Las víctimas de Guerrero abarcan la mitad de los casos de México ante Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU

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Alexis Ortiz | 1 febrero, 2022 |

El Comité CED ha revisado 439 casos de desaparición forzada en México, de los cuales 221 han ocurrido en el estado de Guerrero.

Replegado en la azotea de su casa, José Díaz Navarro miraba cómo hombres armados, a bordo de patrullas de la policía municipal, golpeaban y se llevaban a vecinos de Chilapa, Guerrero. La escena se repitió por seis días seguidos, entre el 9 y el 14 de mayo de 2015.

“Fueron seis días de terror, desde la azotea de mi casa veía cómo esos hombres, que decían ser una policía comunitaria, estaban patrullando. Yo mismo vi cómo agarraron a unas personas, las golpearon y se las llevaron”, recuerda José. “Fueron seis días de estar bajo asedio, bajo un peligro constante, las calles estaban vacías y casi nadie salía”.

José y otros habitantes fueron a la oficina de la Fiscalía de Guerrero en Chilapa para levantar una denuncia y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y entrevistó a las víctimas. Siete años después del ataque a Chilapa no hay un solo detenido y no se tiene rastro de las decenas de personas desaparecidas.

“En la Fiscalía de Guerrero solo está el trámite de que tú vas a poner tu denuncia y nunca investigan. Por parte de la (entonces) PGR sí hubo una investigación, obtuvieron 25 órdenes de aprehensión contra los delincuentes desde noviembre del 2016, pero hasta la fecha no se ha ejecutado una sola orden”, critica José, y asegura que esos mismos delincuentes son quienes controlan el tráfico de drogas en Chilapa.

José buscó la asesoría del Centro Morelos, organización defensora de derechos humanos que le ayudó a presentar, vía correo electrónico, el caso del ataque de Chilapa ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés).

Una desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad cometida por un agente de seguridad del Estado, o por personas que actúan con la autorización o el apoyo de alguna autoridad.

Entre el 2012 y el 2021, el Comité CED ha revisado 439 casos de desaparición forzada en México, de los cuales 221 han ocurrido en el estado de Guerrero. Esta información fue proporcionada por Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), en una conferencia de prensa del 6 de diciembre del 2021.

De Guerrero, el 50% de los casos en el comité CED

El 50% de las desapariciones forzadas que el comité CED analiza en nuestro país son de Guerrero. Los municipios donde se han registrado estos delitos son Iguala, Acapulco, Chilapa, Petatlán, Tlapa de Comonfort, Huitzuco, Zitlala y Chilpancingo.

Un documento disponible en la página del comité CED detalla que, además de las 30 víctimas de Chilapa este organismo analiza la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014; de los activistas Marcial Bautista y Eva Alarcón en 2011; de los tres hermanos Carreto en 2015; de los seis integrantes de la familia García Feliciano en 2016; de cuatro integrantes de la Coordinadora Estatal de Transportes Independientes de Guerrero en 2016, y docenas de casos sin resolverse en México.

“Es producto de esta historia que traemos arrastrando en términos de que hay un continuum de impunidad, es decir, no ha habido un momento de nuestra historia en el que se haga justicia a las personas desaparecidas”, dice Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, Guerrero es la segunda entidad federativa con más víctimas de desaparición forzada con 85 casos. Solo por delante está Sinaloa con 144, aunque Abel Barrera dice que no todos los casos son denunciados en Guerrero por desconfianza a las autoridades.

“Las desapariciones forzadas no son fortuitas, no son casuales, sino que son el retrato hablado de un sistema monolítico que se forjó entre el presidencialismo y en los cacicazgos regionales, es parte de una barbarie que se ha expresado en las regiones más rezagadas de nuestro país”, explica Barrera sobre este delito.

El activista repasa algunos casos de desaparición, desde el de Rosendo Radilla, víctima en 1974 a manos del Ejército, hasta el de los 43 normalistas en 2014. El común denominador es la impunidad, pues ningún asunto se ha resuelto.

El especialista explica que el estado de Guerrero ha estado sumido durante décadas en una “tradición de abusos”, primero en el periodo llamado Guerra Sucia, que el gobierno fecha entre 1960 y 1970, en el que el Ejército participó en la desaparición de guerrilleros y activistas que se movilizaban en los municipios más pobres del Estado, y luego en las dos primeras décadas del siglo XXI por los grupos del narcotráfico.

La Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición del Estado de Guerrero –sin que haya registro participación de agentes del estado– ha abierto 616 carpetas de investigación por este delito, pero hasta agosto de 2021 no había obtenido ninguna sentencia condenatoria contra los responsables del crimen, de acuerdo con una solicitud de información realizada por La-Lista.

Esta impunidad es la que lleva a los familiares de víctimas a buscar justicia hasta instancias internacionales, como es el comité CED. “Siempre es importante que los organismos como la ONU, con expertos independientes, puedan ayudar a desmontar esta estructura de impunidad”, menciona Barrera.
México, solo debajo de Irak en el comité CED

Irak y México encabezan la lista de asuntos atendidos por casos de desaparición forzada de 23 países por el Comité CED de las Naciones Unidas.

Las víctimas de Irak han presentado 492 casos y por debajo le sigue México, con los 439 incidentes de desaparición reportados por Enrique Irazoque, de la Segob.

El primer caso de desaparición forzada que el Comité CED recibió de México en el 2012 ocurrió un año antes en el estado de Guerrero. Las víctimas fueron el activista Marcial Bautista Valle y la activista Eva Alarcón Ortiz, quienes viajaban de Guerrero a la Ciudad de México para participar en una reunión del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), es otra experta que conoce bien el funcionamiento del comité CED. Como parte de su estrategia legal, la asociación a la que pertenece reportó ante este organismo internacional la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Iguala, Guerrero.

En octubre del 2014 el Comité CED emitió 43 acciones urgentes al gobierno mexicano –el mismo número de estudiantes– para que agilizara la búsqueda de los jóvenes que desaparecieron en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de ese año.

Sobre la acumulación de casos de Guerrero en el Comité CED, Aguilar señala: “Esto deja claro la gravedad de la situación en el estado, de la falta de investigaciones y la falta de políticas de búsqueda en el estado y también a nivel federal”.

La internacionalista del Centro Prodh añade que las acciones urgentes emitidas por el comité CED sí son vinculatorias para México, es decir, el gobierno está obligado a cumplirlas porque firmó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Además, el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que México está obligado al cumplimiento de las acciones urgentes.

“El comité es muy relevante y en el caso de México tiene claro que la situación es muy grave”, indica Aguilar. “En 2015, el comité hizo una evaluación donde dejó claro que las desapariciones eran generalizadas y que hay un contexto de impunidad muy amplio. Estas mismas valoraciones fueron retiradas por el comité en su última visita a México”.

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Justicia en el ámbito internacional

El comité CED de las Naciones Unidas analiza casos de desaparición en los que participaron autoridades. Se trata de una de las últimas instancias especializadas para examinar desapariciones y, si lo considera pertinente, emite “acciones urgentes”.

Estas acciones urgentes son recomendaciones dirigidas al Estado donde ocurrió la desaparición. Si el Comité CED considera que hay suficientes elementos para pensar que se cometió un delito, contacta a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México para pedirle que el gobierno agilice la búsqueda de la víctima.
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En un documento donde explica qué son las acciones urgentes, el propio Comité CED presume que esta medida ha servido para localizar a algunas personas desaparecidas, presionar el avance de las investigaciones de parte de los Estados y hacer visible la magnitud del delito de desaparición.

En su primera visita oficial a México, el pasado mes de noviembre, el grupo de trabajo del CED habló con funcionarios públicos y familiares de víctimas en 13 estados de la República, incluido Guerrero. La presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana, lamentó que las desapariciones de personas en nuestro país no son del pasado, sino que este delito se sigue registrando.

“Lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde el 2015, impera la impunidad y la revictimización”, indicó Quintana.
Abatir la impunidad, el reto del comité CED

Si bien el comité CED ha presumido que sus acciones urgentes han servido para localizar víctimas, esto no siempre sucede. Según información pública del organismo, de los más de 400 casos de desaparición que ha analizado de México, solo 28 personas han sido localizadas con vida y 20 muertas.

El propio José Díaz Navarro, el activista que denunció el ataque de un grupo armado contra Chilapa en 2015, asegura que ni siquiera las acciones urgentes del comité CED le ayudaron en su caso para que las autoridades encontraran a quienes fueron desaparecidos y tampoco se detuvo a los responsables de este evento.

“Cuando nos llegó la notificación (por correo electrónico) de que el comité ya le había dado trámite a la denuncia sentíamos que ya se nos iba a hacer justicia, pero resulta que no pasó nada y no va a pasar nada”, lamenta José.

A siete años de los hechos de Chilapa, José se dice cansado. Se ha ido de Guerrero porque no se siente seguro. Forma parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y asegura que en el 2016 lo protegían 20 policías federales cuando viajaba de la Ciudad de México a Chilapa y ahora solo lo cuida un elemento de la Guardia Nacional.

Para recordar su lucha, José guarda en su celular las fotos de Celso, Iván y Antonio Ortega Jiménez, a quienes acusa de ser los líderes de Los Ardillos, el grupo criminal que opera en Chilapa. Aunque sus esperanzas de tener justicia se han apagado año con año, incluso con el actual gobierno que ha prometido atender a las víctimas.

“Nosotros no tenemos justicia, los delincuentes son dueños de nuestras vidas”, concluye José. “Este gobierno debe cambiar su estrategia de abrazos y no balazos, suena bonito, pero en los hechos estamos desamparados”.

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