En Guadalajara, ¿se cometieron levantones o desapariciones forzadas?

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Por Lado B @ladobemx
16 de junio, 2020

Paloma Robles | A dónde van los desaparecidos

La actuación de policías ministeriales que, vestidos de civiles, en camionetas sin placas y armados con bats, tubos y tablas, impidieron a más de 80 jóvenes llegar a la manifestación del 5 de junio afuera de la Fiscalía General de Jalisco, los detuvieron de manera arbitraria, los metieron a celdas, no informaron sobre su paradero y les impidieron avisar a sus familias, es una señal de alerta para académicos y defensores de derechos humanos, quienes consideran que estos hechos pueden ser desapariciones forzadas y habría que investigar si son sistemáticas.

Como fue admitido por el gobierno y revelado por organizaciones de derechos humanos y periodistas, ese segundo día de protestas en repudio a la ejecución extrajudicial de Giovanni López, el joven albañil de 30 años asesinado un mes antes, agentes ministeriales del estado de Jalisco, a las afueras de la Fiscalía General del Estado, reprimieron a los jóvenes que exigían la liberación de sus compañeros detenidos en la manifestación del día anterior.

A bordo de, al menos, siete camionetas pick up desde las 17:40 horas, estos policías encapuchados, vestidos para cazar: con chaleco táctico, gorra y lentes oscuros- comenzaron a dar vueltas por la zona industrial cercana a la fiscalía, lo que generó un ambiente de pánico.

Por los testimonios se sabe que los policías ministeriales pararon las rutas de camiones y bajaron a quienes parecían dirigirse a la protesta. Ciclistas y transeúntes fueron detenidos antes de llegar a la fiscalía; les golpearon, les quitaron sus celulares, les abrieron las mochilas y les treparon a sus camionetas. Algunos indican que les llevaron a los patios de la fiscalía en donde les encerraron en tres “jaulas”, un tipo de celda hecha de malla y dispuesta al aire libre con capacidad de 20 a 40 personas, y a otros se lo llevaron a otros cuartos, no se sabe si eran dentro de fiscalía.

Las detenciones se iniciaron entre las 17:40 y 18:20 de la tarde. Según los testimonios alrededor de 15 personas fueron sacadas de la fiscalía y llevadas, las orillas de la zona sur de la Zona Metropolitana, antes de botarlos de dos en dos, los amenazaron de muerte.

Los primeros jóvenes localizados se empezaron comunicar poco antes de las 20 horas y hasta las 22 horas de ese 5 de junio se supo del último.

Esa noche 18 jóvenes seguían sin aparecer. Las listas con sus nombres fueron elaboradas por colectivas de feministas. Durante todas esas horas las detenciones arbitrarias eran consideradas levantones y no desapariciones forzadas, tanto para comunicadores como por los propios detenidos.

Francisco Jiménez, uno de los jóvenes detenidos, después de ser liberado, escribió en su Facebook:

“Perdí la noción del tiempo, pero pude percatarme que a parte de nosotros tenían entre 30 y 40 jóvenes en las mismas circunstancias, mientras escuchaba de fondo a elementos de la fiscalía: ‘Nadie saben que están aquí’. ‘Los vamos a desaparecer cabrones’. ‘Contra la Pared’. (…) A mí en particular me dijeron: ‘si compartiste algún video o información ya sabemos dónde vives, te vamos a matar a tí y a tu familia, cabrón’. Acto seguido se acercó una mujer elemento de la fiscalía y me exigió con groserías que les diera la contraseña de mi celular, lo mismo pasó con mis amigos”.

Francisco fue uno de los 15 jóvenes que declararon en redes que fueron llevados a la fiscalía. Pero la cifra podría ser superior.

“Los testimonios hablan de que habían espacios con 40 personas detenidas, otros dicen que fueron 50. Más o menos de todos los datos recabados se cree que fueron levantados 80 jóvenes. ¿Dónde están los demás?”, cuestionó en entrevista, Alejandra Cartagena, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres (CLADEM) una de las organizaciones que estuvieron en el proceso de recolección de datos personales de los detenidos el 5 de junio.

Regina Cerda, otra de las detenidas escribió en Facebook:

“Al intentar ejercer mi derecho de protesta pacífica, terminé sino amedrentada, amenazada, ‘te vamos a desaparecer en la carretera a Zacatecas por andar de mitotera’ me dijeron más de una vez. Cambiaban la amenaza pero curiosamente la carretera a Zacatecas siempre se mantuvo ¿Será que por ahí es donde están los cuerpos de los todos lo desaparecidos del Estado?”.

Tras la movilización de organizaciones y ciudadanos, el sábado 6 de junio, el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez, señaló que “los acontecimientos” podrían haber sido fruto de infiltraciones del crimen organizado.

“[La instrucción] fue desobedecida y desacatada por el grupo de la policía ministerial que atacó a estos jóvenes. ¿Quién dio la orden y quién dio esta instrucción? Evidentemente no fue el Fiscal del Estado, tenemos certeza de eso. Lo que tenemos, también, es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia”, dijo en un video publicado a las 14:41 horas sobreel ataque a los jóvenes y ordenó quitar los cargos y liberar a todos los detenidos, incluidos los del jueves 4 de junio.

Sobre las señales de alerta que prenden los hechos arriba narrados, entrevistamos a Anna Karolina Chimiak, directora del Centro de Justicia para La Paz y el Desarrollo (CEPAD), Santiago Corcuera, ex-presidente del Grupo de Trabajo y del Comité sobre desapariciones forzadas de la ONU; también a Francisco Macías abogado defensor de derechos humanos y al Doctor en Historia Camilo Vicente Ovalle, quienes compartieron su visión sobre lo ocurrido ese viernes, las incógnitas que genera y la posible sistematicidad de la práctica de la desaparición en Jalisco. Hay una coincidencia: no es que el mecanismo represivo sea nuevo, la novedad radica en que los hechos fueron visibles.

Y es que a falta de argumentos claros que dieran fe de lo perpetrado, en la última semana muchos comunicadores y los propios jóvenes violentados nombraron lo vivido como “levantones”, un término de aprehensión ilegal adjudicado a la jerga criminal. Pero jurídicamente para distintos defensores de derechos humanos los casos sí pueden ser catalogados como desaparición forzada.

Anna Karolina Chimiak, directora de CEPAD refirió que lo vivido fue desaparición forzada, ya que se utilizaron infraestructura y personal del Estado. “Estamos hablando de participación directa como también aquiescencia y autorización”, asegura la defensora.

Coincide con lo que plantea Alejandra Cartagena de CLADEM en el sentido de que existen dudas fundamentadas sobre cuántos pudieron haber sido desaparecidos en el operativo y que no se conoce ni su nombre ni su paradero.

Chimiak refiere que otro factor que abona a que estos hechos se mantengan y se repitan es la impunidad. “Y eso lo estamos presenciando para los casos de desaparición en general, en Jalisco contamos con cuatro sentencias condenatorias por desaparición cuando en el estado hay casi 10 mil casos”.

Ver en línea : https://ladobe.com.mx/2020/06/guada...