano, independientemente de los partidos que ejerzan el poder ejecutivo, para acatar el derecho en este campo. En noviembre de 2009 se condenó al Estado mexicano a indagar y reparar el daño sufrido por Rosendo Radilla, un dirigente social que había sido alcalde de su municipio, en el estado de Guerrero. En agosto de 1974, en presencia de su hijo entonces menor fue detenido por miembros del Ejército que lo llevaron preso sin acusación expresa, acaso por su militancia política. No se le sometió a proceso y nunca más se supo de él. Fue imposible, mientras perduró el régimen autoritario del partido que gobernaba en Guerrero y en el país, iniciar siquiera una averiguación penal común y corriente. El caso fue llevado después al ámbito internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia hace 18 meses y el Gobierno Federal no ha sido capaz de ejecutarla. Apena que entre los factores de esa inexcusable dilación cuente la actitud de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, que siempre que puede muestra su renuencia a acatar el derecho internacional de los derechos humanos como parte de nuestro régimen jurídico.

Esas reticencias sirven de escudo para que no se investigue el creciente número de desapariciones, que se han universalizado y no comprenden sólo a militantes políticos. Autoridades estatales y federales persisten en tipificar como secuestros lo que son desapariciones forzadas, pues no se demanda el pago de ninguna cantidad por el rescate de las víctimas. En el caso de dos miembros del EPR desaparecidos pronto hará cuatro años, un juez federal dictó una resolución de amparo que reclama la presentación con vida de esas víctimas de desaparición forzada. La majestad de ese recurso de protección, tan cantada en la retórica oficial, ha sido burlada.

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