El número de víctimas por desaparición forzada en el estado de Oaxaca, en el sur de México, no ha cesado en los últimos años.

OAXACA (CNNMéxico) — El número de víctimas por desaparición forzada en el estado de Oaxaca, en el sur de México, no ha cesado en los últimos años.

Una de las historias más conocidas es la de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que desaparecieron hace cuatro años en la capital del estado. Días después los reclamaron como militantes del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR). La organización, los familiares y activistas reclaman que los encuentren con vida.

Desde hace 72 días, se desconoce el paradero del profesor Carlos René Román Salazar, integrante de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sus familiares reclamaron auxilio en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Uabjo), a ocho cuadras del hotel donde policías y militares supuestamente detuvieron a Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

El recinto universitario fue el escenario de los trabajos del Foro de Desapariciones Forzadas en Oaxaca, el rostro de la impunidad. La cita estaba englobada en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, organizada en México por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos con motivo de los cuatro años del caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

A estos dos desaparecidos se sumaron otros dos nombres el 5 de julio de 2007, los de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas en la Región Triqui.

El siguiente caso fue el 30 de diciembre de 2008, cuando se empezó la búsqueda del indígena Lauro Juárez, que desapareció tras participar en una movilización para protestar por acciones antidemocráticas de un grupo caciquil en la comunidad de Santa María Temaxcaltepec.

Los 70,000 miembros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como familiares y amigos piden la presentación con vida del maestro Carlos René Román Salazar, desaparecido el 14 de marzo de 2011, en el trayecto de su domicilio particular a la casa del líder de los maestros de Oaxaca.

"La desaparición forzada de personas en Oaxaca no es un hecho reciente, ni aislado, ni mucho menos casual. Obedece a un contexto de acciones de hostigamiento implementado en contra de personas identificadas con la lucha social que se ha venido enfrentando en diferentes épocas o momentos contra el orden de cosas establecido”, asegura el abogado oaxaqueño Israel Ochoa Lara.

El letrado recordó durante el foro que las desapariciones forzadas en Oaxaca rememoran "los años setenta del siglo pasado, durante la época del llamado movimiento democrático universitario”.

Sin embargo, “la época de mayor actividad represiva en la cual se suscitaron diversos casos de desaparición de personas ocurrió a partir de 1996 y hacia la actualidad”. En la memoria de Ochoa Lara se encuentran las historias de esos casos.

Los desaparecidos, luego de días, semanas o meses, eran presentados por la entonces Policía Judicial del Estado en reclusorios estatales o federales, acusados de diversos delitos vinculados con su presunta participación en las acciones armadas del EPR realizadas a partir del mes de agosto de 1996 en lugares como Huatulco, Tlaxiaco y la ciudad de Oaxaca, con saldo de una veintena de muertos, entre militares, policías, civiles y guerrilleros.

“Todo esto ocurrió durante el periodo del entonces gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, del cual, el actual gobernador, Gabino Cué Monteagudo, fungía como secretario técnico” del Poder Ejecutivo de Oaxaca, añade Ochoa Lara en su conversación con CNNMéxico.

Sucesión de casos desde los 90

Septiembre de 1996. Evaristo Peralta Martínez, ex regidor de Cárceles y Panteones del municipio de Miahuatlan de Porfirio Díaz.
11 de febrero de 1997. El pintor Nicéforo Urbieta.
19 de febrero de 1997. Máximo Pacheco Alonso, originario de Llano Paraje Loxicha.
6 de marzo de 1997. Doroteo Felipe Santiago y Hermenegido Martínez Martínez Valencia. Desaparecieron en un operativo del Ejército Mexicano y agentes de la entonces Policía Judicial del Estado, en Magdalena Loxicha.
El 21 de marzo de 1997. El maestro Ignacio Niño García. Agentes de la Policía Judicial del Estado y hombres vestidos de civil desalojaron a un grupo de personas de un plantón en el municipio de San Agustín Loxicha.
El 20 de julio de 1997. Felipe de Jesús Antonio Santiago y Marcelino Santiago Pacheco, indígenas loxichas. Detenidos y desaparecidos en el llamado Parque del Amor de la ciudad de Oaxaca. “Estuvieron desaparecidos durante nueve meses, sometidos a torturas físicas y psicológicas, y posteriormente presentados y acusados de diversos delitos en las cárceles de las poblaciones de Pochutla y Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca, respectivamente”, recuerda el abogado.
El 26 de diciembre de 1997. Álvaro Sebastián Ramírez. Fue capturado en el centro de la ciudad de Oaxaca y presentado 15 días después por la policía en el Reclusorio de la Villa de Etla. Fue puesto a disposición de diversos jueces estatales y federales para enfrentar diversos procesos penales.
25 de febrero de 1998. desapareció Adalberto Jorge Pacheco Santiago, en la comunidad La Conchuda, perteneciente a San Agustín Loxicha.
A mediados de 1998, en la ciudad de Oaxaca, fue capturado y desaparecido Simón Antonio Juárez, originario de Llano Maguey, Loxicha.
15 de julio de 1998. Ignacio Gómez García. No se supo de su paradero durante cuatro meses. Posteriormente fue presentado por la policía en el reclusorio de la población de Jamiltepec. Ese mismo día fue detenido en San Felipe del Agua, Oaxaca, Juan Sosa Maldonado, quien al igual que Ignacio Gómez García fue presentado 25 días después de su desaparición por la Policía Judicial del Estado en el reclusorio de Matías Romero. También en 1998 desapareció el profesor Mario Cruz López.

Formalizar un delito

José Enrique González Ruiz, integrante de la Comisión de Mediación entre el Ejército Popular Revolucionario y el gobierno federal, reconoció la importancia que tiene en el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez en la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual presenta los elementos suficientes para tipificar el delito de desaparición forzada de personas.

La Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior nacional, apoyó al gobierno de Oaxaca en la teoría de que los eperristas habían sido secuestrados por delincuentes de la entidad, pero rechazaron que se hubiera cometido el delito de desaparición forzada.

El actual gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, dijo este miércoles que su administración seguirá con la investigación del caso y se comprometió a investigar si el gobierno anterior —a cargo de Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional— es responsable de la desaparición.

González Ruiz, al participar en dicho foro sobre desaparecidos, aseguró que el estado de Oaxaca, como entidad jurídico-política, “no había aceptado la recomendación” de la CNDH, pero cuando llega a la gubernatura del estado Gabino Cué Monteagudo, luego de que el Partido Revolucionario Institucional perdió las elecciones del 4 de julio de 2010, “la acepta”.

El mediador dijo que los integrantes de la Comisión de Intermediación entre el EPR y el gobierno federal consideraban que, si el gobierno de Cué Monteagudo tenía la intención de aceptar en sus términos la recomendación 7/2009 de la CNDH, debería realizar actos que la materializaran.

Una muestra de esa voluntad del gobierno de Oaxaca, agregó González Ruiz, “es que la averiguación que se lleva aquí en la Procuraduría General de Justicia del Estado se encamine, se formalice, por desaparición forzada de personas, ese sería un hecho simbólico importante que presionaría al gobierno federal para que hiciera lo mismo y para que abriera camino a encontrar una verdadera solución de fondo, de otro modo sería una aceptación meramente verbal, declarativa y quedaría en el terreno de las buenas intenciones”.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció en 1994 que una desaparición forzada es la privación de la libertad a una o más personas cometida por las autoridades, individuos o grupos que no dan a conocer el paredero del desaparecido, seguida de la negativa de reconocer esta acción y el impedimento al debido proceso y el ejercicio de garantías.