La desaparición forzada tiene domicilio

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Diego Enrique Osorno
12.09.2020

Ante el resurgimiento sistemático en los años recientes de las desapariciones forzadas en México, prevalece la interrogante sobre los lugares que usan los grupos responsables de estos delitos, considerados de lesa humanidad cuando son generalizados, como sucede en nuestro país desde 2007.

Basureros, casas céntricas, construcciones abandonadas, ranchos y terrenos baldíos son algunos de los espacios que han sido identificados como centros de secuestro, tortura y desaparición de personas.

Durante la investigación llevada a cabo en la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) fue recibido un reporte del Ejército Popular Revolucionario (EPR), la organización guerrillera más antigua del país, que sufrió la desaparición de dos de sus militantes en Oaxaca: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

En el documento dirigido a la CVO, el grupo rebelde aporta una serie de indicios sobre cinco sitios en los cuales agentes del Estado mexicano presuntamente habrían mantenido cautivos de forma ilegal, torturado, asesinado y realizado inhumaciones clandestinas de activistas del movimiento social oaxaqueño.

Uno de los lugares está ubicado en los alrededores de una sede institucional: “El teniente de navío, Manuel Moreno Rivas, y el teniente de fragata, José Manuel Vera Salinas, agentes del Cisen, fueron parte de comandos paramilitares formados para señalar y asesinar a miembros del movimiento popular magisterial, además, son conocedores de que algunas personas del movimiento fueron sepultadas atrás de las instalaciones del cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones denominada Los Pinos, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec. Atrás de este cuartel devastaron un cerro y actualmente ya construyeron casas habitación”, consigna la comunicación del EPR.

Otro lugar señalado es una casa particular ubicada no muy lejos del centro de la ciudad, “a un lado de la casa del ex gobernador José Murat Casab, muy cerca de la Fuente de las Ocho Regiones, donde residen la burguesía y los políticos de oficio de Oaxaca”.

El tercer punto señalado es un terreno ubicado en la región de los Valles Centrales. “Es una casa —señala el grupo rebelde— con membrete de asociación civil utilizada para rehabilitación, ubicada pasando el pueblo de Ánimas Trujano, en la curva antes de llegar a Santa María Coyotepec, del lado oriente de la carretera Nº 175 rumbo a Puerto Escondido. Esta casa operó como casa de seguridad y fosa clandestina durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz”.

Otro de los sitios es un predio de uso gubernamental, “en el que fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del movimiento magisterial popular de 2006: en la parte norte del basurero que se encuentra en la colonia El Manantial, perteneciente al municipio de Zaachila en colindancia con San Bartolo Coyotepec que está rumbo a Ocotlán”.

Según el informe rebelde, “al operador de una retroexcavadora que generalmente permanecía en ese sitio y que trabajaba en dicho basurero se le hizo raro que dejaba la máquina en un lugar y al otro día la encontraba en otro lugar, razón por la cual puso más cuidado, y al poco tiempo descubrió restos humanos y por ese hecho fue amenazado y, sin haber participado en los crímenes cometidos, fue asesinado, poco después su familia huyó por temor, pasando a formar parte de los miles de desplazados internos en el país”.

Y el quinto sitio señalado es un rancho del pueblo de Vigallo, propiedad del veterano comandante y jefe policial, Pedro Hernández Hernández, quien actualmente se encuentra prófugo junto con el exprocurador Evencio Martínez, por la desaparición de los eperristas, Edmundo y Gabriel.

En su momento, la CVO acudió a todos los lugares para corroborar la existencia de los domicilios, tomar algunas imágenes y luego presentar una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social de la Fiscalía General de Oaxaca, así como en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organiza (Seido) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), la cual no ha informado hasta el momento si realizó algún tipo de diligencias judiciales y forenses en estos posibles centros de desaparición forzada.

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