Texto y Video:El Estado mexicano debe resolver y evitar desapariciones forzadas de personas: Armando Contreras En marzo del 2011, las organizaciones de la campaña nacional contra la desaparición forzada plantearon ante el grupo de trabajo de la ONU, la urgencia de armonizar el derecho interno mexicano con los más altos estándares internacionales, y propusieron la creación de una ley general en contra de la desaparición forzada de personas, para prevenir, sancionar y erradicar esta practica, y establece medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la justicia y reparación integral del daño a las victimas directas e indirectas de este delito.

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México, Distrito Federal, martes 20 de septiembre, 2011

Senador: Armando Contreras Castillo

Oaxaca

INTERVENCIÓN EN TRIBUNA

El Estado mexicano debe resolver y evitar desapariciones forzadas de personas: Armando Contreras

Intervención del senador del PRD, Armando Contreras Castillo, para presentar proyecto de decreto que crear la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, reforma el artículo 215-A y deroga los artículos 215-B y 215-C del Código Penal Federal.

Armando Contreras Castillo (ACC). Gracias señor presidente, senadoras y senadores.

La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que desgarra desde las entrañas la estructura de la vida familiar y comunitaria, dejando una continua estela de dolor y sufrimiento.

Es un delito que se ha cometido en México por agentes del Estado, policías de todos los niveles de gobierno y elementos del Ejército y la Marina, así como por otros servidores públicos que desde posiciones políticas han sido autores intelectuales omisos o claramente tolerantes de la desaparición forzada.

Es uno de los más terribles delitos contra la dignidad de las personas y contra la humanidad.

Desde hace más de 40 años, desde el Estado mexicano se desplegaron acciones represivas que siguen impunes para desactivar la disidencia política y social al régimen de partido único y ahora, bajo el pretexto de la lucha contra las bandas del crimen organizado, se siguen cobijando la violencia política que da impunidad a quienes a través de esta deleznable práctica pretende desalentar la crítica social y política.

México firmó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas desde el 6 de febrero del 2007, y la misma fue ratificada por el Senado el 18 de marzo del 2008, sin embargo, no se ha avanzado con la armonización de la legislación interna con respecto al derecho internacional de protección a la dignidad de la persona.

Lo que deja a las victimas de desaparición forzada y a sus familiares en situación de indefensión y grave vulnerabilidad, esto es en sí mismo contradictorio con el espíritu de las reformas constitucionales de los derechos humanos y de amparo, que han significado un giro trascendental en el bloque de la constitucionalidad a favor de las personas.

De 2006 a la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un registro de más de cinco mil personas extraviadas o ausentes, o el informe del grupo de trabajo sobre desaparición forzada o involuntaria de personas de las Naciones Unidas, reportó más de tres mil personas desparecidas; otras fuentes informan que son más de 10 mil personas.

Independientemente del juego de las cifras lo cierto es que este delito se ha cometido y se sigue cometiendo en México porque las autoridades hacen poco o nada para terminar con la impunidad de un pasado y del presente, pese a que existe incluso una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reparar integralmente la desaparición forzada de Rosendo Radilla, por ejemplo, incluso con reformas en la materia.

En marzo del 2011, las organizaciones de la campaña nacional contra la desaparición forzada plantearon ante el grupo de trabajo de la ONU, la urgencia de armonizar el derecho interno mexicano con los más altos estándares internacionales, y propusieron la creación de una ley general en contra de la desaparición forzada de personas, para prevenir, sancionar y erradicar esta practica, y establece medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la justicia y reparación integral del daño a las victimas directas e indirectas de este delito.

El propio grupo de trabajo de la ONU derivado de su visita a México, realizada del 18 al 31 de marzo del 2011, señaló que en nuestro país no hay política pública, que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas.

Ni parece existir coordinación entre las autoridades federales, locales y municipales, ni entre las autoridades de los mismos niveles de gobierno. Miles de victimas de desaparición forzada son buscadas por sus familiares, porque no importa que Rosendo haya sido desaparecido en 1974, y que Edmundo o Gabriel lo hayan sido en el 2007.

El delito es continuado, al igual que el sufrimiento de las familias, por ello, por las víctimas de antes y de ahora y sus familiares, es urgente que se detenga esta práctica, pues un Estado que carga sobre sus hombros miles de personas desaparecidas, sin justicia, es de autoridad moral para reclamar a los delincuentes.

La impunidad en los delitos de desaparición forzada de ayer, es la misma que se protege con las autoridades y su corrupción en los delitos de ahora. Por ello, el Estado mexicano no puede, ni debe permanecer ajeno a la imperiosa necesidad de utilizar todos los medios legales a su alcance para evitar que los perpetradores de la desaparición forzada queden impunes.

Y esta iniciativa tiene como objetivo dotar de mejores herramientas legales al Estado y a las víctimas para prevenir, sancionar y erradicar este delito. A través de esta iniciativa queremos reconocer a las víctimas de desaparición forzada y a sus familiares, al Comité Eureka y Afadem, denunciar con firmeza que su casos siguen impunes y solidarizarnos con el esfuerzo de cientos de miles de luchadores sociales y de organizaciones de derechos humanos, y también con el Movimiento por la Paz y Justicia y Dignidad que sigue levantando su voz y rompiendo el silencio para decir: Vivos se los llevaron, vivos lo queremos.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD pone a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, y derogar asimismo diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Solicito presidente se publique el texto integro de la iniciativa en el Diario Oficial de los Debates.

Muchas gracias

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