Conmemoran con foro primer aniversario de asesinato de Jethro, en Morelos Además que este caso sea investigado y castigado como un delito de “desaparición forzada” para que se alcance y castigue a los mandos castrenses y mandos civiles, que durante dos meses negaron saber del paradero del joven Jethro.

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Conmemoran con foro primer aniversario de asesinato de Jethro, en Morelos

Exigen que se reconozca como “crimen de estado”; y que que los militares y policías involucrados sean procesados y castigados por la justicia civil.

Rubicela Morelos Cruz, corresponsal
Publicado: 03/05/2012 20:10

Cuernavaca, Mor. El crimen de Jethro Ramsés Sánchez Santana es uno de los más emblemáticos que presuntamente cometieron militares en nombre de la guerra contra el crimen organizado que declaró el presidente Felipe Calderón, coincidieron familiares, amigos y representantes de organizaciones de derechos humanos que participaron esta mañana en un foro que se organizó en memoria del joven, a un año de su muerte.

Octavio Amezcua Noriega, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, igual que sus padres y el defensor de la familia, exigieron al Presidente Calderón, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; al gobernador, Marco Antonio Adame y al gobierno municipal de Cuernavaca que reconozcan que el asesinato de Jethro es un “crimen de estado”; que los militares involucrados sean procesados y castigados por la justicia civil, y que se castigue a todos los policías municipales y federales que participaron en esta “ejecución extrajudicial”.

Además que este caso sea investigado y castigado como un delito de “desaparición forzada” para que se alcance y castigue a los mandos castrenses y mandos civiles, que durante dosmeses negaron saber del paradero del joven Jethro.

La violación a los derechos humanos que cometieron los policías –tanto municipales y federales– y militares contra el joven son simbólicas y reiterativas, expuso, porque Jethro fue víctima de acciones ilegales y abuso de poder de parte de éstos, consecuencia de la guerra que libra el gobierno supuestamente contra el narcotráfico, dijo Amezcua Noriega, en su discurso en el acto que se celebró en el lobby del Congreso local.

“Jethro fue víctima de violaciones graves a los derechos humanos, como es una de detención arbitraria, una desaparición forzada que posteriormente derivó en tortura y ejecución extrajudicial, se configuran toda una serie de violaciones que aunadas al propio involucramiento del estado de participación, la podemos calificar como una violación grave a los derechos humanos que exige justicia y reparación”, afirmó Amezcua.

Según Amezcua, debe de castigarse a todos los militares que participaron, a los mandos medios y altos, incluido el ex comandante de la 24 zona militar, el general Leopoldo Díaz Pérez, asimismo a los policías municipales y federales porque también ellos lo detuvieron de manera arbitraria y no tenían por qué entregarlo a los militares. Y de ser posible se investigue y castigue el grado de responsabilidad de las autoridades municipales, estatales y federales.

Jethro fue detenido de manera arbitraria por policías municipales, el 1 de mayo de 2011, luego éstos se lo entregaron a policías federales y después se lo dieron a militares. Éstos últimos lo torturaron en sus instalaciones del 21 batallón de la 24 zona militar, con sede en Cuernavaca, provocándole la muerte, luego fueron a enterrarlo a un predio de Atlixco Puebla.

Del 1 de mayo hasta los primeros días de julio, Jethro estuvo desparecido, los militares, policías y autoridades decían que no sabían nada de ese joven.

Hoy, a un año de los hechos los padres siguen exigiendo justicia porque hasta el momento no se ha sentenciado a ninguno de los cuatro procesados, tres de la milicia y un policía municipal, y todavía están sin proceso y en libertad unos 40 uniformados involucrados.

Los diputados locales presentes en este foro, en donde se recordó cómo los elementos que están para resguardar la seguridad de los habitantes contribuyeron a este asesinato atroz, anunciaron que propondrán ante el pleno la tipificación del delito de desaparición forzada en el Código Penal, porque actualmente este delito no existe.

Cipriano Sotelo Salgado, abogado de la familia, aseguró que a un año sólo se les ha abierto proceso a cuatro –tres militares y un policía municipal de Cuernavaca (este enfrenta la justicia en libertad)– por lo que afirmó que falta que se les abra proceso a más de 40 uniformados que participaron. Confió que en breve los tres militares detenidos en el campo número uno, sean juzgados por la justicia penal civil de Morelos.

Enrique Paredes, abogado de dos militares que enfrentan proceso, argumentó que no hay suficientes pruebas contra sus clientes, y que de ser necesario pedirá otra autopsia, porque aseguró que la que practicaron en Puebla es ambigua, pues marca que el joven murió por traumatismo craneoencefálico, y por asfixia. Sin concluir cuál fue la verdadera causa que le provocó la muerte al joven. El abogado de los militares, reiteró, que aunque se vayan a la justicia civil no hay pruebas contundentes que determinen que los militares lo asesinaron, al contrario aseguró que ellos recibieron órdenes y actuaron convencidos de cumplir la encomienda que les encargó el Presidente de la República, de detener a los integrantes del el crimen organizado.

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