Guerra contra el narcotráfico, pretexto para criminalización de la lucha social "La práctica de la desaparición forzada considerada por instancias internacionales como crimen de lesa humanidad, se ha convertido en una de las respuestas represivas sistemáticas del Estado mexicano en los ámbitos estatal y federal".

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Patricia Monreal

Jueves 15 de Diciembre de 2011

Morelia, Michoacán.- En el marco de la criminalización de la lucha social con la llamada “guerra contra el narco”, a partir del 2007 en México se intensificaron las desapariciones y persecución de líderes sociales, en 2008 arrancó una limpieza social, y desde el 2010 los “levantones” se han enfocado a los jóvenes, apuntaron integrantes de organizaciones sociales.

Para Janahuy Paredes Lanchino y Susana Aguilar Pintor, integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta encontrarlos”, así como del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, respectivamente, coincidieron que la llamada “guerra antinarco” que ha encabezado el gobierno federal, sólo ha venido a contribuir a la criminalización de la lucha social, y a la persecución.

Janahuy Paredes Lanchino apuntó que los integrantes del comité están conscientes que el tipo de guerra como la que ha emprendido el gobierno federal, en realidad hacia quien va enfocada es a la población.

“Lo que vimos recientemente del secuestro y posterior asesinato de Trinidad de la Cruz Crisóstomo, en Ostula, y ahora con la represión y asesinato de los normalistas de Guerrero, son graves muestras de una situación que se ha venido dando de manera continua con la actuación del gobierno federal, y que en la medida en que pasa el tiempo se agrava”.

Frente a la situación de “evidente represión a los luchadores sociales”, Paredes Lanchino subraya que el gobierno federal no tiene una respuesta convincente, y menos la voluntad de resolver y aclarar los asesinatos y desapariciones de miles de mexicanos en estos años.

Refirió que desde el 2007 empezó a registrarse un incremento en las desapariciones de luchadores sociales, periodistas y líderes comunales, “para el 2008 empezó lo que nosotros hemos denominado como una limpieza social, que con el disfraz de la lucha contra el crimen organizado, el gobierno ha venido instrumentando libremente”.

Apuntó que de 2010 a la fecha se ha registrado otro fenómeno que es la detención-desaparición de jóvenes, que por el hecho de reunirse en una colonia o en un sitio en común, son “detenidos y posteriormente desaparecidos por elementos policiacos, un ejemplo de esto lo tenemos documentado en Morelia, en Colinas del Sur”.

El problema de las desapariciones, a decir de Paredes Lanchino, no sólo afecta a la persona que desaparece, sino que genera una victimización más amplia ya que abarca a familiares y amigos, quienes sufren amenazas frente a la exigencia a las autoridades para localizar a su ser querido.

“Pero además de que se les persigue cuando presentan denuncia, y por si fuera poco las autoridades se niegan a realizar las investigaciones para dar con su paradero. En los casos de desaparición que se han logrado denunciar, el gobierno estatal y federal junto con el Poder Judicial, evaden la responsabilidad que los obliga a presentar con vida a cada víctima, la responsabilidad del Estado mexicano es garantizar la seguridad del pueblo, para que éste no sea sometido a estas terribles prácticas, así lo establecen los instrumentos que garantizan la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”.

En este fenómeno Paredes Lanchino considera que hay diferentes tipos de complicidades, una de ellas del Poder Legislativo, que al ser omiso en la creación de un marco normativo en materia de desaparición, permite y tolera que este fenómeno crezca.

“La práctica de la desaparición forzada considerada por instancias internacionales como crimen de lesa humanidad, se ha convertido en una de las respuestas represivas sistemáticas del Estado mexicano en los ámbitos estatal y federal. En muchos de los casos de detención desaparición las víctimas han sido asesinadas y encontradas con signos de tortura; al hacer de la desaparición forzada una práctica de Estado para eliminar a críticos e inconformes con el gobierno y sistema, no sólo violan los derechos constitucionales sino los derechos humanos más elementales, plasmados en tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado mexicano”.

Por su parte Susana Aguilar Pintor, del FNLS, refirió que desde hace años han venido denunciando que la guerra contra el crimen instrumentada por la Federación ha dado pie a la criminalización de la lucha social.

“Ahora con la nueva Ley de Seguridad Pública todos son delincuentes hasta que se demuestre lo contrario, ese es el trato que se está dando a los luchadores sociales y a aquellos que no están de acuerdo con las políticas del gobierno federal”.

Aguilar Pintor subrayó que en México el gobierno encabezado por Felipe Calderón Hinojosa criminaliza la protesta popular y los movimientos por la defensa de la tierra, y lo acusó de poner en marcha una campaña de represión selectiva y masiva en contra de todas las organizaciones populares, democráticas e independientes.

Consideró que lo único que puede parar “la política de persecución, es la movilización del pueblo”, ya que recordó que a nivel nacional son muchos los casos de líderes y activistas sociales asesinados con la mayor impunidad.

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