Más de 600 desapariciones en Michoacán durante el sexenio de Calderón: ONG´s Este martes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido-Desaparecido El Comité al que pertenece Janahuy Paredes, junto con el FNLS, han buscado acercamientos con los integrantes de la LXXI Legislatura local, a fin de que se pueda concretar en la entidad un marco normativo en materia de desapariciones. Hasta el momento sus esfuerzos han sido en vano, ya que los legisladores no muestran interés alguno en el tema.

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Más de 600 desapariciones en Michoacán durante el sexenio de Calderón: ONG´s
Este martes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido-Desaparecido
Patricia Monreal
Martes 30 de Agosto de 2011 • Enviar nota • Imprimir
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Morelia, Michoacán.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta 503 casos de desapariciones en Michoacán durante el sexenio de Felipe Calderón, a los que se suman 209 casos registrados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 111 denunciados por familiares de las víctimas, esto de acuerdo con las organizaciones sociales y datos de los organismos autónomos.

Este martes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, el cual se celebra luego de que a principios de la década de los 80 la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos declarara esta fecha a fin de recordar a los gobiernos de todas las naciones la existencia de esta práctica declarada por la OEA y la ONU como crimen de lesa humanidad.

En abril pasado, el ombudsman estatal Víctor Manuel Serrato Lozano reportaba que de 2008 a esa fecha se habían suscitado 209 desapariciones de michoacanos, de las cuales poco más de 60 se habían suscitado en los cuatro primeros meses de 2011.

Conforme a esos datos de la Comisión, en promedio cada 38 horas desaparece un michoacano sin que se conozca de su paradero.

En el informe anual de labores presentado el pasado17 de agosto por el procurador estatal, Jesús Montejano Ramírez, se refiere que en el último año la CNDH presentó 146 solicitudes de información a la Procuraduría de presuntos desaparecidos a fin de ubicarlos dentro de investigaciones ministeriales y 243 solicitudes relacionadas con desaparecidos en otras entidades; a su vez la CEDH presentó 102 solicitudes sobre personas desaparecidas para ubicarlos dentro de investigaciones ministeriales, y 149 de desaparecidos.

A finales del 2010, durante una visita por tierras michoacanas, el presidente de la CNDH, Raúl Plasencia Villanueva apuntaba que las venganzas entre miembros del crimen organizado son la principal causa en los casos de desapariciones en México, en donde los elementos policíacos y del ejército son los más señalados como responsables de este tipo de prácticas.

Para entonces el ombudsman nacional refería que Michoacán junto con Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nuevo León, eran las entidades que mayor número de casos de desaparecidos registraban en el país, y hablaba de la necesidad de generar un banco nacional de datos al respecto para poder atender el fenómeno.

En nuestro país, más allá del color de los gobiernos en turno, llámese federal o estatales, la desaparición forzada sigue siendo una práctica común como una manera de suprimir activistas sociales y políticos adversos al régimen. Aquellos que antaño condenaron e incluso padecieron esta práctica, hoy desde las esferas del poder la perpetúan.

Organizaciones no gubernamentales que van desde campesinas, urbanas, populares, de periodistas, obreras, etcétera, han denunciado en la actualidad que so pretexto de la lucha contra el narcotráfico, el gobierno criminaliza y persigue el movimiento social.

Integrantes de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDAFAM), el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta encontrarlos”, y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, sostienen que la desaparición forzada de personas sigue siendo el mecanismo “por el cual se reprime al pueblo y a sus organizaciones, pretendiendo con ello la eliminación física de quienes los gobiernos en turno consideran peligrosos o sospechosos, dando una salida policiaca-miliar con carácter abiertamente represivo a problemas estructurales de la sociedad”.

En Michoacán, entre los casos de desaparecidos que tiene documentados el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), de comuneros, autoridades indígenas y luchadores sociales: Francisco Paredes Ruiz en 2007, Javier Martínez Robles 2010, Gerardo Vera Orcino en 2010, José Trinidad Alonso Martínez en 2009, y Francisco de Asis en 2010; así como de los periodistas: José Antonio García Apac en 2006, Mauricio Estrada Zamora en 2008, María Esther Aguilar Casimbe en 2009, Ramón Ángeles Zalpa en 2010.

En el caso de la comunidad tabiquera de Uruapilla, municipio de Morelia,apuntan que fue detenido-desaparecido temporalmente el comunero Avenicio Reyna Cruz en julio del 2008, y conducido a una cárcel clandestina en donde fue sometido a tratos crueles y degradantes.

Susana Aguilar Pintor, integrante del FNLS, refiere dos características en la desaparición forzada como política del estado en México, una la que se da por motivos políticos y se aplica a todo luchador social y opositor al régimen; y la otra por razones sociales.

Por su parte Janahuy Paredes Lachino, del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta encontrarlos”, refiere que en los casos de desaparición que se han logrado denunciar, el gobierno estatal y federal junto con el Poder Judicial, evaden la responsabilidad que los obliga a presentar con vida a cada víctima, “la responsabilidad del estado mexicano es garantizar la seguridad del pueblo, para que este no sea sometido a estas terribles prácticas, así lo establecen los instrumentos que garantizan la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”.

El Comité al que pertenece Janahuy Paredes, junto con el FNLS, han buscado acercamientos con los integrantes de la LXXI Legislatura local, a fin de que se pueda concretar en la entidad un marco normativo en materia de desapariciones. Hasta el momento sus esfuerzos han sido en vano, ya que los legisladores no muestran interés alguno en el tema.

A nivel nacional no ha prosperado hasta el momento ninguna iniciativa para tipificar este delito, aunque se han presentado iniciativas en el Congreso de la Unión, en el Distrito Federal, Guerrero y Michoacán.

Y es que de acuerdo con las organizaciones, la desaparición no entra dentro del concepto de secuestro, ya que en ella no hay la solicitud del pago de rescate, además de que existe una participación directa del estado.

“La práctica de la desaparición forzada considerada por instancias internacionales como crimen de lesa humanidad, se ha convertido en una de las respuestas represivas sistemáticas del estado mexicano en los ámbitos estatal y federal. En muchos de los casos de detención desaparición las víctimas han sido asesinadas y encontradas con signos de tortura; al hacer de la desaparición forzada una práctica de estado para eliminar a críticos e inconformes con el gobierno y sistema, no sólo violan los derechos constitucionales sino los derechos humanos más elementales, plasmados en tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado Mexicano”.

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