Desapariciones forzadas: mecanismo de terror y control social

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[Brigada Mexiko 2011] Durante nuestra brigada por México hemos tenido ocasión de conocer de primera mano las luchas de organizaciones y colectivos que, a pesar de vivir realidades locales diferentes entre sí, hacen un análisis común de la situación actual que se vive en el país. Todos coinciden en señalar la “colombinización” que está viviendo México: un proceso a través del cual México habría pasado de ser un Estado democrático, que utilizaba la represión como mecanismo de control social, a convertirse en un Estado terrorista que ha ido formalizando la creación y financiación de grupos paramilitares, con el objetivo de crear un tercer actor que le permita evadir responsabilidades y seguir aparentando cierto grado de democracia mientras se asegura un control absoluto sobre la población y el territorio.

Los datos no dejan lugar a dudas. Solamente en los últimos 5 años se han contabilizado más de 50 mil muertes y más de 9 mil desapariciones; 35 luchadorxs sociales y defensorxs de los derechos humanos han sido ejecutadxs extrajudicialmente; un número indeterminado de desplazamientos forzados; centenares de decapitadxs, otros tantos descuartizadxs, decenas de fosas comunes, masacres jóvenes sin relación alguna con la delincuencia como de migrantes…; además de los cientos de civiles asesinados en los operativos de las fuerzas armadas, contabilizados como “daños colaterales” en la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado iniciada por Felipe Calderón en 2006.

Las cifras y los métodos utilizados para causar terror en la población y someterla a un férreo control son impactantes. Además, permiten hacerse una idea de los niveles de violencia sistematizada que vive México hoy en día. Llama especialmente la atención el número de desapariciones forzadas que han tenido lugar durante el último sexenio, cifras sólo comparables a las de las dictaduras militares de los años 70 y 80 en el cono Sur.

A nuestro paso por D.F. y Michoacán tuvimos la oportunidad de conversar con familiares de personas desaparecidas que forman parte del “Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos”. Este colectivo, con presencia en el DF, Oaxaca y Michoacán, surge a raíz de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el 25 de Mayo de 2007 en Oaxaca y Francisco Paredes Ruiz, el 26 de Septiembre de 2007 en Michoacán. Su labor central es la difusión y denuncia de la desaparición forzada como práctica sistematizada en México, con su participación en foros y campañas mediáticas. Sin embargo, el incremento de desapariciones en los últimos años ha dado lugar a necesidades específicas y su labor se ha visto ampliada hacia tareas de acompañamiento a familiares de detenidxs-desaparecidxs en los procesos de documentación y denuncia, así como en el asesoramiento jurídico, médico o psicológico.

Las principales demandas que hacen desde el Comité son: por una parte, la presentación con vida de los detenidxs-desaparecidxs y por otra, el juicio y castigo a los autores tanto materiales como intelectuales.
Desde el Comité nos explican cómo la desaparición forzada es una herramienta que utiliza el Estado en su guerra sucia para infundir el terror entre la población, aislar el individuo y romper el tejido social, consiguiendo así la desmovilización masiva de la sociedad y su objetivo final, que no es otro que el control absoluto de la población y del territorio.
Una persona es detenida para ser torturada e interrogada, posteriormente es asesinada y hacen desaparecer su cuerpo. Las autoridades nunca reconocen su detención y la persona pasa a ser una entidad casi irreal. Además, la desaparición forzada en México corre el riesgo de convertirse en un “crimen perfecto” dado que habitualmente no hay pruebas, ni cuerpo, ni delito y en la mayoría de los casos no hay investigación por parte de las autoridades, por lo que los crímenes quedan impunes no llegándose siquiera a abrir diligencias al respecto.

Si bien en un principio la desaparición forzada fue utilizada principalmente contra luchadorxs sociales o defensorxs de derechos humanos, últimamente ha habido un cambio en el perfil de las personas que están siendo desaparecidas. Se trata en su mayoría de jóvenes varones entre 16 y 35 años, que habitan en los suburbios de las ciudades y zonas pobres y que, por lo general, suelen ser personas no organizadas que no encajan con el tradicional perfil de activistas o luchadorxs sociales.

Este cambio de perfil en las víctimas junto con el tratamiento que se les está dando a las desapariciones desde los medios de comunicación ha contribuido a crear confusión entre la población ya que ha vuelto más difícil identificar las desapariciones como una política de Estado. Y es que, las desapariciones forzadas están siendo presentadas, tanto desde los medios como desde el Gobierno, como levantones, relacionando las víctimas con la narcoguerrilla, el narcotráfico o la delincuencia organizada.

Aunque es muy difícil hablar de cifras, se calcula que desde que Calderón comenzara su particular guerra contra el narcotráfico en 2006, el número de personas detenidas-desaparecidas asciende a 9.000. Solamente en el estado de Michoacán, en el último año y medio, han sido 503 los casos reportados, aunque hay sospechas de que puedan ser muchos más, ya que hay toda una política de hostigamiento a lxs familiares para que no presenten denuncias.

Aún así, cada día son más las personas que se acercan a organizaciones como ésta para denunciar la sistemática violación de los derechos humanos en el país. Y es que, tienen presente que sólo la organización de la sociedad podrá hacer frente y detener la maquinaria de muerte que ha puesto en marcha Felipe Calderón, cuyo objetivo es preservar los intereses económicos y políticos ajenos a la mayoría de la población.

¡¡¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!!
¡¡¡AHORA, AHORA, SE HACE INDISPENSABLE, PRESENTACIÓN CON VIDA Y CASTIGO A LOS CULPABLES!!

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