Llega a la CoIDH otro caso relacionado con la guerra sucia Ante la falta de acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño, los familiares de Jiménez Fragoso decidieron acudir al sistema interamericano de derechos humanos, con el fin de que el Estado mexicano atienda los cientos reclamos por las desapariciones forzadas realizadas la guerra sucia de los años setenta.

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Gloria Leticia Díaz
14 de diciembre de 2011

MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Felipe Calderón apuesta a “mantener la impunidad” en delitos cometidos durante la guerra sucia de los años setenta, denunciaron el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Fundación Diego Lucero.

En rueda de prensa, la directora de la Fundación Diego Lucero, Blanca Hernández, y el abogado del Centro Prodh, Andrés Díaz, anunciaron la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) del caso de la desaparición forzada de David Jiménez Fragoso, miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre, registrada el 7 de mayo de 1975 a raíz de su detención.

Además, denunciaron la pretensión del gobierno calderonista “de dar por terminado el tema” de los crímenes del pasado, situación que se agrava con “los nuevos casos de desapariciones forzadas ocurridas en los últimos años”.

Blanca Hernández resaltó que ante la falta de acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño, los familiares de Jiménez Fragoso decidieron acudir al sistema interamericano de derechos humanos, con el fin de que el Estado mexicano atienda los cientos reclamos por las desapariciones forzadas realizadas la guerra sucia de los años setenta.

Andrés Díaz explicó que para demostrar a la CoIDH el nulo interés del gobierno de Felipe Calderón de continuar con las investigaciones abiertas por la Femospp y enviadas a la Coordinación General de Investigaciones (CGI) de la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro Prodh solicitó información pública sobre la situación en que se encuentran los expedientes.

En las respuestas entregadas por la PGR se hace constar que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que encabezó Ignacio Carrillo Prieto, integró 570 averiguaciones previas, de las que 370 “están en trámite”, 110 fueron “archivadas” y una fue “reservada”.

Con base en los datos oficiales, apuntó Díaz, “no sabemos en qué situación están 82 averiguaciones previas, de ahí que es grave constatar la falta de interés del actual gobierno por procurar justicia para cientos de víctimas y sus familias”.

Según la información oficial, el Centro Prodh confirmó que después de las actuaciones realizadas por el exfiscal Carrillo Prieto “ningún procedimiento penal” nuevo se inició en contra de los presuntos responsables de desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, entre otros crímenes, y que ninguna de las averiguaciones previas se ha consignado ante un juez, de ahí que no haya sentencias en ningún sentido por esos casos.

Un hecho más de la falta de interés del gobierno calderonista, agregó, es la reducción paulatina que tuvo el presupuesto destinado a la CGI para la investigación de los crímenes del pasado.

Así, en el primer año de la gestión de la Femospp, en 2002, Vicente Fox asignó un presupuesto de 5 millones 867 mil y, en 2005, éste alcanzó su monto más alto: 14 millones 788 mil pesos.

En contraste, “para los primeros meses de 2006 sólo se otorgaron un millón 96 mil pesos y, actualmente, luego del cierre de la Femospp, el desdén del gobierno federal se ejemplifica al otorgar, este año, recursos por 442 mil pesos para la CGI”.

El abogado del Centro Prodh insistió en que “no hay ningún interés del Estado mexicano para resolver estos casos de justicia transicional”, lo que resulta sumamente grave, “pues los casos de hoy en día que más están marcando a la sociedad mexicana, en el contexto de la actual guerra (del narcotráfico), tienen que ver con desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, allanamientos de morada, tortura”, delitos que también fueron cometidos por fuerzas federales en el pasado.

Es por ello, dijo Díaz, que ante la falta de acceso a la justicia los familiares de David Jiménez Fragoso decidieron acudir a la CoIDH.

Jiménez Fragoso fue detenido el 7 de mayo de 1975 por elementos de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), a cargo entonces de Luis de la Barrera Moreno, quien en un documento reconoció que el entonces guerrillero rindió una declaración ante funcionarios públicos el 23 de mayo de ese año, e incluso fue visto por dos personas en celdas del Batallón de Granaderos, en Tlatelolco, así como por integrantes del grupo rebelde, quienes dieron su testimonio ante la Femospp.

El de Jiménez Fragoso es el segundo caso que el Centro Prodh y la Fundación Diego Lucero litigan ante el sistema interamericano de derechos humanos. En abril de 2011, ambas ONG solicitaron la intervención de la CoIDH en el caso de la desaparición forzada de Alicia de los Ríos Merino, también exintegrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, detenida y desaparecida por la DFS en 1978.

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