La justicia en los casos de desaparición forzada de personas debe ser expedita

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Ciudad de México a 30 de agosto de 2020

La justicia en los casos de desaparición forzada de personas debe ser expedita, total y extensiva a toda los responsables materiales e intelectuales

La justicia en casos de desaparición forzada no puede ser parcial, debe ser expedita, total y extensiva a todos los que permitieron directa o indirectamente el cometido de estos flagelos. El juicio y castigo a los criminales de Estado es una necesidad política, no es un empecinamiento ni una terquedad de los familiares de las víctimas ni de las organizaciones del movimiento popular.

Un crimen de naturaleza profascista ilustra todo un entramado de responsabilidades para su cometido, donde la participación material está relacionada de forma intrínseca con la intelectual, por ello, no hay justicia si no es castigada toda la cadena de mando que objetiva estos crímenes, mucho menos si la verdad no es esclarecida y son señalados los motivos que propiciaron el cometido de estos flagelos.

La investigación sobre la ejecución de crímenes de lesa humanidad fue relegada al olvido en los gobiernos del PRI y del PAN, estas administraciones extendieron el halo de cometido contra el pueblo en general, con lo que la desaparición forzada por motivos sociales cobró infinidad de víctimas que se sumaron a aquellas por motivos políticos.

En nuestro país existen cientos de víctimas del flagelo de la desaparición forzada, sea por motivos políticos o sociales, producto de una política represiva que colocó la militarización como el garante del desarrollo económico, de donde se desprenden miles de crímenes de lesa humanidad bajo el ardid de la lucha contra la denominada delincuencia organizada. Mientras esta condición no sea modificada de manera cualitativa, la violencia institucional mantendrá su curso.

Las instituciones en nuestro país son las que favorecieron el suplicio de las familias que vivieron en carne propia el flagelo de la desaparición forzada, extendieron la impunidad hacia los perpetradores por lo que ninguno fue juzgado por los crímenes que cometieron. El hecho que hoy éstas mismas resuelvan algunos recursos jurídicos a favor de las víctimas, significa un logro en la persistencia de la lucha de los familiares, organizaciones populares, abogados comprometidos y personalidades progresistas.

El caso de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya ilustran con nitidez la naturaleza de los gobiernos abiertamente represivos, desde Felipe Calderón Hinojosa cuando fue ejecutado este crimen de lesa humanidad en el estado de Oaxaca, el de Enrique Peña Nieto que extendió la impunidad a los perpetradores, y hoy, el de Andrés Manuel López Obrador que empieza a adquirir unos matices de avances en materia de justicia.

La política de los gobiernos emanados del PRI y el PAN es clara, extender la impunidad a todos los perpetradores, inhibir la acción consciente de familiares y compañeros con el cometido de más crímenes de lesa humanidad para evitar que las víctimas se organicen en la búsqueda de justicia. De ellos sólo obtuvimos la dilación, el burocratismo y la omisión que buscaba generar desgaste en las familias, amigos y compañeros.

La política de la actual administración señala en el discurso que respetará los derechos humanos, sin embargo, la justicia hace distinciones desde el momento que sólo son llamados a comparecer funcionarios de rango menor y policías, este tipo de justicia no se le puede considerar como tal, porque significa reducir la participación criminal a una instancia local, aspecto inadmisible en un régimen represivo.

En el cometido de una desaparición forzada no puede haber participación aislada de alguna corporación estatal o de un elemento policíaco en particular, lo que existe es la cadena de mando por el cual se objetivó la política del terrorismo de Estado, por ello, si de verdad la ruta esbozada por el Poder Judicial de la Federación es la de la justicia, debe indisolublemente considerar llamar a comparecer a altos mandos de la política institucional y cúpula militar.

La justicia que llega después de más de una década de espera no puede ser catalogada de esta manera, tampoco aquella que busca eludir la responsabilidad de las altas esferas de la cúpula policíaca y militar, así como de los políticos de oficio. Significa revictimizar a las víctimas y sus familias, porque ya fue mucho tiempo de espera y ahora se enfrentan a los artilugios leguleyos para evadir la justicia.
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Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe dictar jurisprudencia a favor todas las víctimas de desaparición forzadas, la solución que decidan dar los magistrados a este caso que logró arribar al máximo tribunal de justicia en el país, marcará la ruta para los miles de casos que hay en toda la geografía mexicana; si es positiva, es un recurso que da la pauta a seguir, si es negativa, indicará que no hay derecho que vele por los desposeídos.

El precedente en el trato que deben recibir las víctimas del flagelo de la desaparición forzada está en manos de la SCJN, si en la resolución final contradice todo lo dicho por otros tribunales del sistema de justicia, sería una maniobra muy perversa. El hecho de que las órdenes de aprehensión liberadas por el Juzgado federal sea el pretexto para eliminar la trascendencia del caso para resolver el juicio de amparo interpuesto por la defensa jurídica de las víctimas indicará un revés en el estado de derecho.

El gobierno actual debe dejar de ver con distinción los casos de desaparición forzada en el país, todos merecen ser atendidos de forma expedita. La agenda de los funcionarios parece no estar dispuesta a dar la atención a los detenidos desaparecidos por motivos políticos, donde la mano del Estado está totalmente visible, porque ello implica no detener la investigación con la captura de mandos menores, sino en evidenciar todo el andamiaje que hizo posible la herida profunda que lacera a las masas trabajadoras.

Esa herencia dolorosa que fue recibida del anterior gobierno no tiene visos de ser resarcida, por el contrario, a pesar del empeño de la palabra de no continuar con la represión, existen algunas entidades que actúan diametralmente opuestas a lo que se afirma en la voz institucional, la lista de víctimas sigue su aumento, así como las violaciones a los derechos humanos.

La lista de agravios rebasa los 74 mil 998 que dice el gobierno federal que constituye su gran reto, y para cada uno de ellos debe existir una respuesta puntual y no un trato diferenciado. Todos son víctimas de una política criminal que se ejecutó al amparo de las instituciones y son estas mismas las que deben de garantizar la protección de las leyes, si esa es la vocación de la administración actual.

No es posible continuar con la búsqueda en los parajes y recovecos de la geografía mexicana, porque ello indica dar por muerta a la víctima y no es prioridad buscarlos con vida ni mucho menos dilucidar quiénes fueron los responsables de tal atrocidad. Para la autoridad gubernamental es suficiente encontrar los restos mortales o un indicio que conduzca a presumir la muerte de la misma para dar por cerrado el caso.

La imprescriptibilidad del crimen de desaparición forzada obliga a las autoridades a ponderar como prioritario la búsqueda con vida, aunque el tiempo biológico se aferre a sostener lo contrario, un crimen de lesa humanidad no termina hasta que se localice a la víctima o sus restos mortales, se conozcan las motivaciones del crimen y se castigue a los responsables.

El pueblo no debe abandonar la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, por muy adversas que sean las condiciones la lucha por la justicia no debe encontrar descanso. En cada injusticia cometida contra las masas trabajadoras subyace una razón para mantener la movilización, la denuncia y la exigencia por el cese a las injusticias.

Fraternalmente

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!

¡Libertad a todos los presos políticos!

Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

FNLS

Ver en línea : https://kaosenlared.net/mexico-la-j...