El sexenio de las desapariciones

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Diego Enrique Osorno
29.08.2020/02:07

Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el grupo guerrillero más antiguo de México, desaparecieron mientras sostenían reuniones clandestinas en Oaxaca. Su caso sucedió al inicio del gobierno de Felipe Calderón, cuyo sexenio quedó marcado al final por un histórico y trágico incremento de las desapariciones forzadas.

El ataque contra los activistas ocurrió en mayo de 2007, solo unos meses después de implementarse en Oaxaca un operativo de represión popular diseñado y operado por los entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y el procurador Eduardo Medina Mora, en conjunto con el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Como documentó la Comisión de la Verdad de Oaxaca en su Informe ¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca, fue en el contexto de la toma de protesta del presidente Calderón y la insurrección oaxaqueña de 2006, que el Estado mexicano ensayó una serie de procedimientos para fortalecer la impunidad que se viviría a partir de entonces a lo largo del país en materia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, bajo el concepto de una supuesta guerra contra el narco, en la que el empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública aumentó estas graves violaciones de derechos humanos.

La desaparición forzada de Edmundo y Gabriel se volvió la primera en tener algo de notoriedad, luego de que el EPR realizara actos de sabotaje en contra de instalaciones de Pemex, en demanda de la presentación con vida de sus compañeros, de quienes todavía hasta hoy se desconoce su paradero y destino. A partir de este caso, las desapariciones forzadas se incrementarían de manera estratosférica a lo largo del sexenio. Aunque la cifra reconocida oficialmente durante ese gobierno fue de 13 mil 195 personas, la Secretaría de Gobernación rectificó posteriormente y estableció en 36 mil 121 el número de casos en total. Sin embargo, la cifra negra contemplada por organizaciones de la sociedad civil, estima que la cantidad real representa por lo menos el doble de la oficial.

Para tener una estimación general de la sistematización de este delito, en 2006 la CNDH registró solo cuatro quejas por desaparición, mientras que para 2010 el número ascendía a 77: un aumento de 19 veces el número con el que inició el gobierno de Calderón.

La impunidad ha prevalecido en la mayoría de estos actos. Hasta agosto de este 2020 es cuando el caso de Edmundo y Gabriel generó finalmente un acto judicial importante, luego de que un juez giró órdenes de aprehensión en contra del ex procurador oaxaqueño, Evencio Nicolás Martínez, así como del entonces director de la policía, Daniel Camarena, por el delito de desaparición forzada.

Asimismo, unos días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador atendió una larga exigencia de los grupos de víctimas, al aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir e investigar denuncias de casos desde 2010 a la fecha.

Fue justo durante el sexenio de Calderón que el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU señaló que, “debido a la impunidad, muchos casos que deberían encuadrarse bajo el delito de desaparición forzada son clasificados e investigados como “levantones”, o las personas son consideradas “extraviadas” o “perdidas”, particularmente en grupos como mujeres, menores y migrantes, sin una adecuada investigación (debida diligencia) para descartar la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada”.

Una desaparición forzada sucede, según la ONU, cuando “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y luego se niegue revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

Durante el sexenio de Calderón, el Código Penal solo hacía alusión a empleados de gobierno en la comisión de este delito, dejando fuera a grupos e individuos particulares, lo que ocasionó un gran problema de impunidad, debido a que buena parte de las desapariciones de personas eran llevadas a cabo por particulares, muchas veces, al servicio de una autoridad —sea esta municipal, estatal o federal—.
Muestra de ello es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Al ser el caso más antiguo del trágico periodo de desapariciones que ha padecido México, ¿será el expediente de Gabriel y Edmundo uno de los primeros que se judicialicen a profundidad y por el cual se logren establecer sanciones contundentes contra los más altos funcionarios públicos, locales, estatales y federales implicados, como el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz?

¿Qué responsabilidad podrá alcanzar el propio ex presidente Calderón ante el escrutinio cada vez más independiente e internacional de las políticas de seguridad implementadas durante su sexenio, las cuales derivaron en la violación generalizada y sistématica de derechos humanos?

El sexenio de las desapariciones está ahora bajo la mira.

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