Ocupa Chihuahua 4º lugar en desapariciones forzadas El Heraldo de Chihuahua 7 de mayo de 2012

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Un total de 50 casos vinculados a la desaparición forzada de personas se reconocen en la última década como ocurridos en Chihuahua, entidad que se ubicó en el cuarto lugar de la incidencia nacional de un ilícito que atenta contra derechos como la libertad personal por parte de la autoridad u organizaciones criminales que operan con el apoyo de elementos oficiales en las entidades de la República Mexicana. Silvia Arce, Juan Miguel Bustamante Morales, Mario Alberto Bustamante Valdez, Pamela Leticia Portillo Hernández, Mario Alberto Morales Cano, Nitza, Rocío y José Ángel Alvarado, así como integrantes de la familia Reyes Salazar, son los casos que las organizaciones de la sociedad civil investigan para evidenciar a las víctimas de un ilícito que se comete en la entidad, aunque olvidado en registros de los secuestros.

CHIHUAHUA El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en un reporte sobre la situación del ilícito en esta entidad, indicó que, no obstante que en los municipios de la frontera se implementó el llamado Protocolo Alba, para la recepción, reacción y coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales en casos de mujeres y niñas desaparecidas: la acción resulta limitada. Y es que sólo opera en Ciudad Juárez, únicamente se utiliza en casos de "alto riesgo" y ha sido activado en pocas ocasiones por parte de la Fiscalía General del Estado.

De ahí que las mujeres se conviertan en uno de los grupos sociales más vulnerables al sufrir esta vejación conforme a lo indicado por el informe elaborado por el organismo internacional sobre México. Así lo pone en evidencia el caso de Pamela Leticia Portillo Hernández, ocurrido el 25 de julio de 2010, fecha en la que testigos señalaron a los números de emergencia que en el lugar donde se registró el rapto de la joven había elementos del nombrado Cuerpo de Inteligencia Policiaca.

Durante el presente año se han denunciado 14 casos de secuestro, que se suman a los 95 perpetrados durante el pasados 2011 y los 190 ocurridos durante el 2010, sumando un total de 299 casos estatales, según cifras de organismos de investigación que se encuentran en esta entidad. "No todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente", indicó la ONU.

"Por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país". El Grupo de Trabajo, indicó en el documento que recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.

"Debido a la impunidad prevaleciente muchos casos que podrían encuadrarse bajo el delito de desaparición forzada son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos. En muchas ocasiones, los casos de desapariciones forzadas son eufemística y popularmente denominados ’levantones’", expuso. Dijo que se recibieron múltiples testimonios de casos en que la privación ilegal o arbitraria de la libertad era clasificada bajo delitos distintos, tales como el secuestro o el abuso de autoridad, o las personas son simplemente consideradas "extraviadas" o "perdidas" (particularmente mujeres, menores y migrantes), sin una adecuada investigación para descartar la posibilidad de una desaparición forzada.

De la Redacción

Chihuahua, Chihuahua.- "Sólo mediante una investigación independiente, imparcial y completa se puede descartar una potencial desaparición forzada. Por ende, el número de casos de desaparición forzada no puede ser establecido a cabalidad sin la debida investigación", sentenciaron los investigadores.

CASOS RECONOCIDOS Durante la última década se reconocieron 50 casos vinculados a la desaparición forzada de personas en el estado de Chihuahua, según un informe de transparencia difundido a nivel nacional de la Secretaría de Gobernación.

Las cifras revelaron que entre los miles de casos que se denunciaron a organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, alrededor de 16 mil, sólo 597 fueron tomados como desapariciones forzadas por parte de la autoridad federal; situación que refleja el grado de impunidad a nivel federal.

Los números de los casos en los que se advirtió una privación ilegal de la libertad presuntamente por miembros de un organismo oficial sumaron en esta entidad: 2 casos durante el 2010; 7, en 2009; 8, en 2008; 2, en 2007; 7, en 2006; 2, en 2005; 7, en 2004; 6, en 2003; 8, en 2002; así como cuatro más durante el 2001, antes del despliegue de las fuerzas federales como parte de los operativos conjuntos iniciados para combatir a los grupos de narcotraficantes.

A estas personas se suman situaciones vinculadas a la inseguridad como que 24 mil 500 chihuahuenses fueron desplazados el último año por la violencia que se vive en la fronteriza Ciudad Juárez, según un último informe del Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados.

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