CIDH: desapariciones forzadas por lucha antinarco son una “tragedia humanitaria”

Gloria Leticia Díaz
27 de octubre de 2011
Nacional

MÉXICO, D.F. (apro).- El relator especial para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rodrigo Escobar Gil, calificó las desapariciones ocurridas en el contexto de la guerra contra el crimen organizado implementada por Felipe Calderón, como “una verdadera tragedia humanitaria más” en el país.

En la audiencia temática Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, durante el 143 periodo de sesiones de la CIDH, en Washington, Escobar Gil dijo que si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reporta 5 mil personas desaparecidas “sin considerar cadáveres que se han identificado” en el gobierno de Felipe Calderón, “lo cierto es que no se trata de un problema de cifras porque ya es evidente que es una situación masiva de inseguridad y de intranquilidad, y de violaciones a los derechos humanos”.

El comisionado recientemente pidió a los representantes del gobierno calderonista, encabezados por el embajador Manuel Gómez Robledo y el subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, que le proporcionaran la información que se le negó durante su más reciente visita a México sobre las medidas concretas, y los programas y políticas especiales “para brindar una atención especial a las familias de las personas desparecidas”.

Escobar Gil también solicitó información sobre los cambios legislativos, los protocolos de investigación y los presupuestos destinados para atender el problema.

“Si de manera general se ha dicho que existe alto nivel de impunidad, el 98% al hablar de la desaparición forzada, el nivel de impunidad puede ser mucho más amplio; en realidad éste puede ser un problema muy angustioso porque para las familias mientras no se conozca la verdad, no va a haber justicia y no va a haber posibilidad de una verdadera reconciliación”, puntualizó.

El comisionado Felipe González cuestionó a la delegación mexicana sobre las acciones tomadas para obligar a las 32 entidades federativas a asumir “de manera más intensa” la atención a las víctimas y a las investigaciones sobre desaparición forzada, “y no hay una asimetría que favorezca la impunidad”.

Durante la sesión, el integrante de la Comisión para los Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, pidió una visita de integrantes de la CIDH a esa entidad, donde su organización tiene un registro de 253 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2007 y 2011. La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, tiene contabilizados 2007 desapariciones forzadas de 2005 a la fecha.

La cantidad supera por mucho el número de desaparecidos en el periodo de la “guerra sucia” contra los grupos guerrilleros en Sinaloa, cuando se contabilizaron 42 desapariciones forzadas; y contra las 87 víctimas que se registraron entre 1993 y 2003.

El defensor comentó que a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restringir el fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos contra civiles, los jueces castrenses siguen llevando el control de los casos de desapariciones atribuibles a soldados, con lo cual se perpetúa la impunidad.

Loza Ochoa puso como ejemplo el caso del joven Jesús David Rivero Quintero, reportado como desaparecido el 31 de agosto pasado en el municipio de Badiraguato, en la sierra de Sinaloa.

Rivero Quintero “tuvo la oportunidad de mandar un mensaje vía teléfono celular a su esposa Maricruz Valenzuela, donde le informaba que estaba detenido en el cuartel militar de Badiraguato. Su cuerpo apareció el día 9 de septiembre”.

La defensora Patricia Rivera Reyes pidió la intervención de la CIDH para que México erradique la figura del arraigo y la detención en flagrancia, “los cuales no son permisibles bajo el derecho internacional.

También demandó la participación de la CIDH en la creación de una comisión nacional de búsqueda, para la elaboración de planes nacionales de búsqueda, de una estrategia oficial para garantizar los derechos de víctimas.