Familiares de eperristas exigen justicia contra todos los responsables del crimen de 2007

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Octavio Vélez
Dom, 08/09/2020

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos demandó castigo no solamente a los autores materiales y de rangos inferiores responsables de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sino también a toda la cadena de mando que ordenó y ejecutó el crimen de Estado.

“La detención de ex jefes y de policías en activo es solo una parte del entramado”, afirmó la representante de esa organización, Nadín Reyes Maldonado.

Por eso, la también hija de una de las víctimas, manifestó su preocupación porque no se haya girado alguna orden de aprehensión en contra del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, ni se mencione en la investigación al expresidente Felipe Calderón, por suceder la desaparición forzada durante sus administraciones, ni a todos los mandos de corporaciones policíacas municipales, estatales y federales, quienes estuvieron en funciones en mayo del 2007 y participaron en la comisión de este crimen.

“Hasta el momento la detención y procesamiento es solo una vía jurídica encaminada a castigar a algunos de los responsables, pero en los casos de desaparición forzada, se debe castigar y sancionar no solo a los autores materiales y de rangos inferiores, sino a toda la cadena de mando”, asentó.

Acusan "política de simulación"

Además, observó que el Ejército mexicano, participante en la comisión de la desaparición forzada no ha sido objeto de investigación ni de sanción, pues hasta la fecha, mantiene en la condición de detenidos desaparecidos a Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

“La última vez en que fueron vistos con vida ambos luchadores sociales fue en el campo militar número 1”, indicó.

Independientemente de esto, destacó que la detención de los agentes policiacos no garantiza necesariamente su castigo, porque puede responder a una política de simulación para garantizar su impunidad.

Aparte de esto, mencionó que el Estado mexicano necesita garantizar no solo el derecho a la justicia, sino también el derecho a la verdad, es decir, dar a conocer el paradero de los desaparecidos, así como develar toda la política, las instituciones y los funcionarios involucrados en estos hechos y a quienes han encubierto y han sido omisos ante este crimen de Estado.

De la misma manera, resaltó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no resuelve de fondo el juicio de amparo concedido por un Juzgado Federal en favor de las Reyes Amaya y García Cruz, así como de sus familiares, donde reconoció explícitamente la grave violación de derechos humanos en contra de las víctimas directas e indirectas.

Ante esta situación, exigió que las detenciones no sólo sean un distractor que haga perder de vista la obligación de la SCJN, que las detenciones vayan al fondo y que se sancione e investigue a todos los responsables.

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