Pretendía Estado mexicano que familiares identificaran cadáver de un guerrillero

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OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
17 Mayo 2012

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos" denunció que el Estado mexicano ha utilizado la simulación, el engaño, la burla y la perversidad para dar por muertos a los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos forzadamente el 25 de mayo del 2007, en esta ciudad.

Nadín Reyes Maldonado, hija de uno los guerrilleros, dijo que el Estado mexicano montó una operación de simulación y engaño, ante la cercanía del quinto aniversario de los sucesos, para aparentar a familiares y a la Comisión de Mediación (Comed), sobre el avance de las investigaciones a fin de resolver el caso e impedir o inhibir la denuncia pública y las actividades por su presentación con vida.

Explicó que su familia y los abogados coadyuvantes en el caso fueron convocados por las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado (PGJE) a acudir a una diligencia de exhumación de dos cadáveres, efectuada entre el 30 de abril y el día 4 pasados en esta entidad, para identificar a Reyes Amaya, porque supuestamente tenían información de la existencia de dos cadáveres.

"La información proporcionada a la familia dio un margen muy alto de posibilidad de encontrar el cuerpo de una persona con características similares a la de Edmundo Reyes Amaya", señaló.

Sin embargo, destacó que un equipo de cuatro forenses argentinos, especialistas en desapariciones forzadas en su país, no encontraron características antropométricas semejantes ni coincidencia en las edades.

"Nos encontramos con una serie de engaños y falta de seriedad de la PGR y de la PGJE al montar un escenario para identificar cuerpos que no correspondían al de nuestros familiares, con lo que se nos sometió a un desgaste físico y emocional al llevarnos a un proceso de exhumaciones sin sentido, en el que fuimos revictimizados", remarcó.

Resaltó que la PGJE condicionó la voluntad política y la disposición de recursos financieros a aceptar la realización de nuevas diligencias orientadas a dar por muertos a los detenidos-desaparecidos forzadamente.

Con esto, "el derecho de acceder a la verdad y a la justicia es anulado de facto, cuando es obligación del Estado investigar y dar con el paradero de las víctimas de desaparición forzada y castigar a los responsables", asentó.

Subrayó que la premura del Estado mexicano para realizar esta diligencia y la presión hacia los familiares a fin de aceptar la hipótesis de la muerte de uno de los guerrilleros, "demuestra su la perversidad porque año con año inventa supuestos avances en las investigaciones, ante la proximidad de un aniversario más".

Además, refirió que el Estado mexicano con la diligencia de exhumación hace presumir la muerte de Reyes Amaya sin existir dato alguno sobre ello en las investigaciones ministeriales.

Consideró que la PGR y PGJE, antes de realizar otra diligencia de exhumación, debe demostrar mediante pruebas fehacientes en las indagatorias iniciadas en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR y en la PGJE, si aún se encuentran vivos y en su defecto, determinar la suerte o paradero de los mismos.

De lo contrario, anotó, será inútil detener y procesar a personas si no se tienen pruebas suficientes en los procedimientos penales para incriminarlos, pues lejos de beneficiar, propiciará la impunidad a largo plazo, reiteró.

Reyes Maldonado dijo que la actuación del Estado mexicano muestra a la detención-desaparición forzada como una política en aumento con la llegada del PAN al poder y parte de la supuesta guerra contra el narcotráfico, con la intención de paralizar y desarticular a los movimientos populares.

Ante esto, demandó la presentación inmediata y con vida de Reyes Amaya y Cruz Sánchez y una investigación que garantice el derecho a la verdad, a la justicia y la no impunidad de los responsables materiales e intelectuales de cometer la desaparición forzada.

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