La responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya

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Leonel Rivero
Desinformemonos
9 junio 2020

El pasado 25 de mayo se cumplieron 13 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Los datos recabados en la indagatoria y fuentes externas permiten establecer que ambos activistas fueron detenidos mediante un operativo compuesto por elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Ministerial y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca.

La detención-desaparición ocurrió, en el contexto de la efervescencia social generada por las protestas masivas encabezadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que entre otras demandas, exigía la renuncia del entonces gobernador Ulises Ruiz. El estado de las cosas que existía en la capital de Oaxaca, semejaba una insurrección popular que fue contenida por los gobiernos estatal y federal a través del uso la fuerza pública y el empleo de grupos paramilitares que recurrieron a la violencia y al asesinato de activistas y periodistas.

Los indicios factibles que existen dentro de la averiguación previa y los que recabó en su investigación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), permiten determinar que Gabriel Alberto y Edmundo fueron detenidos en el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca, en algún momento de la noche del 24 de mayo de 2007, y que en las primeras horas del día 25 fueron trasladados e internados en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.

De acuerdo con versiones testimoniales, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, llegaron severamente golpeados a las instalaciones ministeriales por lo que en un primer momento el comandante encargado de la guardia (Jonás Gutiérrez Corro) se negaba a recibirlos. Existen también indicios de que los dos activistas permanecieron por unas horas en ese lugar y después su presencia física se desvaneció en los confines del tiempo.

La desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, obedeció a una decisión de Estado que fue tomada al más alto nivel. El despliegue de una fuerza disuasiva conformada por un escuadrón de fusileros (37 soldados y dos oficiales), un sinnúmero de elementos ministeriales y policiacos, lo demostraron, ya que no es común, el despliegue de una fuerza militar altamente entrenada para detener a dos personas.

Es probable que el entonces presidente Felipe Calderón no haya emitido directamente la orden de la desaparición; sin embargo, sí fue corresponsable del hecho, en tanto que no pudo ser ajeno a la obstaculización de las investigaciones. La desaparición y/o asesinato de tres de los principales jefes policíacos (Jonas Gutiérrez Corro; Alejandro Barrita y Aristeo López Martínez) que participaron en la captura de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, aumentan la certeza de que existió el interés de entorpecer la investigación borrando todos los indicios que pudieran conducir a los autores intelectuales de la desaparición forzada de los dos activistas.

A los pocos días de su desaparición, ambos luchadores sociales fueron reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), como miembros de su organización, exigiendo a los gobiernos estatal y federal su presentación con vida. La falta de respuesta de las autoridades llevó al grupo a realizar tres ataques a los ductos de Petróleos Mexicanos (5 y 10 de julio y 10 de septiembre de 2007). La envergadura de las acciones tuvieron un gran impacto político y un alto costo económico para el Estado mexicano.

En los últimos meses de 2007 los familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, iniciaron una serie de acciones ante diversas instancias gubernamentales y organismos internacionales de derechos humanos denunciando la desaparición. Así nació la organización “HASTA ENCONTRARLOS” que al paso del tiempo se ha consolidado como un referente en la defensa de los derechos humanos y la exigencia de presentación con vida de los desaparecidos; su labor ha generado el reconocimiento de la sociedad civil y (a veces a regañadientes) de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Entre las acciones impulsadas por los familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, se encuentran la denuncia ante la Fiscalía General de la República y el juicio de amparo en el que fueron señaladas como autoridades responsables de la desaparición, entre otras, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Marina (SM) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

El juicio de amparo que se promovió en el año 2013 ha dado lugar a diversos precedentes jurídicos, incluso la sentencia emitida por el juez de Distrito, es la primera en superar en sede nacional, los estándares creados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de desaparición forzada. La decisión judicial también ha servido como parámetro orientador para otros jueces que conocen de juicios de amparo por desaparición forzada.

Los puntos más importantes que contiene la sentencia de amparo en términos de trascendencia jurídica son: el reconocimiento de la grave violación de derechos humanos en contra de las víctimas directas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, por parte de agentes del Estado mexicano; el mandato a la hoy Fiscalía General de la República (FGR), de investigar de manera pronta, completa, imparcial y exhaustiva la desaparición forzada de los dos luchadores sociales; la publicación de la sentencia de amparo en la página de internet de la Fiscalía General de la República (FGR) y un diario de circulación nacional; la creación de una Comisión Especial de Búsqueda (que ya había sido ordenada desde junio de 2014); así como la orden a la SEDENA, para que permita la entrada a cualquier instalación militar para buscar a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y la reparación integral del daño, en términos morales y pecuniarios.

La impugnación de la sentencia de amparo por parte de la SEDENA y la FGR, dio lugar a que un Tribunal Colegiado remitiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de revisión, por considerar que el tribunal constitucional debe establecer jurisprudencia sobre la inaplicación ex officio del artículo 15 de la Ley de Amparo, y realizar una interpretación directa de los artículos 1° y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, conjuntamente con distintos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para definir las facultades de los jueces de Distrito en los casos en que se reclame y se sospeche que una persona ha sufrido desaparición forzada, estableciendo los márgenes de actuación que deben seguir los juzgadores y la creación de un “modelo de control constitucional, que no necesariamente guarde coincidencia con los lineamientos determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

El 4 de junio de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó ejercer su competencia originaria para resolver el recurso de revisión, es innegable que la jurisprudencia que establezca este máximo Tribunal sobre la forma en que los jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados deberán tramitar los juicios de amparo en los que se reclame la desaparición de personas, constituirá un hito judicial.

La obstaculización de las investigaciones en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa son entendibles dado que el ex presidente no pudo ser ajeno a ese hecho. De igual forma, el nulo avance de la indagatoria durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y la negativa a crear la Comisión Especial de Búsqueda ordenada por el Poder Judicial de la Federación, resulta lógica por el involucramiento de algunos connotados priistas que ejercían el poder en el estado de Oaxaca en la época en que sucedió la desaparición forzada.

Prima facie puede resultar incongruente la falta de voluntad –que alcanza niveles de menosprecio hacia las víctimas- de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, el papel preponderante que el actual presidente le ha conferido a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, puede ser un elemento que ayude a entender la actitud omisa y/o encubridora de la actual administración, la cual cada día depende más del estamento militar para enfrentar el estado de las cosas.

Cada vez es más claro que el hecho fue un crimen de Estado que al mantenerse impune, amplía en el tiempo los efectos de la corresponsabilidad penal implicando no sólo a Felipe Calderón Hinojosa, sino también a Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador. La historia será implacable al momento de enjuiciar su proceder de los tres mandatarios.

La desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, generó en la sociedad mexicana una onda expansiva cuyos efectos políticos y jurídicos están lejos de concluir. Al desaparecerlos, el Estado pretendió seguir ocultando las causas (explotación, pobreza, desigualdad social, etcétera) que impulsaron a los dos activistas a luchar por la construcción de una nueva sociedad. Lo único que hasta la fecha ha conseguido el Estado es mostrar su rostro represor sea cual sea la filiación política que gobierne.

Comportamiento judicial.

Hasta para sus más acérrimos críticos, es innegable el importante papel que ha jugado el Poder Judicial de la Federación (PJF) como garante de los derechos humanos de los gobernados en la etapa crítica que atraviesa la sociedad mexicana. Es evidente que muchos jueces, magistrados y ministros han estado a la altura de las circunstancias.

El mundo se encuentra en los albores no de una “nueva normalidad”, sino ante la construcción de un nuevo modelo de vida, que transformará no sólo las reglas de convivencia social, sino también dará lugar a formas de trabajo inéditas. En el caso concreto de los Tribunales Colegiados del PJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han implementado entre otras acciones, las sesiones virtuales para resolver los juicios que tienen a su cargo. Por ello, es lamentable la actitud de numerosos funcionarios judiciales que siguen persistiendo en sus prácticas de menosprecio hacia los justiciables, sin darse cuenta que el mundo cambió para siempre.

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