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Madres y padres de Nuevo León no cesan la búsqueda de sus hijos

Lunes 6 de junio de 2011, por Hasta encontrarlos


La búsqueda no cesa

(CNNMéxico) - Para las madres y padres integrantes de la agrupación Familias Unidas por Libertad y Justicia, en el norteño estado de Nuevo León, la búsqueda por conocer el paradero y condición de sus hijos desaparecidos forzosamente aún continúa.

Aunque el estado no ocupa los primeros puestos en desapariciones forzadas en México, de acuerdo con el último informe del Programa Especial de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismos internacionales como Human Rights Watch ha advertido que esta práctica se ha recrudecido desde 2006, cuando el gobierno federal inició la Estrategia Nacional del Combate a la Delincuencia.

De la cifra de 5,397 personas que la CNDH registró entre 2006 y 2010, los estados con más incidencia fueron Puebla (1,107), Estado de México (913), Coahuila (514), Distrito Federal (325) e Hidalgo (220).


Y en el intento, desaparecieron

Jacobo Mejía nunca se imaginó que un viaje de descanso a su finca en Villa de Santiago iniciaría una tragedia que culminó con la desaparición de dos de sus hijos.

El 13 de noviembre de 2010 llegó a su propiedad, donde un comando lo interceptó a él y su esposa. Los maniataron, cubrieron el rostro y retuvieron un día entero, hasta que sus captores los subieron a sus camionetas y se dirigieron al municipio de Doctor González. Ahi los delincuentes se enfrentaron a soldados en un retén militar, algunos de ellos murieron, otros escaparon o fueron capturados.

El matrimonio salió ileso, pero se enteraron que su hija, Bárbara Mejía, de 37 años, se había dirigido a la finca para negociar la liberación de sus padres, pero la privaron de su libertad. Su hermano, Juan Mejía, de 46 años, negoció su liberación por 200,000 pesos. Desapareció cuando se dirigía al lugar pactado con los delincuentes.

La Marina detuvo a cinco presuntos implicados en los secuestros y despariciones. “Uno se siente impotente”, dice Jacobo, cuando recuerda a sus hijos desaparecidos y la voz de aquellos que lo secuestraron por más de un día. La investigación de las desapariciones sigue en curso.

Nota del editor: Se cambiaron fechas, nombres y situaciones de esta historia a petición expresa de los entrevistados.


Versiones encontradas

“¿Por qué me está cambiando la versión del delito?”, cuestionó María Berta Cortés Rodríguez a Héctor del Real, abogado de la empresa en la que trabajaba su hijo, al percatarse que cambiaba las circunstancias en las que había desaparecido.

Su hijo, Arturo Hernández Cortés, de 40 años, fue interceptado por un grupo armado aproximadamente a las 14:30 horas del 27 de julio de 2010, a sólo 30 metros de llegar a Pacas y Metales S.A. de C.V., empresa ubicada en Apodaca y en la que trabajaba desde hacía más de 4 meses como guardespaldas del dueño, Miguel Ángel Treviño Cantú.

Trabajadores de la empresa le dijeron que no sabían nada de él ni de otro compañero, Juan Jesús Espinosa Salas, también desaparecido. El abogado le comentó que Arturo había acompañado a su jefe de cacería y que “posiblemente los tuvieran los soldados, porque tenían armas largas”.

Dos días después, en la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el abogado declaró las condiciones reales en las que desapareció Arturo.“Me dijo que eso era lo que le habían dicho a él”, recuerda la madre.

El empresario huyó a Estados Unidos. En diciembre de 2010 habló con la madre: “Me dijo que no iba a venir para acá porque no había manera de que se acabara esto, que él prefería quedarse allá”, recuerda.

A sólo 4 cuadras de su casa

Detrás de una desaparición no sólo puede estar el flagelo del narcotráfico o la complicidad de las autoridades, sino también los rostros de aquellos con los que todos los días se convive.

Mientras Raymundo Cepeda Gorena, de 40 años, estaba sentado en una banca, a cuatro casas de su domicilio, los conductores de dos taxis se aproximaron a él y lo sometieron. Se lo llevaron en uno de los vehículos un 5 de agosto de 2009, a casi 9 meses de haber regresado a México después de trabajar cuatro años en Canadá.

“A mí nunca me hablaron para pedirme rescate, a mí nunca me hablaron para decirme que tenían a mi hijo, nunca. Desde el momento en que desapareció, no he vuelto a saber nada de él”, dice la madre de Raymundo, Socorro Gorena Ontiveros, quien lo viera por última vez un día antes de su desaparición.

Con angustia, la madre explica que su permanencia en Monterrey sólo era temporal, mientras regularizaba el estatus migratorio de sus hijos para que obtuvieran la ciudadanía canadiense. Raymundo se desempeñaba como decorador y sus salidas se limitaban a las calles de la colonía donde vivía.

Una tragedia marcada por la profesión

Además de los lazos sanguíneos, la profesión era algo más que los unía. Geovany y Julián Eduy Urbina Aguilera, de 25 y 26 años, compartían con su padre, Julián Urbina Torres, de 47, las motocicletas de la Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey, con las que recorrían las calles y avenidas de la ciudad.

Los tres oficiales de tránsito desaparecieron un 26 de noviembre de 2008 cuando presuntamente concluyeron sus trabajos y se dirigían a su casa, donde los esperaba Gloria Aguilera Hernández, esposa y madre de las víctimas.

Al no responder a sus celulares, el único de sus hijos que no desapareció, Érick Samuel, y su nuera, Norma Berenice León Fascio, se dirigieron a las oficinas de Tránsito y preguntaron por ellos. Sus compañeros les dijeron que ese día habían entregado sus motocicletas y partido.

De regreso en su domicilio, un oficial identificado sólo como Rubén los esperaba en el umbral de su casa, mientras hablaba por radio. Él les prometió investigar “a unas personas” que probablemente habrían secuestrado a sus familiares.

Rubén se fue. Y así inició una investigación por parte de Gloria que la llevó a enterarse que las personas que se llevaron a sus hijos y esposo portaban chalecos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).


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