Declina Sedena a favor de PGR indagatoria sobre desaparecidos en Chihuahua Se trata de la desaparición de los jóvenes Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado –todos primos–, que fueron sacados de sus domicilios de Buenaventura por efectivos militares el 29 de diciembre de 2009, y que desde entonces el caso se había mantenido en el fuero castrense.

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Gloria Leticia Díaz
17 de febrero de 2012

MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar un caso de desaparición forzada atribuida a miembros del 35 Batallón de Infantería, con base en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Se trata de la desaparición de los jóvenes Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado –todos primos–, que fueron sacados de sus domicilios de Buenaventura por efectivos militares el 29 de diciembre de 2009, y que desde entonces el caso se había mantenido en el fuero castrense.

El asunto fue motivo de la recomendación 43/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se reconoce la participación de miembros del Ejército así como de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) en la desaparición forzada de los jóvenes Alvarado, recuerdan las organizaciones que representan a la familia, entre las cuales se encuentran el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), la Comisión de Solidaridad Social y Defensa de los Derechos Humanos (Cossyddhac) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Con motivo de la revisión del cumplimiento de la recomendación, refieren dichas agrupaciones en un comunicado, el 9 de febrero los familiares de las víctimas y sus abogados se reunieron con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Sedena.

En dicha reunión, apuntan, “los funcionarios informaron que los 14 tomos que integran la investigación finalmente fueron remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR)”.

Ante este nuevo escenario, los representante de las víctimas demandaron al a procuradora Marisela Morales a realizar “investigaciones de manera exhaustiva e imparcial que permitan localizar a las víctimas y terminar con la angustia de sus familias, quienes desconocen su paradero desde hace más de dos años”.

Resaltan que para “terminar con la impunidad militar por los abusos y violaciones a derechos humanos que han cometido”, la dependencia deberá “procesar y sancionar debidamente a los militares y generales que habrían participado en estos actos”.

Las organizaciones que representan a la familia Alvarado, llevaron el caso ante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para exigir la presentación de los desaparecidos, así como medidas de protección a los integrantes de la familia que han sido víctimas acoso, hostigamiento y amenazas de muerte.

En un comunicado, las organizaciones sostienen que la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado es el primer caso ocurrido “en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, que es conocido por un tribunal internacional en lo relativo a medidas provisionales”, tema central en la audiencia que se desahogará el próximo el 22 de julio en San José, Costa Rica, sede de la CoIDH.

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