Guerrero en el epicentro de las desapariciones forzadas

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julio 21, 2020 | Por Manuel Nava

ACAPULCO, Gro.- Desde hace varias décadas la desaparición forzada de personas en Guerrero es una práctica regular y sistemática. La crisis de derechos humanos que vive la entidad es una constante en la historia.

Durante más de la mitad del siglo pasado, eran los caciques quienes decidían sobre la vida de las personas con el propósito de usurpar propiedades, impedir que el extensionismo les arrebatara el poder económico y productivo, o bien para desarticular a las agrupaciones campesinas o mantener en la ignorancia a la población.

En la década de los 60 y los 70, fue una práctica de la amalgama entre poder político y poder caciquil para eliminar a la disidencia.

Pero en los últimos treinta años la desaparición forzada deriva de una confabulación de intereses de las bandas del crimen organizado y del poder político pero la cotidianidad de la violencia contribuye a que estos hechos se mantengan impunes y los familiares de las victimas deban mordisquear su dolor en silencio. Ya no desaparecen solo líderes sociales, políticos o ecologistas, ahora el blanco son ciudadanos en general.

En Guerrero hacen falta más que 43 normalistas. La demanda de la presentación con vida de los estudiantes de la normal Isidro Burgos de Aytozinapa reveló una realidad cruel en esta entidad del sur y a pesar de ello pasó desapercibida. La búsqueda de los normalistas pudo de manifiesto que desde aquel 2014 a la fecha se han encontrado 331 fosas clandestinas mientras que a nivel nacional son 3 mil 631.

Debe considerarse también que de las 356 acciones urgentes emitidas para México por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas –entre 2012 y abril de 2019–, unas 200 –es decir, el 56 por ciento– son por crímenes de este tipo ocurridos en Guerrero.

Y es que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, como los ministerios públicos, no aplican los “protocolos de búsqueda ni hacen investigaciones al respecto”. Las carpetas de investigación se abren con muchas deficiencias y constituyen una garantía de impunidad.

Dado las instituciones de procuración de justicia no activan los protocolos legales establecidos en la ley, ni realizan las investigaciones necesarias cuando hay una denuncia por la desaparición de una persona cuando los familiares de las victimas acuden a ellas en búsqueda de justicia deben enfrentar un calvario terrible.

En el Ministerio Público al denunciar los casos se niegan a levantarla hasta que se cumplan 24, 48 o hasta 72 horas. En una primera instancia los clasifican como ausentes, bajo el supuesto de que “se fueron de parranda o con el novio o la novia”.

Pero en la Fiscalía estatal de Desaparición Forzada las cosas no mejoran. Ahí solamente envían oficios a las instituciones públicas para ver si están detenidos o tuvieron algún accidente, pero nada más.

En muchos de los casos, es la familia quien investiga. Muchas de las personas que han sido localizadas, principalmente sin vida, han implicado la labor de búsqueda de los familiares y los colectivos y en muy rara ocasión de las autoridades.

En 2015, en una barranca de Chichihualco, ocurrió un claro ejemplo de ello. Durante un operativo de búsqueda se localizó una fosa en el sitio referido donde había más de 70 cuerpos atorados entre las ramas del cerro y se podían identificar con sólo verlos por la ropa que traían, pero el día que los encontraron no pudieron extraerlos porque no llevaban al grupo de rescate. El lugar no fue resguardado por las autoridades, por lo que al otro día los restos humanos estaban quemados y no quedaron evidencias.

La razón principal bajo la cual se excusan las autoridades para no proceder con las investigaciones ni brindar el acompañamiento necesario es la falta de recursos económicos. A veces les piden dinero a las víctimas indirectas para la gasolina o que los trasladen en sus vehículos.

La revictimización es el principal instrumento que utiliza el personal de las instituciones de procuración de justicia cuando una víctima indirecta acude a denunciar la desaparición de su familiar o conocido. En otros casos intentan encontrar algún nexo con grupos del crimen organizado y narcotráfico, aunque no tengan ningún dato que los vincule.

Criminalizan a los denunciantes y a la víctima sin tener ningún tipo de elemento y luego no hay una investigación real sobre el paradero de los desaparecidos.

Tan solo en los primeros 15 días de julio de este año se reportó la desaparición de 7 hombres y 7 mujeres de las cuales 3 son menores de edad. Adicionalmente la Fiscalía General del Estado inició un operativo de búsqueda de tres personas desaparecidas desde el pasado 2 de julio en la localidad de Tierra Blanca en el municipio de Cochoapa.

Hay que precisar que el pasado 2 de julio, por un conflicto agrario, comuneros de San Juan Huexoapa, municipio de Metlatónoc irrumpieron en la localidad de Tierra Blanca, y dejó como saldo tres personas muertas, tres más desaparecidas, así como viviendas y carros quemados.

El 13 de julio, Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos, reportó que, durante los últimos 14 años en México, han desaparecido 73 mil 201 personas la gran mayoría desde el año 2006, cuando las autoridades sacaron a las fuerzas armadas a las calles para hacerle frente a los poderosos cárteles de la droga.

Tan solo en los dos años que van de gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se han denunciado más de 27 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Si bien México se encuentra sumido en una espiral de violencia alimentada por enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos del crimen organizado que se disputan varias zonas del país, Guerrero se ubica en el epicentro de esta tormenta.

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