Así empezó la pesadilla

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Diego Enrique Osorno
19.08.2020/01:28

En dos periodos sombríos se divide la historia de las desapariciones forzadas en México. El primero en los setenta, durante la guerra sucia que libró el régimen del PRI contra grupos críticos organizados a partir de la masacre de Tlatelolco en 1968.

Jesús Piedra, hermano de Rosario, actual presidenta de la CNDH, es una víctima emblemática de esa etapa en la que cerca de mil personas fueron secuestradas, sin que hasta la fecha sepamos su destino ni paradero.

El otro periodo negro inició en democracia, bajo la guerra del narco inventada por el presidente Felipe Calderón para reprimir a la oposición y construir gobernabilidad mediante la fuerza.

A través de Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora se implementó una estrategia sistematizada a nivel nacional, la cual tuvo sus inicios en Oaxaca, donde se dio una solución violenta e ilegal a una demanda popular de mayor justicia y democracia, a través de la creación de grupos irregulares que contaban con protección oficial.

Fue en este marco que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del PDPR-EPR, la organización político-militar más antigua del país, resultaron detenidos y desaparecidos en 2007 por dichos grupos delincuenciales que contaron también con apoyo del entonces gobernador, Ulises Ruiz Ortiz.

La búsqueda de ambos ha prevalecido, incluyendo acciones de presión emprendidas por sus compañeros guerrilleros, así como también al esfuerzo civil y jurídico de sus familiares, organizados bajo el comité ¡Hasta Encontrarlos!

En el informe “¡Ya sabemos!”, de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, se detalla la ubicación de centros de tortura clandestinos a los cuales pudieron haber sido llevados de manera ilegal estos luchadores sociales tras ser detenidos de manera arbitraria.

Por eso, aunque tarde, es loable que la Fiscalía General actúe contra el ex procurador estatal, Evencio Martínez, el director de la policía ministerial, Daniel Camarena y cinco policías acusados del delito de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel.

Lo que seguiría es llevar a juicio a los actores federales de este crimen que inauguró esa larga pesadilla de nuestro país que tuvo su máxima expresión visible en 2014, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

deo@detective.org.mx

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