Prenden focos rojos las 634 desapariciones en Michoacán de 2011 a la fecha “Cuando vamos a poner la denuncia de nuestros seres queridos desaparecidos, se nos criminaliza. Somos objeto de intimidaciones, amenazas y maltratos psicológicos, obligándonos a dar información que nos inculpe por la desaparición forzada de nuestros parientes: que si por no educarlos bien, que por las personas con las que se juntan, que por cómo se visten por los tatuajes, o bien sólo dicen lo que nosotros queremos escuchar en ese momento, dando falsas esperanzas de que los van a encontrar, solamente para que nos los quitemos de encima”.

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Prenden focos rojos las 634 desapariciones en Michoacán de 2011 a la fecha
Francisco Castellanos J.
16 de mayo de 2012 · Sin comentarios
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MORELIA, Mich. (apro).- Michoacán se ubica en la lista de las 10 primera regiones del país con el mayor número de desapariciones forzadas, aseguró el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares Solórzano.

Durante la presentación del “Informe de misión a México del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas” en el Congreso local, el ómbudsman estatal precisó que durante 2011 se registraron 600 casos, y que en lo que va del año suman 34.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, la diputada Laura González Martínez, dijo que no se puede negar que en el estado ocurren ese tipo de desapariciones porque se conocen las historias, especialmente de jóvenes que salieron de sus hogares y no regresaron.

Sin embargo, añadió que no hay datos duros formales y las cifras extraoficiales son inconsistentes porque familiares de las víctimas están atemorizados y no hablan de ese delito.

“Se desconoce con precisión en qué circunstancias desaparecieron”, aclaró la diputada del Partido Acción Nacional.

El comisionado en México de la ONU, Jesús Peña, dijo por su parte que “México enfrenta una complicada situación en materia de seguridad pública, debido al incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado”.

Puntualizó:

“La violencia continúa, pese a las detenciones y asesinatos de presuntos jefes de grupos delictivos y del decomiso significativo de enormes cantidades de drogas y armas. El crimen organizado ha extendido sus actividades ilícitas a la trata de personas, los secuestros, la extorsión”.

Peña indicó que el informe del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias servirá a la sociedad porque sabrá con certeza –dijo– que hay desapariciones sistemáticas de personas.

El presidente de la CEDH, José María Cázares, informó que el año pasado se enviaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Dirección de Prevención y Reinserción Social (DPRS) y la Cruz Roja, más de 600 casos para la localización de personas.

En la mayoría de esos casos, los familiares refieren que las personas desaparecidas salieron a trabajar, a la tienda o de viaje, y nunca más regresaron. Casi todas las víctimas fueron levantadas por personas que se transportaban en vehículos, de las cuales no se tienen mayores referencias.

Los municipios con más casos de desapariciones en la entidad son: Puruándiro, Morelia, Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Jacona, Jiquilpan, La Piedad, Los Reyes, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro.

En todos ellos, por desaparición forzada se han registrado 34 quejas en lo que va de este año: 21 contra elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), siete contra efectivos del Ejército Mexicano, uno contra policías ministeriales y uno más contra la Policía Municipal de Turicato, mientras que cuatro casos no se identificó a la autoridad.

Testimonios

En presencia de Janhui Paredes Lachino y Nadim Reyes Maldonado, hijas de los eperristas desaparecidos, Francisco Paredes Ruiz y Raymundo Reyes Anaya, familiares de las víctimas ofrecieron sus testimonios.

“Entre más pobre estás, menos elementos tienes para defenderte ante las autoridades”, dijo una de las mujeres de Puruándiro ante las dirigentes del Comité de Familiares Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”.

Añadió:

“Cuando vamos a poner la denuncia de nuestros seres queridos desaparecidos, se nos criminaliza. Somos objeto de intimidaciones, amenazas y maltratos psicológicos, obligándonos a dar información que nos inculpe por la desaparición forzada de nuestros parientes: que si por no educarlos bien, que por las personas con las que se juntan, que por cómo se visten por los tatuajes, o bien sólo dicen lo que nosotros queremos escuchar en ese momento, dando falsas esperanzas de que los van a encontrar, solamente para que nos los quitemos de encima”.

Otra de las mujeres señaló que en las dependencias donde han acudido a presentar sus quejas no hay personas preparadas para atender ese tipo de denuncias.

Ejemplificó que el 20 de abril pasado, Alberta Corona Banderas, María Elena Jiménez Mejía y Cristina Paredes Lacino, presentaron una denuncia por la desaparición de cuatro jóvenes en un retén de la policía municipal de Turicato, Michoacán, ocurrida en 2009, pero hasta el día de hoy las autoridades se han negado a dar respuestas sobre el paradero de los muchachos.

“Nos atendieron con prepotencia e ineptitud. La licenciada que levantó la averiguación previa no sabía escribir. Al terminar, trataron de obligarnos a pasar a un supuesto departamento o banco de ADN para tomarnos muestras, a lo que nos negamos porque sabemos que el Estado pone los ‘falsos positivos’, es decir que presenta un cuerpo falso como respuesta mediática para los familiares e impedir que se organicen para exigir la presentación con vida de nuestros familiares y quitar toda responsabilidad al Estado”, sostuvo.

Y más:

“Por no querer dar las muestra de ADN nos siguen acosando, diciendo que tenemos que firmar un documento donde nos responsabilizan de que si llegaran a encontrar un cuerpo y este respondiera al de nuestro familiar, no va a poder ser reconocido. Que tal vez ya está en el Servicio Médico Forense, y si no se reconocía se iba a la fosa común. Aun bajo estas amenazas y hostigamiento no aceptamos por ser eso una falacia del Estado”.

Pero no todo acabó ahí –añadió la mujer–, pues “más tarde nos dijeron que teníamos que pasar con un psicólogo perteneciente a la Procuraduría de Justicia de la entidad, cuyo trabajo es hacer que los familiares nos resignemos a la desaparición de nuestro hijo, padre, hermano o pariente, a lo que también nos negamos. Ya molestos (las autoridades) comentaron que era un nuevo procedimiento que se realizaba en la Procuraduría y que teníamos que seguir a huevo”.

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