Las desapariciones forzadas en México no son registradas El pasado marzo el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU informó que en dos décadas ha transmitido al gobierno de México 412 casos. Aseguró tener reportes de al menos 3 mil casos de personas cuyo paradero se ignoraba de acuerdo a organizaciones civiles.

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Las desapariciones forzadas en México no son registradas

Las cifras que se hacen públicas difieren de las obtenidas por organizaciones internacionales; incluso, en 24 estados esas prácticas no están penalizadas, señalan.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navy Pillay.

La tortura y tratos crueles, así como las desapariciones forzadas, son violaciones a los derechos humanos que no se pueden contabilizar en México, porque se les reclasifica como lesiones o abuso de autoridad. Y las segundas como levantones, incluso en 24 estados las desapariciones forzadas no están penalizadas.

Las diversas cifras que se hacen públicas difieren en la cantidad de los hechos violatorios y se contraponen los registros oficiales con los obtenidos por las organizaciones nacionales e internacionales.

En su informe “Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México” la organización Human Rights Watch denunció que en el gobierno del presidente Felipe Calderón tan sólo en 5 estados —Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco— se tienen comprobados 170 casos de tortura y 39 desapariciones forzadas por parte de elementos del Ejército.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció en un informe entregado a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que aún persiste la tortura, pero aclaró que son “casos aislados, no es una práctica de Estado ni sistemática”.

Detalló que de 1992 al 2006, tan sólo 74 personas cumplieron sentencias por tortura en penales estatales y a escala federal sólo 6 personas compurgan una pena por esa causa, pero no aclara si son militares o policías. Y la PGR integró 63 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que de enero del 2006 al 31 de octubre de este año se registraron 3,812 quejas por tortura, trato cruel e inhumano, de las cuales 64 se presentaron contra la Sedena; 10 de la Secretaría de Marina; 16 de la Secretaría de Seguridad Pública y 10 de la Procuraduría General de la República.

Entre 2003 y 2006 la CNDH recibió 691 denuncias contra militares, esa cantidad aumentó a 4,803 en el periodo del 2007 al 2010 y de éstas sólo emitió 25 recomendaciones.

Casos denunciados

El pasado marzo el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU informó que en dos décadas ha transmitido al gobierno de México 412 casos. Aseguró tener reportes de al menos 3 mil casos de personas cuyo paradero se ignoraba de acuerdo a organizaciones civiles.

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registra (a noviembre) alrededor de 16 mil 800 desaparecidos, cifra en la que se contabilizan personas extraviadas y fallecidas no identificadas.

En un informe de abril pasado, la CNDH documentó 14 mil 295 personas desaparecidas, cifra que incrementó en los últimos seis meses con 2 mil 487 casos.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó por su parte, el pasado 9 de noviembre a los Senadores, que en este año ha recibido 1,187 denuncias contra militares que cometieron “errores” en el ejercicio de su deber.

Y agregó que hasta el momento hay 167 indiciados, 89 procesados, nueve sentenciados y 11 militares prófugos.

El Ejército reconoció tener registradas un total de 5 mil 678 denuncias en su contra, de las que 2 mil 306 son por cateos, mil 844 por detención ilegal y 393 por ejercicio indebido del servicio público, en lo que va del actual sexenio.

La Sedena en un informe titulado “Quejas y recomendaciones” informó que de las 5,789 quejas presentadas ante la CNDH contra el personal militar durante la presente administración hasta el 25 de octubre de 2011; 4,986 han sido concluidas, esto es 86.12 por ciento, y solamente 803 quejas se encuentran en trámite, lo que representa 13.88 por ciento. Y se emitieron 89 recomendaciones.

Destaca que del primero de enero al 25 de octubre de este año se han presentado 1,298 quejas ante la CNDH contra la Sedena, de las cuales 16 han concluido en recomendación, lo que significa 1.23 por ciento del total.

Calderón admite violaciones

••• El presidente Felipe Calderón admitió la semana pasada que durante el desarrollo de su política de seguridad las fuerzas armadas han cometido violaciones a los derechos humanos “inadmisibles, repudiadas y castigadas” por el Estado mexicano, pero no sistemáticas ni producto de una política institucional.

Y giró instrucciones a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de explorar mecanismos para que en los casos de integrantes de las fuerzas armadas acusados de cometer violaciones a los derechos humanos, y con apego a la ley, se transfiera o decline la competencia militar a favor del Ministerio Público y jueces civiles.

En varias ocasiones recordó que envió iniciativas de ley al Congreso vinculadas al tema de los derechos humanos, aún pendientes de resolución. Una de ellas propone reformar la jurisdicción y el fuero militar, para que los integrantes de las fuerzas armadas que cometan delitos de desaparición forzada de personas, violación o tortura, sean juzgados por tribunales civiles, no por militares.

Claves

Delito humanitario

• La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define el término como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado.

• Añade que una ejecución extrajudicial o extralegal es, según el derecho internacional humanitario, un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen.

México • Eugenia Jiménez

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