Desapariciones forzadas, patrón crónico de impunidad

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En México, según la ONU

Genaro David Góngora Pimentel

Un patrón crónico de impunidad fue la expresión que utilizó la ONU para señalar la situación actual instalada de planta en nuestro país.

Tras concluir su visita a México, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, señaló en su informe que las desapariciones forzadas han sucedido en el pasado y continúan sucediendo actualmente en nuestro país, llegando ya a tres mil casos de personas en esa situación. Indicó que el personal militar no está entrenado para realizar actividades propias de la policía o interactuar con civiles, que la lógica con la que opera el ejército y la lógica con la que opera la policía es distinta, motivo por el cual los operativos militares desplegados en el contexto de la seguridad pública deben ser estrictamente restringidos y adecuadamente supervisados.

El grupo de trabajo aseguró que el delito de desaparición forzada ha tenido un notorio incremento en el sexenio calderonista, y es el ejército el señalado como responsable de la serie de ilícitos. Sin dejar pasar las 34 mil 600 muertes que ha dejado la ofensiva contra el narcotráfico y crimen organizado emprendida por el presidente Felipe Calderón.

La ONU pidió a México considerar el retiro del ejército de las operaciones de seguridad pública, en un plazo corto. La defensa por parte del Estado mexicano no se hizo esperar, el gobierno dijo aceptar la “posibilidad” del fenómeno de las desapariciones forzadas en el país, pero exigió a la ONU llamar “a las cosas por su nombre”, en voz del subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, quien pidió validar los tres mil casos señalados por el grupo de trabajo del organismo internacional.

Se abrieron las cloacas y con ello las críticas por la actuación de México en los últimos años. Estados Unidos no se quedó con las ganas de opinar y denunció las violaciones a los derechos humanos cometidas de manera sistemática por las fuerzas de seguridad del actual gobierno, afirmando que éstas se encubren bajo de manto de la lucha militar contra el narcotráfico.

México ha sido señalado como el mayor responsable de cometer todo tipo de violaciones a los derechos humanos en 2010, según el reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que fue elaborado por el Departamento de Estado y dado a conocer por Hillary Clinton.

José Miguel Vivanco, director para la División de las Américas de la Organización Human Rights Watch, dijo que dicho reporte sólo “demuestra” que la estrategia militarizada de combate al narcotráfico implementada por Calderón ignora de manera deliberada el respeto de los derechos humanos.

Este panorama desolador para México tiene una respuesta inmediata en el hecho de combatir la violencia con más violencia, la fuerzas armadas del país se utilizaron para desempeñar funciones que le corresponden a la policía, el resultado lo vemos hoy: ensanchamiento de la violencia en las calles, un sinfín de violaciones de derechos humanos a cargo de la milicia y una grave violación a la garantía del debido proceso al dar competencia al fuero militar para conocer por actos de violación a los derechos de civiles.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que tiene validez que las fuerzas armadas realicen funciones de policía civil cuando no se ha decretado la suspensión de garantías individuales establecida en el artículo 29. Estableciendo ciertos controles al respecto: 1. Que se respeten plenamente las garantías individuales; 2. Que exista una solicitud expresa, fundada y motivada por las autoridades civiles y 3. Subordinación de los militares a las autoridades civiles y a las leyes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la policía y el ejército son instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los que fueron creadas, en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna generan violaciones de derechos humanos en contextos violentos. Motivo por el cual debe de evitarse la intervención del ejército para cuestiones de seguridad interna.

El examen periódico universal aplicado a México por primera vez en 2009 arrojó como resultado los tres desafíos fundamentales a los que nos enfrentamos como país y emitió una larga serie de recomendaciones. Los desafíos señalados fueron la implementación de la reforma al sistema de justicia; garantizar el derecho a la seguridad de las personas; la aplicación efectiva de los estándares internacionales de derechos humanos en diferentes niveles, incluyendo la plena armonización legislativa en los ámbitos federal y estatal y la utilización efectiva de esos estándares en fallos y sentencias judiciales. Entre las recomendaciones se encuentra la armonización de la legislación nacional con sus compromisos internacionales; garantizar que las violaciones a los derechos humanos por fuerzas de seguridad sean investigadas sistemáticamente, los autores sean llevados ante la justicia y las victimas sean indemnizadas; alinear el código militar con los estándares internacionales; reconocer la centralidad de los derechos humanos y el Estado de derecho en el enfoque de seguridad pública; así como la lucha contra la impunidad, que debe ser una prioridad del gobierno, entre muchas otras.

Pero al parecer en nuestro país no se aplica ninguna, por el contrario la curva de violencia, crimen, inseguridad, impunidad, pobreza va en aumento, las quejas por violaciones a los derechos humanos relacionadas con la Secretaría de la Defensa Nacional han aumentado drásticamente, según informes de la CNDH, no hay políticas públicas integrales que prevengan, investiguen y sancionen a los responsables, faltan mecanismos de protección y reparación para las personas víctimas de desaparición forzada, tan solo vemos una total ausencia del Estado mexicano para hacer frente a sus compromisos internacionales, sigue debatiendo si cumplir o no las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pareciera que México tiene un grave problema con reconocer la fuerza y facultades de las que está revestido el tribunal hemisférico, existe un “choque cultural” que le impide aceptar que es su obligación cumplir de buena fe todo lo ordenado.

El Estado mexicano tiene deudas pendientes con miles de víctimas, y no es justo que mientras la sociedad marcha en protesta contra la ola de violencia y crimen perpetuado y en solidaridad con un escritor que reclama la muerte de su hijo, existan declaraciones tan abruptas como las del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien afirmó que la violencia en México disminuirá “en siete años”, ¡tremenda burla para el pueblo mexicano! Como si estuviéramos obligados a padecer otros siete años más de tragedia continua o lo que a ellos se les ocurra, son palabras que ofenden, porque si la situación llegó a este estado de gravedad es porque ellos no están haciendo bien su trabajo.

Faltan muchas cosas, pero es necesario actuar porque tal parece que a nuestro gobierno le importan más atrapar delincuentes y los grandes decomisos que la recuperación del espacio ciudadano y el fortalecimiento del Estado de derecho. Como sociedad no podemos ser solo expectantes, podemos adoptar el pacifismo pero nunca la pasividad ante la injusticia y el dolor que miles padecen, hoy ellos y tal vez mañana nosotros.

Es un error gravísimo que naturalicemos el crimen y la violencia, no debemos acostumbrarnos a vivir en una sociedad salvajemente violenta ni verla como algo normal, mucho menos resignarnos a que esta situación decadente seguirá sin que nada la detenga, tenemos un derecho legitimo de vivir en seguridad.

En la 74 Convención Bancaria, celebrada en nuestro país los días 7 y 8 de abril, el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, señaló “que la causa de la violencia en México es la cantidad de años que los más pobres fueron tratados sin atención… El problema que vemos hoy en día en el mundo es la falta de decisión política, no es un problema económico, es decisión política” dijo Lula, y agregó:

“Muchos me criticaron diciendo que era una política populista, proselitismo, que era asistencialismo, que yo debería hacer puentes, construir carreteras y ferrovías. Y yo realmente quería hacerlo, pero también quería que el segmento más pobre de la población pudiera comer las calorías y proteínas necesarias para la vida del ser humano; y que pudieran ellos construir esos puentes y esas carreteras que el país tanto necesita”.

El testimonio de Brasil en voz de su ex presidente es muestra de que la voluntad es un huracán, un huracán que arrasa con cualquier obstáculo, un huracán que une voluntades aún las más lejanas.

Si hay algo de lo que no podemos culpar solamente al Estado mexicano es que a todos nos ha hecho falta voluntad para actuar.

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