Las desapariciones en Durango van en aumento: Derechos Humanos

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(CNNMéxico) — La exhumación de 104 cuerpos en fosas clandestinas en el norteño estado de Durango llamó la atención de autoridades y familiares que buscan a 176 personas presuntamente desaparecidas en la entidad en poco más de dos años.

La cifra corresponde al periodo de 2009 hasta abril de 2011, y de ésta poco más del 89% son hombres y el resto mujeres, de acuerdo con reportes proporcionados a CNNMéxico por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDH).

"(En las estadísticas) nos quedamos muy abajo en lo que en realidad son las desapariciones forzadas. Se ha incrementado muchísimo, precisamente por esa guerra que se desató, no solamente de las autoridades hacia los grupos (delictivos), sino entre los mismos grupos que se disputan territorios o plazas", señala a CNNMéxico el presidente del organismo, Carlos García Carranza.

El gobierno federal lanzó una ofensiva en diciembre de 2006 contra la delincuencia organizada que hasta 2010 cobró la vida de 34,612 personas, según cifras oficiales y, de esta cantidad, Durango acumuló casi el 5.5% del total.

Entre los desaparecidos, afirma el ombudsman, hay jóvenes de entre 17 a 22 años, y adultos que rebasan los 40 años. Debido a que los expedientes siguen abiertos, el funcionario se reservó más detalles.

Una desaparición forzada es la privación de la libertad de una o más personas cometida por las autoridades, individuos o grupos que no dan a conocer el paradero del desaparecido e impiden el ejercicio de garantías, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sólo 3 personas localizadas

De las 130 denuncias registradas por la CEDH en poco más de dos años por presuntas desapariciones forzadas, derivaron en la localización de tres personas vivas: dos ubicadas en 2010 y una en 2009, según las cifras de la institución.

"Fueron resultados muy pobres los que se obtuvieron en ese sentido", reconoce el ombudsman.

Hasta abril de 2011, la CEDH había documentado la desaparición de 37 personas, de las cuales 34 eran hombres y el resto mujeres.

Mientras que 96 personas desaparecieron en 2010, según la CEDH, y de éstas 86 fueron hombres y 10 mujeres. En 2009, por otro lado, el número llegó a 43 en total: 37 de sexo masculino y 6 del femenino.

En este periodo, el estado que más solicitó colaboraciones con el organismo fue el norteño Nuevo León, donde la creciente violencia desencadenó las desapariciones forzadas de jóvenes.

La Fiscalía de Durango no publica estadísticas de desapariciones forzadas en sus portales de internet, y la legislación local carece de una definición para delegar a autoridades específicas la investigación de estos casos, de acuerdo con el informe de 2011 de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.


Fosas clandestinas

El hallazo de 104 cadáveres a lo largo de abril en Durango, la capital de la entidad del mismo nombre, coincide con el del municipio de San Fernando, en el norteño estado de Tamaulipas, donde las autoridades encontraron 183 cadáveres en cuarenta fosas.

El titular de la CEDH afirma que desde estos descubrimientos, la institución empezó a localizar a las personas que han ido al Servicio Médico Forense (Semefo) de Durango con la esperanza de reconocer a algún familiar desaparecido, para documentar sus casos.

García Carranza dice que por el grado de descomposición de los cadáveres es necesario realizar exámenes para identificar el acido desoxirribonucleico (ADN) y cotejarlos con los casos de personas desaparecidas en el estado.

Asegura que la Fiscalía de Durango coadyuva con la CEDH y que comisiones de derechos humanos de otros estados que han denunciado desapariciones masivas de personas, como las de Guanajuato y Quéretaro, han solicitado el apoyo del organismo.

Por cuestiones de competencia institucional, la Fiscalía se deslindó de la investigación de las fosas clandestinas. Durante una rueda de prensa ofrecida el pasado 27 de abril, Ramiro Ortiz Aguirre, titular de la dependencia, explicó que sólo coadyuvaban operativamente con las autoridades federales.

El fiscal explicó que le correspondía a la Procuraduría General de la República (PGR) dar continuidad a la indagatoria, porque la institución carecía de "sustento en el inicio de la investigación y quienes tienen la información son ellos".

Ortiz Aguirre mencionó que entonces sólo tres personas habían acudido a la Fiscalía a reconocer cadáveres, pero que éstas nunca habían denunciado la presunta desaparición de sus familiares hacía 8 meses.

Hasta el 27 de abril, el fiscal informó que 81 cuerpos habían sido exhumados por la Policía Federal (PF) en un terreno ocupado como taller mecánico en el fraccionamientos Las Fuentes, y 13 más en una finca deshabitada.

Organizaciones de la sociedad y académicos concuerdan que es necesario la conformación de una base de datos nacional que contenga información biométrica de las víctimas de desapariciones forzadas compartida por las fiscalías de los estados, así como una voluntad política para investigar los casos.

Violencia en aumento

Las fosas clandestinas irrumpen en un panorama de violencia para Durango. Y es que las estadísticas indican que la delincuencia se multiplicó desde hace cuatro años en el estado, según cifras del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI).

La cifra de homicidios dolosos se quintuplicó de 2006 a 2010: pasó de 205 a 1,025. En este periodo se registraron en total 2,840 de estos delitos.

"La gente tiene miedo de trasladarse por las carreteras de Durango, ya no es la callada y tranquila ciudad colonial que disfrutábamos todos. Ahora es un peligro constante", afirma a CNNMéxico el premio Nacional de Derechos Humanos 2007, el duranguense Jaime Pérez Calzada.

Las cifras oficiales del gobierno federal también indican que los homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada aumentaron ocho veces en tres años, pues pasaron de 108 en 2007 a 834 en 2010.

Además, los secuestro en Durango pasaron de cero en 2006, a 79 en 2010. En en ese lapso, el ICESI estima que se denunciaron 124 de estos delitos.

Durango, junto con los estados de Chihuahua y Sinaloa, conforma el Triángulo Dorado de las drogas en México, considerado uno de los refugios del capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, líder del cártel de Sinaloa.

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