DESAPARICIONES FORZADAS: CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Se calcula que, en México, el 80% de las desapariciones han sido perpetradas por el ejército, pese a lo cual no hay un solo militar que haya sido sentenciado. Los militares mantienen el fuero de guerra, que se ha convertido en sinónimo de impunidad absoluta.

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Escrito por Raúl Garrido
Miércoles, 13 de Julio de 2011 08:41

Ante el surgimiento masivo de grupos armados revolucionarios, a finales de la década de los sesenta, el Estado mexicano ejerció la práctica de las Desapariciones Forzadas en contra de luchadores sociales, a través de la Brigada Blanca, creada por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) a cargo de Miguel Nazar Haro. 40 años después esta práctica sigue vigente, ha dejado más de 3 mil víctimas.

Según Amnistía Internacional la desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado, o agentes que actúan en su nombre. Después se niega que la persona se encuentre detenida, se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley. Es muy frecuente que las personas desaparecidas no sean jamás liberadas, que su paradero nunca llegue a esclarecerse. Sus familias y amigos, en muchos casos, jamás llegan a saber qué sucedió.

Esta práctica se realizó, con mayor fuerza, en el sexenio echeverrista contra movimientos u organizaciones sociales, como lo fue el dos de octubre de 1968 en Tlatelolco, o el 10 de junio de 1971 conocido como “el jueves de corpus”, pero también hacia toda persona sospechosa de participar, incluidos los familiares y activistas sociales. Este crimen, propio de los regímenes totalitarios, vulnera los derechos humanos de la víctima y por lo general se acompaña de otros delitos graves, como la tortura y la ejecución extrajudicial.

En los años de la guerra sucia -que abarca de los años sesenta a los noventa- ante la aparición de una oposición armada, todo tipo de guerrilla, el ejército y la policía política hicieron extensiva la práctica del secuestro, así como la pena de muerte clandestina a los guerrilleros (presuntos o probados), la cual en derecho penal se conoce como "desaparición forzada de personas".

Las primeras se llevaron a cabo dentro de los movimientos campesinos y estudiantiles. Entre los registros más actualizados sobre desaparecidos está el campesino Santiago García, de San Jerónimo de Juárez, Guerrero, miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), grupo guerrillero comandado por Genaro Vázquez, detenido el primero de mayo de 1968.

Especialistas, como Enrique González Ruíz, han descrito los efectos de la desaparición como expansivos. Se afecta no sólo a la víctima sino a todo su entorno. La incertidumbre, y el terror generados dentro de las redes sociales del desaparecido, no tiene comparación. Aunque no cabe hablar sólo de efectos disuasivos, éstos resultan los más comunes para inhibir la participación ciudadana en los movimientos sociales.

Hace 36 años, el 18 de abril de 1975, a manos de la DFS, fue detenido-desaparecido en Monterrey, Nuevo León, el hijo de Rosario Ibarra de Piedra, Jesús Piedra Ibarra, estudiante de medicina, que participaba en el grupo guerrillero Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecido hasta nuestros días.

Otro caso fue el de Leticia Galarza Campos, desaparecida por la Brigada Blanca, el 4 de enero de 1978, en el Distrito Federal, ella y su esposo David Jiménez Sarmiento formaban parte de la dirigencia de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Su detención fue dirigida por Salomón Tanos y Miguel Nazar Haro, según datos de la organización “Nacidos en la Tempestad” (http://nacidosenlatempestad.50webs.com/Bio_Leticia%20Galarza.htm). Hasta la fecha se desconoce su paradero. Le sobrevive su hija Alejandra Jiménez Galarza, quien actualmente se desempeña como abogada y participa activamente en varios grupos de defensa de Derechos Humanos.

Seis meses antes de la detención, detuvieron a su hermano, Francisco Galarza Campos de 18 años, así como también a su madre Josefina Campos de Galarza, les vendaron los ojos para trasladarlos con rumbo desconocido. Siempre estuvieron preguntando por el paradero de Leticia, el cual desconocían. Durante su encierro, que duró dos días, fueron torturados psicológicamente. La policía se llevó de la casa todo tipo de documentos oficiales, fotografías y pasaportes.

Las torturas fueron ejercidas con el fin de conocer el paradero, relaciones y actividades de Leticia. Señalaban "que si querían verla viva, dijeran donde estaba, de lo contrario la matarían o la desaparecerían cuando fuera localizada". Durante su encierro escucharon a otras personas ser torturadas.

El común denominador de las desapariciones de ciudadanos es que sean o no culpables, en lugar de ser sometidos al proceso penal correspondiente, son detenidos por agentes de alguna corporación policiaca o militar, para llevarlos a cárceles clandestinas. Por supuesto, el gobierno niega permanentemente tanto la detención como información sobre su paradero.

Actualmente las víctimas de esta práctica no son sólo guerrilleros sino también activistas de movimientos civiles y pacíficos a los que el Estado acusa de simpatizar con la vía armada. Los desaparecidos o asesinados por razones políticas han sido dirigentes, luchadores sociales. Como ejemplo tenemos los casos de Susana Chávez, Maricela Escobedo, la familia Reyes Salazar, Heriberto Pazos, las hermanas Daniela y Virginia Ortiz, el indígena chatino Lauro Juárez, Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Francisco Paredes Ruíz, entre muchos otros.

Se estima que en México hay más de tres mil desaparecidos por razones políticas, pocos casos son denunciados penalmente. Ésta cifra, por ser escasamente conocida, resulta escandalosa en términos comparativos con algunas dictaduras sudamericanas: Argentina cuenta con diez mil casos probados de desaparición forzada; Chile cerca de dos mil.

Se calcula que, en México, el 80% de las desapariciones han sido perpetradas por el ejército, pese a lo cual no hay un solo militar que haya sido sentenciado. Los militares mantienen el fuero de guerra, que se ha convertido en sinónimo de impunidad absoluta. El otro 20% de esta práctica ha sido realizada por miembros de las corporaciones policiacas y el servicio secreto -la antigua DFS, hoy Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. A la fecha no hay un solo procesado por los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la “guerra sucia”, por lo cual, en materia de impartición de justicia, México se encuentra entre los países más rezagados del continente.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), visitó nuestro país en marzo de 2011 con el objetivo de conocer el “esfuerzo” del Estado mexicano por combatir este fenómeno. Documentó, en sus observaciones preliminares, información de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos que estiman más de 3 mil víctimas, destacó el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en su revista “Consigna socialista No. 13.

Estas cifras en relación con las detenciones cometidas por fuerzas militares en contra de civiles quienes fueron llevados a instalaciones militares, según los datos que presentaron organizaciones como el Comité Eureka o la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM).

Jacobo Silva Nogales, ex preso político y ex comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), define la criminalización de la protesta social como una medida contrainsurgente que forma parte de las fases preventivas y disuasivas contra cualquier surgimiento armado o con fines revolucionarios.

Para Adela Cedillo la desaparición forzada es la manera más radical en la que se puede destruir a un ser humano, pues no sólo se le despoja de su derecho a vivir, sino también a morir, pues cancela la posibilidad de la sepultura, que es uno de los rituales sagrados más importantes que han compartido todas las civilizaciones desde la antigüedad. Homero nos narra, en La Ilíada, la desesperanza de Príamo por recuperar el cuerpo de su hijo, Héctor, muerto a manos de Aquiles el aqueo. En el derecho internacional humanitario la desaparición forzada está clasificada como un delito de lesa humanidad, de carácter continuo, múltiple e imprescriptible.

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