Obliga Corte a la PGR a hacer público expediente de caso Radilla

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Gloria Leticia Díaz
30 de noviembre de 2011 ·
Nacional

MÉXICO, D.F. (apro).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que obliga a la Procuraduría General de la República (PGR) a hacer público todo el expediente por la desaparición de Rosendo Radilla, permitirá demostrar que la indagatoria no se ha orientado a localizar al activista guerrerense y “sancionar a los responsables”, consideró el abogado Sergio Méndez Silva.

En entrevista, el también director del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) resaltó que una vez que la PGR cumpla con la resolución, “enviaremos copias de la averiguación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que el mismo tribunal regional constate que la Procuraduría nunca ha dirigido sus esfuerzos para investigar a los responsables de la desaparición de don Rosendo, que son militares, lo cual es incontrovertible a estas alturas”.

Recordó que la primera solicitud que hizo la hija de la víctima, Tita Radilla, para acceder al expediente se remonta a 2009, año en que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la PGR entregar copias a la familia.

Sin embargo, la dependencia federal se negó a acatar la resolución del IFAI, hecho que obligó a solicitar un amparo indirecto.

“El objetivo central e inicial de tener las copias era demostrar ante la CoIDH la falta de diligencia del Estado mexicano para localizar a don Rosendo; la PGR no sólo nos negó a nosotros la información, sino a la misma Corte Interamericana, de ahí que se vio imposibilitada a pronunciarse de forma específica sobre la conducción de la investigación llevada a cabo por la PGR, de ahí que el sistema interamericano se vio coartado por el gobierno mexicano”, acotó Méndez Silva.

Luego apuntó que entre las deficiencias más importantes que tiene la investigación del caso Radilla –expediente en el que se acumularon 121 desapariciones forzadas más— destaca la ausencia de declaraciones de responsables de la conducción del Ejército en los años setenta.

“La PGR debió interrogar a todos los altos mandos militares, empezando por Luis Echeverría Álvarez, quien fungió como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ya que la misma Corte Interamericana demostró que la desaparición de Rosendo no fue un acto aislado, sino que formó parte de una política de Estado encaminada al exterminio de los grupos guerrilleros de Guerrero, cometiéndose crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada”, dijo.

Más aún, añadió Méndez Silva, el Tribunal regional “podrá corroborar la falsedad de las declaraciones del Estado en sus informes trimestrales, de que está haciendo esfuerzos por localizar a Rosendo, y en el expediente podrán ver los jueces de la Corte que las excavaciones que se han realizado en el cuartel militar han sido orientadas por las versiones que ha obtenido la familia Radilla sobre los posibles sitios en los que podrían estar sus restos y los de cientos de desaparecidos más, y no porque la PGR hubiese interrogado a los mandos militares que estuvieron al frente del cuartel y que son quienes tienen la información de dónde están los restos”.

En tanto, CMDPDH y Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México (Afadem), organización de la que Tita Radilla es vicepresidenta, celebraron la resolución de la SCJN, pues consideraron que sienta “un precedente histórico en materia de transparencia relacionada con la defensa de derechos humanos”.

De esta manera, la Corte –destacaron las ONG en un comunicado– determinó “que las averiguaciones previas relacionadas con hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos no son reservadas, como ocurre con la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla por parte de elementos del Ejército Mexicano en 1974 en el marco de la ‘guerra sucia’, la cual se llevó a cabo en un contexto de desapariciones forzadas masivas ejecutadas por agentes del Estado mexicano, en términos de lo dicho por la CoIDH en la sentencia del caso dictada el 23 de noviembre de 2009”.

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