Desapariciones forzadas en México: familiares denuncian falta de compromiso del gobierno

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Santiago Aristia Primera modificación: 21/06/2020
France 24

Según cifras oficiales, hasta fines de 2019 en México había 61.637 mil personas desaparecidas. Detrás de esa cifra hay cientos de miles de familiares que sufren las ausencias y cuestionan las estrategias de búsqueda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La crisis de desaparición forzada de personas en México se vive de manera particular en el estado de Jalisco, al occidente del país, que ocupa el segundo lugar en la tasa de desapariciones, con 9.341 personas pendientes de localizar reconocidas por el Gobierno. Además, de acuerdo a medios locales que citan a la Fiscalía del Estado, en lo que va del año fueron localizadas 215 personas en fosas en esta región.

En una de las zonas del país más afectadas por estas violaciones a los derechos humanos, los familiares de las víctimas apuntan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cuestionan su compromiso con la búsqueda de los desaparecidos.

Familiares de desaparecidos acusan al gobierno de congelar presupuesto

Los reclamos llegan tras varias polémicas en torno a una de las principales instituciones encargadas de luchar contra esta problemática. A la denuncia de presuntos recortes presupuestales, se suman los cambios en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el principal organismo del Gobierno encargado de atender a las víctimas, tras la renuncia de su titular, Mara Gómez, en medio de protestas y acusaciones de familiares y colectivos de personas desaparecidas.

Los manifestantes acusaban a Gómez de congelar los fondos de apoyo a familiares, de carecer de un Plan Nacional de Búsqueda y de dejar de renovar contratos de trabajo de áreas clave como la de asistencia jurídica. Por su parte, la funcionaria argumentó que la austeridad anunciada por el presidente para afrontar la crisis por la pandemia de Covid-19 golpeó a la comisión, que a inicios de junio emitió un comunicado en el que advirtió que las medidas "paralizarían su funcionamiento".

Las organizaciones sociales al frente de las búsquedas y los reclamos

Esa suerte de desprotección por parte del estado, que denuncian muchos familiares se tradujo en la conformación de organizaciones y colectivos como “Exprésate X Chapala”, que se encarga además de ayudar a familias afectadas por la pandemia de coronavirus, y “Guerreras Unidas por Amor a Ellos”. Estas y otras organizaciones se encargan de suplir lo que consideran una falta de compromiso estatal en la búsqueda de sus allegados.

Ambas organizaciones unieron sus fuerzas en el colectivo “Guerreras Unidas: Exprésate X Chapala” y ante la agencia de noticias española Efe, denuncian que el número de personas desaparecidas va en aumento desde hace 20 meses, cuando inició la gestión Moisés Anaya, alcalde del municipio de Chapala, en Jalisco.
Martha de la Cruz muestra un cartel con la imagen de su esposo desaparecido Francisco Oswaldo Rodríguez, el 19 de junio de 2020, en el municipio de Chapala, en el estado de Jalisco (México).

Fue precisamente en Chapala donde, hace una semana, la privación de la libertad y posterior hallazgo de ocho personas en el municipio revivió el dolor de las familias que desde hace más de una década buscan a los suyos.

Edith Pedroza es una de las caras de esta crisis de derechos humanos. Vive en Chapala y su esposo, Juan Pablo Romero, permanece desaparecido desde diciembre de 2019. En su relato describe los angustiantes recorridos por los que se ve obligada a transitar. “Ha sido un camino muy largo, muy pesado, hemos acudido al Semefo (Servicio Médico Forense), acudimos a la Fiscalía de Guadalajara porque las autoridades municipales no nos daban ayuda, fuimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al principio nos cerraron las puertas”, cuenta Edith.

Según el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición en Jalisco, hasta mayo de 2020, de las 9.341 personas pendientes de localizar 2.212 son clasificadas como "desaparecidas" cuya ausencia se relaciona con la comisión de un delito y 7.129 "no localizadas", en las que no hay delito. Del total, 1.115 son mujeres, 8.218 hombres y las ocho restantes sin género identificado.

El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, sugirió en conferencia de prensa el martes pasado que la policía de Chapala está bajo investigación por posible connivencia con grupos del crimen organizado.

Desde el gobierno desmienten falta de presupuesto para atender a víctimas

El pasado 16 de junio, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, de la Secretaría de Gobernación de México, se reunió con una comisión de familiares de personas desaparecidas que mantenían un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México.

El funcionario recibió un documento por parte de las víctimas y el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez se comprometió a enviarlo al Senado de la República, a la presidenta de la Mesa Directiva y al presidente de la Junta de Coordinación Política.

El subsecretario ratificó que no se reducen los recursos presupuestales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Según escribe el propio funcionario en su página web “se convocará a reunión de la Junta de Gobierno de la CEAV para tratar todos los temas particulares sobre las peticiones de información de los Colectivos hacia la actual administración”.

Mientras, miles de personas continúan reclamando justicia en un contexto cada vez más hostil, en el que las acciones del crimen organizado no se detienen, pese al confinamiento y las medidas de aislamiento social en tiempos de pandemia.

Con EFE y medios locales.

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