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La desaparición forzada en México: entre la memoria y la impunidad

Juan Carlos Gutiérrez y Silvano Cantú / El Universal

Martes 31 de agosto de 2010, por Desaparecidos

Ayer se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Este delito, conforme al derecho internacional, es cometido por agentes del Estado o por personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, y consiste en la privación de la libertad de personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información sobre el paradero de la víctima o de la negativa a reconocer la privación de libertad, con lo cual se obstaculiza la protección del derecho. La desaparición forzada no admite prescripción: su ejecución es permanente y sus efectos continúan mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.

En algunos países de América Latina, el delito se cometió de forma masiva y sistemática durante las décadas de los 70, y hasta mediados de los 80. Así, el fenómeno de las desapariciones forzadas surgió como el método represivo más cruento contra los opositores políticos de un gobierno, que incluía a activistas políticos, dirigentes sociales o cualquier persona que en la lógica de los victimarios pusiese en peligro la estabilidad del Estado. Este fenómeno no fue exclusivo de dictaduras militares, pues también se produjo en países con gobiernos civiles.

En México, el recuerdo se une a la indignación por la persistencia de la desaparición forzada y la impunidad que la acompaña. La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afamed) calcula que durante la denominada “guerra sucia”, cerca de 1,200 personas fueron desaparecidas sin que hasta la fecha se conozca su paradero; la CNDH ha documentado 532 casos y la extinta Femospp de la PGR acreditó el delito en 643 expedientes.

Es conocido que en la actualidad, México no ha estado exento de la comisión de este crimen. Según el Informe presentado recientemente a la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, tan sólo en Tijuana se cuentan en años recientes 240 casos de desaparición forzada, 60 en Durango, 26 en Chihuahua y 15 en Nuevo León. El Centro Diocesano de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” ha documentado en Coahuila 200 casos desde 2007 a la fecha. A esto se suman las desapariciones de luchadores sociales y defensores de derechos humanos en Oaxaca y Michoacán.

Pese a que la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, son parte de nuestra legislación interna, que obligan al Estado a prevenir, investigar y sancionar este delito, no hay avances ni sanciones. En nuestros códigos, la desaparición forzada se contempla con lagunas y definiciones erróneas y con ausencia de sanción en más de 20 entidades federativas. Sumado a ello, las denuncias presentadas no son investigadas como desaparición, y en otros casos los funcionarios intimidan a las familias insinuando que a sus “familiares los desaparecieron por algo.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos evidenció estas falencias al señalar en la sentencia sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla (2009) que el artículo 215-A del CPF restringe el sujeto activo a “servidores públicos”, cuando frecuentemente el Estado usa de terceros para cometerlo. La adecuación del tipo penal en cuestión sigue siendo un vergonzoso pendiente en el cumplimiento de esta sentencia, igual que la reforma conducente a la prohibición de la extensión del fuero militar a casos de violaciones de derechos humanos, en particular las desapariciones forzadas.

Un verdadero régimen democrático exige superar la impunidad, el esclarecimiento de los crímenes, la justicia para las víctimas y sus familias, y el castigo a los responsables. Este es uno de los objetivos de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que más de 80 organizaciones de derechos humanos lanzamos hoy bajo la consigna: “A exigir nuestro derecho a no ser detenido- desaparecido por el Estado.”

Director General y Director de Incidencia e Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.

http://www.eluniversal.com.mx

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