Desaparición forzada, la otra epidemia de México

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Por ODEMCA Observatorio de las Democracias
15 junio, 2020

Por Fernando Pérez[1]

Aunque los problemas económicos y sanitarios profundizados por las políticas neoliberales y la pandemia Covid-19 son de gran envergadura para el pueblo de México, no debemos dejar de lado la persistencia del problema de la violencia -en sus distintas manifestaciones- que azota a nuestra sociedad, principalmente a la clase trabajadora y asalariada. En este sentido, la desaparición forzada de personas se presenta como una de las manifestaciones de la violencia estructural, cuyas características principales son la participación directa o indirecta de agentes del Estado y la permanencia de la injusticia e impunidad.

En principio, las desapariciones forzadas forman parte de una política contrainsurgente orientada a la eliminación física de aquéllas personas que luchan por transformar las relaciones sociales emanadas del modo de producción capitalista. Sin embargo, en los últimos catorce años, la práctica de la desaparición forzada ha adquirido otros matices por la suma de nuevos-viejos perpetradores, lo que ha hecho que el problema se profundice y generalice en todo el territorio nacional. A tal grado que ahora se presenta como una práctica arraigada en la sociedad, y no como una política que deviene del Estado mexicano.

Esta política ha sido aplicada a simpatizantes, adherentes, colaboradores y militantes de organizaciones estudiantiles, campesinas, magisteriales y obreras desde la década de los sesenta del siglo XX. Sobre todo, a quienes, dadas las condiciones de represión policial, se vieron obligados a continuar su lucha por la vía armada. De hecho, durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, la efervescencia política e ideológica en las calles, en los centros de trabajo y en las universidades debido a la desigualdad económica y exclusión política en el país generó el surgimiento de distintas organizaciones armadas.[i] Una etapa en la que el Ejército, la policía y los cuerpos de inteligencia como la Dirección Federal de Seguridad (DFS) implementaron una política contrainsurgente basada en el encarcelamiento ilegal y clandestino, la tortura física y psicológica, el asesinato y la desaparición forzada. Pues, el propósito del Estado ha sido siempre desarticular todo proceso organizativo revolucionario exterminando al enemigo. De ahí que a este proceso se le conozca como la “guerra sucia”.[ii]

Dicha política también fue aplicada a las insurgencias armadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1996. Organizaciones a las que el Estado puso un cerco político, policiaco y militar para limitar su margen de acción y apoyo social. Sin embargo, a partir de 2006, con la llegada de Felipe Calderón Hinojosa a la Presidencia de la República, la estrategia de la política de seguridad nacional fue modificada para sacar a los militares de sus cuarteles en toda la geografía nacional. Para ello, Calderón tuvo que crear la figura del enemigo interno y emprender la denominada “guerra contra el narcotráfico”, donde la práctica de la desaparición forzada no sólo fue aplicada a organizaciones político-militares u organizaciones civiles e independientes, sino también a sectores no organizados, no politizados y que no representaban un riesgo para el Estado, inaugurando una nueva etapa en el fenómeno de las desapariciones. La estrategia de seguridad fue continuada por el gobierno de Enrique Peña Nieto,[iii] y modificada en su forma por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, puesto que en el fondo la política de militarización del país continúa.

En esta nueva etapa, el ejercicio de la desaparición forzada dejó de ser exclusivo de las fuerzas armadas (policías, militares, marinos), y fue transferido -de distintos modos- a los grupos paramilitares, a grupos armados, a narcotraficantes, a delincuentes y al crimen organizado. Todo bajo los lineamientos institucionales de injusticia e impunidad. De esta manera, la desaparición forzada se convirtió en una actividad redituable política y económicamente para el Estado, pero también para muchos traficantes, funcionarios públicos y empresarios, que vieron en esta práctica un modo de hacer dinero, un medio para hacerse de poder, controlar ciertos territorios y alcanzar distintos intereses políticos, económicos y sociales. Intereses materializados en la producción de enervantes y comercialización de drogas, tráfico y trata de personas (nacionales y migrantes), secuestros, cobros de piso y la ejecución de grandes proyectos de “desarrollo”, como la extracción minera y maderera. Lo que permitió que la práctica de la desaparición forzada pasara a otra dimensión sin precedentes en la historia de México.

En este contexto, algunos acontecimientos paradigmáticos que sacaron a la luz pública la práctica de la desaparición forzada por parte del Estado mexicano fueron: el caso del luchador social Rosendo Radilla, quien fue detenido ilegalmente en un retén militar el 25 de agosto de 1974 y fue visto por última vez en el Ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero;[iv] el caso de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes fueron detenidos ilegalmente por autoridades locales, policías estatales, y miembros del Ejército mexicano el 25 de mayo de 2007, en la Ciudad de Oaxaca. Dichos luchadores sociales han sido reivindicados como miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), y fueron vistos por última vez en el Campo Militar Número Uno, en la Ciudad de México;[v] y el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron detenidos ilegalmente por policías municipales, estatales y federales, con la participación del Ejército[vi] y la delincuencia organizada, el 26 de septiembre de 2014.

Estos casos son paradigmáticos porque, por un lado, evidenciaron que la desaparición forzada sigue siendo una política de Estado, por otro, mostró -en el caso de los estudiantes normalistas- la colusión de las fuerzas armadas (policías y militares) con la delincuencia organizada (el caso de la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos es un gran ejemplo de ello). Aunque los tres acontecimientos llamaron la atención del pueblo de México y han llegado a los máximos órganos (nacionales e internaciones) defensores de derechos humanos, la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas generó conmoción y rabia en la sociedad mexicana y de otros países del mundo. Pero, aún con la presión de distintos organismos defensores de derechos humanos y la movilización nacional e internacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto no reconoció el fenómeno de la desaparición forzada, ni aceptó la responsabilidad del Estado mexicano en esta aberrante práctica.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República generó altas expectativas en los familiares de las víctimas para la solución del problema. A pocos meses de su asunción como “jefe de Estado” reconoció públicamente la existencia del fenómeno, pero hasta ahora, dado el grado de complejidad que éste ha adquirido y debido a que el propio Estado sigue siendo el principal responsable -sea por comisión, omisión o aquiescencia-, los avances en materia de verdad y de justicia son escasos.

El 6 de enero de 2020 la Secretaría de Gobernación dio a conocer el “Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas”, donde se indica que, de acuerdo a los registros oficiales, de 1964 a 2019, la cifra acumulada de personas reportadas como desaparecidas ascendió a 147,033 casos. De los cuales, 85,396 personas se reportaron como localizadas, mientras que 61,637 personas aún se encuentran en calidad de desaparecidas. De los 61,637 personas desaparecidas, 15,835 son mujeres y 45,612 hombres, 190 aparecen como indeterminados.[vii] Aunque existen personas desaparecidas de todas las edades, el grueso de la población se concentra entre los 15 y 49 años, destacándose el rango de los 20 a 39 años. Precisamente donde se ubica el desarrollo de la adultez, la conciencia y la vitalidad de la vida.

La cifra presentada es la más alta dada a conocer por el gobierno federal y representa un aumento de 50% de la cifra publicada en enero de 2019. Lo relevante es que el 97.4% de las personas desaparecidas corresponde al periodo de 2006 a 2019 y sólo 2.6% (1,584 casos) pertenece al periodo de 1964 a 2005, donde se ubican las víctimas de la “guerra sucia”. El Informe ha recibido algunas críticas de parte de organizaciones civiles y de familiares de las víctimas, entre ellas, que la cifra se queda corta ante la realidad del problema.[viii] Además, en el Informe no se presenta la metodología ocupada para generar dicha información, como tampoco se hizo público la base de datos. Incluso, hasta la fecha, en el portal digital de la Secretaría de Gobernación la información disponible corresponde a registros hasta abril de 2018.

Aún con estas limitantes, el Informe es importante porque confirma que el fenómeno de la desaparición forzada es una práctica generalizada y sistemática en todo el territorio nacional, algo que ya habían denunciado organizaciones sociales y de derechos humanos. De las 32 entidades federativas los estados con los registros más altos son: Tamaulipas con 10,032 personas desaparecidas, Jalisco con 9,286, Estado de México con 6,887, Chihuahua con 3,907, Nuevo León con 3,799, Sinaloa con 3,137, Coahuila con 3,010, Puebla con 2,998, Guerrero con 2,938, Veracruz con 2,231 y Sonora con 2,170 personas desaparecidas. Cabe mencionar que, de acuerdo con Alejandro Encinas, no todas las fiscalías estatales están colaborando adecuadamente con la construcción de la base de datos nacional, y que en varios casos existen subregistros que no fueron facilitados. Por lo que, en cualquier momento la cifra acumulada se puede incrementar.

En contraparte, en el Informe también se señala que durante el año de 2019 se han encontrado 873 fosas clandestinas, de donde se han exhumado 1,124 cuerpos, de los cuales se habían identificado 395 y de éstos 243 han sido entregados a sus familiares. Esta es la otra parte del problema de la desaparición forzada, que en varios estados ha llegado a colapsar los sistemas de identificación forense. Es necesario destacar que estos hallazgos han sido posibles gracias a los grupos de búsqueda emprendidos por los mismos familiares y organizaciones civiles. Quienes no sólo reclaman la presentación con vida de los desaparecidos, sino también el acceso a la verdad, la impartición de justicia, la reparación del daño y la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad.

Llama la atención que en 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cifra de personas reportadas como desaparecidas fue de 9,164 personas, de los cuales 3,980 fueron localizadas (3,638 con vida y 342 sin vida) y 5,184 continúan en calidad de desaparecidos (1,277 mujeres y 3,903 hombres, 4 indeterminados). Los estados que encabezan la lista en desapariciones son: Jalisco con 2,100 personas desaparecidas, Tamaulipas con 613, Chihuahua con 459, Nuevo León con 433, Puebla con 423, Guerrero con 259, Zacatecas con 212, Ciudad de México con 119, Querétaro con 86, Quintana Roo con 82, Coahuila con 77, Yucatán con 76 y Chiapas con 62 personas desaparecidas.[ix]

Lo anterior indica una posible reconfiguración geográfica del fenómeno de desaparición forzada en los siguientes años, donde Chiapas ocupa el décimo tercer lugar, desplazando a estados como Sinaloa y Michoacán. Lo preocupante es que de los 276 casos acumulados en el registro nacional para el caso de Chiapas, el 22% corresponde a 2019, al primer año de gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. La situación puede empeorar si se toma en cuenta la creciente actividad de grupos paramilitares y grupos armados en varias regiones del territorio estatal. De hecho, en días recientes el Comité Cerezo México ha denunciado la detención arbitraria, tortura y posible desaparición forzada de Carlos López Gómez, Angelina Sántiz López y Enrique Armando Herrera Jiménez, miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, por parte de un grupo paramilitar denominado “Los Petules”, en el municipio de Ocosingo. Sin que las autoridades estatales y federales hayan intervenido. Casos como estos demuestran que en Chiapas continúa la represión selectiva a organizaciones sociales.

Para acercarnos un poco más a este tipo de violencia se debe de tener en cuenta que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la desaparición forzada es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”[x]

Bajo este referente se puede decir que la gran masa de personas que se encuentran desaparecidas en México son víctimas de desaparición forzada, no sólo porque es una política creada y aplicada desde el Estado, sino porque éste tiene el mandato constitucional de brindar y garantizar la seguridad del pueblo, de promover, defender y garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, y de impartir justicia ante los atropellos, delitos y violaciones a los derechos fundamentales de la sociedad. Al Estado le corresponde ser el garante constitucional de que estos agravios y crímenes no queden impunes. Sin embargo, en México, el 98% de los casos de desaparición forzada continúan en la impunidad,[xi] y muchos casos en una impunidad histórica y degradante de la dignidad humana, tanto de la víctima directa como de sus familiares.

Peor aún, México ha firmado documentos de acuerdos importantes en el plano internacional como la Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, y el de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, en 2007, donde se establece: “Nadie será sometido a una desaparición forzada. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.”[xii] Acuerdos que hasta ahora no ha cumplido, pues ningún presidente, sea del PRI, PAN o MORENA, ha mostrado interés real y voluntad política sincera para solucionar el problema y erradicar la práctica de la desaparición forzada.

Los distintos niveles de gobierno -municipal, estatal y federal- han dejado atrás la premisa de que “el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz”.[xiii] Por el contrario, han hecho de la desaparición forzada una de las peores enfermedades de la sociedad moderna. Una enfermedad que se ha convertido en una epidemia funcional al Estado, que permite la reproducción del capital en distintas escalas y en los peores escenarios. Por eso no se pude dejar de lado el enunciado de Marx que dice “el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza”,[xiv] donde el Estado hace todo lo posible por proteger y garantizar los derechos del capital privado, antes que los derechos del pueblo.

Si bien, el Estado mexicano no es el único del continente americano donde se han cometido este tipo de crímenes de lesa humanidad, “México es el único país donde la práctica de desaparición forzada sigue siendo sistemática y generalizada”,[xv] y donde el grado de impunidad es alarmante. El crimen y la impunidad violan todos los derechos humanos de las víctimas y lacera la vida de las familias, las condena al dolor y a la incertidumbre permanente. Dolor e incertidumbre que cientos de familias han logrado canalizar en fuerza y organización para demandar al Estado la presentación con vida de sus familiares, la verdad, justicia, reparación del daño y no repetición de estos crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo con algunos testimonios de familiares de desaparecidos, presentados en el “Encuentro Latinoamericano 2020. Abramos horizontes ante las desapariciones”, existen ciertos avances en la creación de instituciones y algunas comisiones y leyes en materia de desaparición forzada, pero el riesgo latente es que la institucionalidad conlleve a los mismos trámites jurídicos y burocráticos de gobiernos anteriores. De la misma manera, consideran que para pasar del discurso a la realidad es necesario abrir los archivos policiales y militares al escrutinio público, e investigar y castigar a los culpables siguiendo las cadenas de mando de las corporaciones castrenses. Además, la búsqueda de las personas desaparecidas implica una inversión de recursos económicos en la ciencia (antropológica, forense y genética) y la tecnología, así como en la atención de las víctimas. Pero, en vez de incrementar los recursos destinados a este proceso, el gobierno federal -bajo el discurso de la austeridad republicana y los efectos de la pandemia- los está reduciendo, como es el caso del recorte presupuestal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Así, las grandes expectativas de encontrar a sus familiares desaparecidos con el apoyo del gobierno federal poco a poco se desvanecen, cada vez están más convencidos que la esperanza principal de encontrarlos con vida radica en su propia fuerza y organización.

[1] Doctorante de la Universidad Autónoma Chapingo y colaborador del Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica del Cesmeca. Correo electrónico: pepe_cielo@hotmail.com

[i] Castellanos, Laura (2007). México armado 1943-1981. Ediciones Era.

[ii] Mendoza García, Jorge (2015). Memoria de las desapariciones durante la guerra sucia en México. Athenea Digital, 15 (3), 85-108. http://dx.doi.org/10.5565/rev/athenea.1446

[iii] Carlos Fazio, (2016). Estado de emergencia, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto. Grijalbo.

[iv] Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH). Disponible en: http://cmdpdh.org/casos-paradigmaticos-2-2/casos-defendidos/caso-rosendo-radilla-pacheco-2/ http://cmdpdh.org/casos-paradigmaticos-2-2/casos-defendidos/rosendo-radilla-pacheco/

[v] Acompaña Presidenta de la CNDH a familiares de desaparecidos, para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la atracción y resolución favorable del caso de desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Comunicado de Prensa DGC/069/2020. Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Ciudad de México, a 05 de Marzo de 2020. file:///C:/Users/bms.000/Downloads/COM_2020_069.pdf

[vi] Hernández Anabel y Fisher Steve (2015). “Ayotzinapa: inocultable la participación militar”. Revista Proceso. 5 de septiembre de 2015. https://www.proceso.com.mx/414637/ayotzinapa-inocultable-la-participacion-militar

[vii] Informe de Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, presentado en conferencia de prensa por Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas y Karla Quintana. Secretaría de Gobernación. 06 de enero de 2020. https://www.youtube.com/watch?v=7f6qYLLf4DE

[viii] Camacho Servín, Fernando (2020). “La cifra oficial de desaparecidos se queda corta: ONG”. La Jornada. 8 de enero. https://www.jornada.com.mx/2020/01/08/politica/008n1pol

[ix] Informe Sobre Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas. Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. 6 de enero de 2020.

[x] Artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Adoptada el 20 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Firmada por México el 6 de febrero de 2007 en París, Francia. Disponible en https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx

[xi] Encuentro Latinoamericano 2020. Abramos horizontes ante las desapariciones. Realizado los días 9, 10, 11 y 12 de junio, organizado por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC), SERAPAZ y USAID.

[xii] Artículo 1 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Adoptada el 20 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Firmada por México el 6 de febrero de 2007 en París, Francia.

[xiii] Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A/RES/47/133, 12 de febrero de 1993. Disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI13BIS.pdf

[xiv] Marx, K. ([1867] 2009). El capital I. Crítica de la economía política. Fondo de Cultura Económica. México.

[xv] Encuentro Latinoamericano 2020. Abramos horizontes ante las desapariciones. Realizado los días 9, 10, 11 y 12 de junio, organizado por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC), SERAPAZ y USAID.

Ver en línea : https://www.chiapasparalelo.com/opi...