Exigen desagravio en caso Radilla con la presencia de Calderón La negativa de la familia a aceptar las disculpas, explicó Radilla, se funda en que no se le tomó en cuenta para llevarla a cabo, como lo ordena la misma sentencia de la CoIDH.

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Gloria Leticia Díaz
18 de noviembre de 2011
Nacional

MÉXICO, D.F. (apro).- La familia de Rosendo Radilla Pacheco exigió una reposición del acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado en la desaparición del líder campesino, acto que deberá ser encabezado por el presidente Felipe Calderón, señaló Tita Radilla Martínez.

La hija del activista, quien rechazó la disculpa expresada por el gobierno de Calderón, fue condecorada este viernes con la presea Ponciano Arriaga que otorga la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), reconocimiento que compartió con el incansable defensor Miguel Concha Malo.

La víspera, el gobierno federal, a través del entonces encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación (Segob), Juan Marcos Gutiérrez, y la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, acudieron a Atoyac para encabezar un acto con la pretensión de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ceremonia a la que no acudió ningún miembro de la familia Radilla Martínez.

La negativa de la familia a aceptar las disculpas, explicó Radilla, se funda en que no se le tomó en cuenta para llevarla a cabo, como lo ordena la misma sentencia de la CoIDH.

“Hace tres días me llamó Omeheira (López Reyna, titular de la Unidad de Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Segob) y me dijo que el evento del lunes 14 se había cancelado por el accidente en el que murió el entonces secretario (Francisco Blake) y que por eso se iba a realizar este jueves”, contó la defensora al recibir su premio.

“Le recordé que el evento se había cancelado desde antes del accidente por (parte de) la familia Radilla, porque desde el miércoles nos habían dicho que el secretario no acudiría a Atoyac. Para nosotros fue una ofensa y nosotros no estábamos dispuestos a aceptar que se rompieran los acuerdos hechos desde meses antes”, destacó.

Tras lamentar la realización del evento sin la presencia de los familiares, Radilla puntualizó: “Si ellos (el gobierno de Calderón) no quieren cumplir, que no cumplan (…) Se supone que la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) ordenó un acto de satisfacción para las víctimas, pero a los únicos que satisface es a ellos. Nosotros no vamos a aceptar ninguna imposición. Seguimos en la lucha”.

En conferencia de prensa, al término del evento, Radilla insistió en que el gobierno de Calderón “hace como que cumple sin cumplir nada, a ellos no les interesa la satisfacción para la familia porque no nos consultaron y la sentencia es muy clara, sólo esperamos a que la CoIDH invalide el evento de ayer”.

Tras señalar que espera un resarcimiento de la “ofensa” recibida ayer, exigió que la disculpa pública de reconocimiento lo encabece Calderón.

Por su parte, el presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Juan Carlos Gutiérrez, representante legal de la familia Radilla, anunció que la próxima semana interpondrá un amparo contra el reconocimiento de responsabilidad por “omisión”.

Basado en las reformas constitucionales de derechos humanos y de amparo, así como en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al Estado mexicano a acatar los resolutivos del tribunal interamericano, explicó Gutiérrez, es que “se litigará la invalidez del acto, lo que obligaría a que se realizara ahora sí con el consenso de la familia y sus representantes, tal como lo ordena la CoIDH”.

La actuación del gobierno calderonista también fue reprobada por Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quien durante su discurso, al ser condecorado, se solidarizó con la familia Radilla “por el nuevo agravio” sufrido.

Ya en conferencia, Concha Malo llamó a todas las organizaciones de derechos humanos a sumarse al repudio del evento del jueves en Atoyac, porque “no se está haciendo justicia, no se está cumpliendo con nada ni se está resarciendo nada, sino que es un agravio más, fue un despropósito”.

El exrelator de la ONU para Desapariciones Forzadas, Santiago Corcuera, puntualizó que es “posible” reponer el evento de reconocimiento de responsabilidad, “pero lo que no veo es voluntad política por parte del gobierno para hacerlo”.

Al término del evento, el responsable de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidad para los Derechos Humanos (ACNUDH), Javier Hernández Valencia, consideró como “apresurado” el evento encabezado por el exencargado de despacho de la Segob, en el que “la voz fuerte de Tita Radilla, la principal impulsora de la lucha por la presentación de los desaparecidos, no se escuchó”.

El funcionario de la ONU lamentó que después de años en que otros países han dado ejemplo de cómo se cumplen las sentencias, “México aún no haya aprendido, y seguramente –dijo– tendrá que venir la CoIDH a ilustrar sobre ello”.

El presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, se sumó a la condena por la forma en que el gobierno calderonista realizó la disculpa pública, y resaltó que “el Estado mexicano sigue debiéndole una explicación a los familiares del señor Radilla, porque él continúa en calidad de desaparecido, de ahí la importancia de que estuvieran presentes”.

El ombudsman capitalino consideró que desde el punto de vista del derecho internacional “no se cubre el requisito fundamental de la reparación”, por lo que “será necesario que se entable comunicación con la familia para que sean ellos quienes determinen el paso siguiente”.

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