Caso Jethro, enfrascado en litigios Los efectivos policiales de Cuernavaca que participaron en su detención los entregaron a elementos de la Policía Federal y éstos a soldados del 21 Batallón de Infantería de la 24 Zona Militar. De acuerdo con la causa penal 331/2011 radicado en el Juzgado Quinto Militar de la Primera Región Militar, el muchacho fue llevado al Batallón de Infantería e ingresado al taller de herrería para ser interrogado, pero al sacarlo se desvaneció y falleció. Sus restos fueron sepultados de forma clandestina por los soldados en un paraje de Atlixco, Puebla, de acuerdo con la averiguación previa SC/180/2011-V de la Procuraduría General de Justicia Militar.

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Caso Jethro, enfrascado en litigios
Familiares del joven exigen a la Sedena 20 mdp de indemnización; inviable, dice defensa militar

Lunes 30 de enero de 2012 TEXTO JUSTINO MIRANDA / CORRESPONSAL | El Universal
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CUERNAVACA

Obtenido el auto de formal prisión contra dos soldados por la detención, tortura, homicidio e inhumación clandestina del joven Jethro Ramsés, su padre Héctor Sánchez López, inició un segundo litigio para exigir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una indemnización de casi 20 millones de pesos por el asesinato.

Su petición, dijo su abogado Cipriano Sotelo Salgado, tiene como referencia el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en un retén militar del estado de Guerrero el 25 de agosto de 1974 y cuya denuncia fue expuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A finales de 2009 la Corte resolvió que el Estado mexicano debe indemnizar a los familiares del campesino por daño material e inmaterial, además de hacer efectivo el reintegro de costos y gastos en plazo de un año.

Enterado de esa promoción por escrito ante la Sedena, el abogado de los militares procesados, Enrique Paredes, afirmó que la solicitud de la familia Sánchez Santana es inviable debido a que sus defendidos no han sido sentenciados y tampoco condenados por un juez por los delitos que les atribuyen.

Además dio a conocer la presentación de dos recursos legales para anular los cargos de homicidio e inhumación clandestina que pesan sobre sus clientes. Uno de ellos estriba en acreditar que el joven murió a consecuencias de los golpes que recibió previo a su entrega a los efectivos del 21 Batallón de Infantería.

El otro pretende anular el cargo de inhumación clandestina porque de acuerdo con nuevas versiones de sus clientes éstos no sepultaron el cadáver sino únicamente lo arrojaron en un campo de Atlixco, Puebla. Además se justificará que los soldados sólo cumplieron órdenes de su mando superior como lo establece la disciplina castrense, ya que una desobediencia equivale al cargo de insubordinación militar, explicó Paredes.

Los hechos

Jethro Ramsés, entonces de 26 años, fue detenido la tarde del 1 de mayo de 2011 por policías municipales en la Feria de Cuernavaca junto con un amigo suyo, Horacio Hernández Demesa, tras protagonizar una reyerta con meseros de un negocio de comida. Los meseros dijeron a la policía que Jethro se ostentó como miembro del cártel de Pacífico Sur, una célula de los Beltrán Leyva.

Los efectivos policiales de Cuernavaca que participaron en su detención los entregaron a elementos de la Policía Federal y éstos a soldados del 21 Batallón de Infantería de la 24 Zona Militar. De acuerdo con la causa penal 331/2011 radicado en el Juzgado Quinto Militar de la Primera Región Militar, el muchacho fue llevado al Batallón de Infantería e ingresado al taller de herrería para ser interrogado, pero al sacarlo se desvaneció y falleció. Sus restos fueron sepultados de forma clandestina por los soldados en un paraje de Atlixco, Puebla, de acuerdo con la averiguación previa SC/180/2011-V de la Procuraduría General de Justicia Militar. Su amigo fue dejado en libertad al otro día de la detención, pero su testimonio sirvió para confirmar la desaparición de Jethro a manos militares.

Con estos elementos los abogados de la familia Sánchez Santana enviaron un escrito al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, para exigir una indemnización de aproximadamente 20 millones de pesos, considerando los ingresos mensuales que percibía el joven al momento de su muerte, así como las últimas estimaciones del Consejo Nacional de Población referente al promedio de vida de los mexicanos de 75 años. Los padres de Jethro argumentan que a su hijo le faltaban por vivir 49 años y por lo tanto piden 17.6 millones de pesos. Su petición no ha tenido respuesta.

Enrique Paredes Sotelo, abogado de los soldados procesados expuso que la demanda de la familia Sánchez Santana es ilegal debido a que sus defendidos no han sido sentenciados ni condenados por un juez. En ese supuesto, argumentó, la Sedena no prevé indemnizaciones aunque sí lo establece la Constitución General de la República, pero eso también es materia de debate.

El caso no ha concluido, dijo Paredes, y todavía falta que el juez militar atienda dos recursos procesales que presentó para acreditar la inocencia de los inculpados. Uno de ellos estriba en revisar la necropsia de ley relativa a la muerte del joven, entonces de 26 años, cuyo diagnóstico de muerte fue por “traumatismo craneoencefálico y asfixia por enterramiento, lesiones producidas por agresión física”.

“Como lo dicta el diagnóstico el joven murió a causa de un golpe en la cabeza y lo que aportamos en la promoción legal es que no hay testigos que acrediten que los soldados lo golpearan en la cabeza. Al contrario tenemos testimoniales de algunos meseros que presenciaron la riña, previo a la detención del joven y su amigo, donde aseguran que Jethro fue golpeado con una silla en la cabeza, lo que supone que ese habría sido el motivo de su fallecimiento en el campo del 21 Batallón de Infantería”, expuso el abogado.

Otro recurso a favor de los soldados procesados se refiere a pedir la participación de peritos especializados en mecánica de campo para demostrar que los imputados sólo arrojaron el cadáver en un campo, y prueba de ello es que se encontró sobre la superficie del terreno, tan es así que fue descubierto por unos muchachos que jugaban en el sitio. Paredes expuso que un tercer argumento a favor de los inculpados se apoya en el Código de Justicia Militar donde se establece la hipótesis de que los militares sólo cumplen órdenes, y en esta condición fue el coronel José Guadalupe Arias quien los mandó deshacerse del cadáver.

El proceso

El caso volvió a cobrar relevancia porque el 14 de noviembre pasado fue detenido por la justicia militar el coronel José Guadalupe Arias Agredano, mando superior del 21 Batallón de Infantería, por su presunta responsabilidad en los hechos ya que según las declaraciones de los procesados, los militares Edwin Raziel Aguilar Guerrero y José Guadalupe Orizaga y Guerra, el coronel ordenó deshacerse del cadáver.

En la averiguación previa SC/180/ 2011-V se asienta que el teniente Orizaga y Guerra se dirigió al coronel Arias Agredano para rendir el parte: “Ya no tiene pulso (Jethro)”, le dijo.

En respuesta, “el coronel movió la cabeza en sentido negativo y se fue caminando con rumbo a la comandancia (de la 24 zona) diciéndome tíralo”, narró el teniente.

En el expediente militar 331/2011 se cita que el coronel Arias fue requerido en la Sedena, pero nunca llegó por lo tanto el Juez Quinto Militar dictó las órdenes de búsqueda y presentación en su contra.

En el curso de las investigaciones fue relevado de la comandancia de la 24 Zona Militar el general Leopoldo Díaz Pérez el 18 de julio del año pasado, quien durante 60 días deslindó a los soldados del 21 Batallón de cualquier acción irregular.

Ante los tribunales civiles y el Congreso de Morelos negó la detención de Jethro por personal castrense, rechazó la posesión de un vehículo oficial con la matrícula que dieron testigos de los hechos, y el traslado del joven a instalaciones oficiales.

Pero el 25 de junio la Policía Judicial Federal Militar (PJFM) recibió la averiguación previa AP/PGR/ SIEDO/312/V, procedente del Ministerio Público Federal, e inició sus propias investigaciones en el lugar de los hechos y cuatro días después detuvo a los soldados presuntos responsables de tortura, homicidio calificado e inhumación clandestina de Jethro.

La PJFM se llevó a los detenidos al campo militar número 1 donde los militares confesaron, según el expediente militar 331/2011, la forma en que recibieron al joven, cómo lo trasladaron e interrogaron en el 21 Batallón. Dieron detalles del momento en que se convulsionó y los intentos que realizaron los soldados de Sanidad para evitar su muerte, además revelaron el sitio donde lo sepultaron.

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