No más desapariciones forzadas en Michoacán

No más desapariciones forzadas en Michoacán

Julio Pimentel Ramírez

Este 30 de mayo concluyó la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, durante la cual se llevaron a cabo diversos actos de protesta, reflexión y exigencia de que nunca más el Estado recurra a esa infamante práctica que constituye un delito de lesa humanidad que en México y Michoacán afecta a un gran y creciente número de personas.

En México, según organizaciones de familiares y de derechos humanos fueron víctimas de desaparición forzada más de mil 200 personas durante la llamada “guerra sucia” de las décadas 60 a 80 del siglo pasado, mismas que continúan en espera de verdad y justicia, en que se ponga fin a la impunidad en la que permanecen los responsables intelectuales y materiales de esa criminal estrategia de contrainsurgencia.

Este mes de julio se cumplen 40 años de la detención desaparición, en Michoacán, de la familia Guzmán Cruz: don José de Jesús Guzmán Jiménez; Amafer, Armando, Solón y Venustiano Guzmán Cruz; así como José Luis Cruz Flores, Rafael Chávez Rosas y Doroteo Santiago Ramírez; largo periodo en el que sus familiares acompañados durante la última década por la Fundación Diego Lucero y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, han recorrido un largo e intrincado camino exigiendo justicia en instancias nacionales e internacionales.

Michoacán es una entidad que ha jugado un destacado papel en la historia nacional, mismo que mantiene en la actualidad caracterizada por una compleja crisis económica, política, social y de seguridad que tiene a los mexicanos y, por supuesto, a los michoacanos colocados frente a disyuntivas que demandan participación consciente de los ciudadanos para evitar una catástrofe de incuantificables dimensiones.

Recordemos someramente la participación de las masas populares y de caudillos como Miguel Hidalgo y José María Morelos en la Independencia; la función del General Lázaro Cárdenas del Río en los momentos culminantes de la Revolución Mexicana (la expropiación petrolera, el fortalecimiento de ejidos y comunidades, la creación del Instituto Politécnico Nacional, etcétera), antes de que comenzara su declive.

Recuérdese cómo los gobiernos priístas enfrentaban las demandas de campesinos, obreros, maestros, médicos y estudiantes no por la vía del diálogo y la apertura democrática sino recurriendo a la represión que encubría con el manto de lo que hoy se conoce como criminalización de la protesta social, es decir los acusaba de delitos comunes y con frecuencia recurría a delitos tales como el de disolución social, motín, asociación delictuosa.

En los años 60 y 70 Michoacán fue escenario de movilizaciones estudiantiles que demandaban espacios democráticos y una transformación social radical, destacando jóvenes que respondían a la represión del régimen buscando formas distintas de enfrentar el autoritarismo.

Aquí sólo mencionaremos que las casas de estudiantes, en las que no solamente pernoctaban alumnos de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo sino en las que se formaban política e ideológicamente, fueron semilleros de grupos que ante la cerrazón gubernamental y en búsqueda de una sociedad socialista optaron por la lucha armada.

De ahí se nutrió en forma importante el Movimiento de Acción Revolucionaria, organización guerrillera de la que formó parte Amafer Guzmán Cruz y otros jóvenes, muchos de los cuales padecieron cárcel, tortura o fueron víctimas de la aberrante práctica de la desaparición forzada.

Mientras hace cuatro décadas padecimos la llamada “guerra sucia” del pasado -cuyas consecuencias persisten hasta nuestros días pues en México no se ha desarrollado un verdadero proceso de transición democrática, tal como queda patente si se hace un balance de lo que sucede actualmente en todas las esferas de la sociedad-, ahora nos encontramos en el laberinto de violencia desatada por la “guerra” contra algunos cárteles del narcotráfico, estrategia diseñada por Felipe Calderón como una manera de allegarse la legitimidad de la que carece de origen.

En este cuadro de muerte y sangre Michoacán fue seleccionado por el inquilino irregular de Los Pinos como un laboratorio: fue la primera entidad en que se instrumentaron los llamados operativos conjuntos, con la participación directa y creciente de militares y policías federales. Son múltiples las ocasiones en que el gobierno federal ha roto el pacto federal y ha pisoteado la soberanía de la administración estatal y de los michoacanos.

Por eso no sorprende que Michoacán sea elegido para ensayar un golpe de Estado disfrazado al barrer la voluntad ciudadana expresada en la urnas para escoger a sus gobernantes -aunque el actual sistema de partidos deja mucho que desear no es con imposiciones cupulares como se hará avanzar la democracia sino con la participación ciudadana consciente y organizada- imponiendo al próximo gobernador a través de un pacto acordado por un puñado de ricos, dirigentes partidarios desprestigiados hasta la médula, todos dirigidos por un Calderón desesperado que siente que se le escapa de las manos el poder, que en realidad nunca ha controlado.

Michoacán no es la excepción en el ambiente de inseguridad extrema, hay estados en similares o peores condiciones: Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Coahuila, Baja California, Nayarit, etcétera. En realidad el cáncer del crimen organizado y el narcotráfico, su principal vertiente hace metástasis en todo el cuerpo de la República, enfermedad que sí tiene cura pero no con la “medicina” de combatir la violencia con violencia, la de militarizar la seguridad pública, la de contar con una enorme policía federal dirigida por nefastos personajes, que en los hechos se convierten en una amenaza para la sociedad y la democracia.

Por eso es preocupante que en el 2012, bajo el pretexto de la inseguridad se pueda pretender anular las elecciones e imponer a un presidente que siga las pautas ordenadas desde Estados Unidos a Felipe Calderón. Es más, ¿quién nos asegura que una de las pretensiones no sea la de generar condiciones y una corriente de opinión que se manifieste por que se extienda unos años la actual administración panista, hasta que no vuelva la paz al país?

Ante todo esto es indispensable que los michoacanos eviten que prosperen esas descabelladas ideas y se decidan a tomar el destino en sus manos. Entre las tareas pendientes se encuentran la de legislar en materia de desaparición forzada, poner fin a la impunidad y alcanzar verdad y justicia en los casos de michoacanos desaparecidos, tanto de los que la padecieron hace 40 años como los que son víctimas de ese delito de lesa humanidad en tiempos recientes.