Más allá de colores gubernamentales, las desapariciones persisten en México El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, ha documentado 128 casos, aunque sus estimaciones señalan que en el calderonismo el número en Michoacán roza los tres mil casos.

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Patricia Monreal
Lunes 21 de Mayo de 2012

Morelia, Michoacán.- En nuestro país, más allá del color de los gobiernos en turno, llámense federal o estatales, la desaparición forzada persiste como una práctica frecuente para inhibir el reclamo social, fenómeno que hoy se agrava por la intervención de grupos delincuenciales.

Del 23 al 31 de mayo, se conmemora la Semana Mundial del Detenido Desaparecido, fenómeno que en México se ha convertido en foco rojo para las organizaciones y organismos de derechos humanos.

Mientras en la década de los años 60 a 70, durante la época de la llamada guerra sucia en el siglo pasado, se tenía un registro de 810 desaparecidos en el país, actualmente en el marco del llamado combate al crimen, durante el sexenio presidido por Felipe Calderón Hinojosa las organizaciones no gubernamentales estiman un saldo de tres mil casos, sólo en Michoacán.

Organizaciones no gubernamentales que van desde campesinas, urbanas, populares, de periodistas, obreras, etcétera, han denunciado que so pretexto de la lucha contra el narcotráfico, el gobierno criminaliza y persigue el movimiento social.

La semana pasada en Michoacán el Alto Comisionado de la ONU presentó el informe de Misión a México del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, en donde señala que un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado, sin embargo aclara que no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente; por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país.

Refiere que un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado. Sin embargo, no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente; por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país.

“Debido a la impunidad prevaleciente muchos casos que podrían encuadrarse bajo el delito de desaparición forzada son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos. En muchas ocasiones, los casos de desapariciones forzadas son eufemística y popularmente denominados levantones”.

En el caso de los periodistas, Article 19, Global Campaign for Free Expression, organización británica en defensa de estos, refiere que en México el gobierno federal ha introducido el término “guerra” contra el “crimen organizado” a fin de justificar la supresión de garantías en los ciudadanos, y sin que dicha guerra sea reconocida internacionalmente como tal, incumpliendo los tratados que las naciones deben aplicar cuando se da una situación de este tipo.

Este lenguaje bélico no inocente es reproducido en los medios de comunicación, y genera en la ciudadanía la percepción de que México está en guerra, y por ello términos como “civiles” en vez de “ciudadanos”, “crimen organizado” en lugar de “narcotráfico”, “daños colaterales”, “levantones”, “ajuste de cuentas” son asimilados y reproducidos.

En el saco de los “levantones” entran todos, y con el término queda implícito en la percepción que hubo participación del narcotráfico.

Debido a la ausencia de un registro de desaparecidos, y a la desconfianza para presentar denuncias, en Michoacán como en el resto del país, las cifras sobre el número de desaparecidos varía.

El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, ha documentado 128 casos, aunque sus estimaciones señalan que en el calderonismo el número en Michoacán roza los tres mil casos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha calificado al estado como foco rojo en materia de desapariciones, y reporta que en 2011 realizó más de 600 canalizaciones para la localización de personas ante la Procuraduría del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección de Prevención y Reinserción Social, y la Cruz Roja. De ese total son 275 las catalogadas como desapariciones.

En el común de estos casos los familiares refieren que las personas desaparecidas salieron a trabajar, a la tienda o de viaje y ya no regresaron. En la mayoría fueron “levantados” por vehículos y personas no identificadas.

Puruándiro, Morelia, Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Jacona, Jiquilpan, La Piedad, Los Reyes, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zacapu y Zamora, son los municipios con más casos registrados.

En México, a diferencia de otras naciones, la creación de fiscalías y comisiones para documentar los casos de desapariciones durante la llamada guerra sucia, y con ello castigar a los responsables, ha resultado poco eficaz en la medida en que los principales vinculados permanecen impunes.

Durante su sexenio, Vicente Fox Quesada creó la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la que no obstante que logró la detención momentánea de personajes como Luis Echeverría por su responsabilidad en la matanza del 2 de octubre de 1968, fue poco efectiva pues al final no logró encerrar a ningún “pez gordo”, y finalmente desapareció.

En Michoacán, el 19 de diciembre del 2002, en la cuarta sección del Periódico Oficial del Estado se publicó un decreto administrativo por el cual el entonces gobernador del estado, Lázaro Cárdenas Batel, mandataba la creación de la Comisión para la Investigación de la Desaparición Involuntaria de Personas en el Estado de Michoacán de Ocampo, durante el periodo comprendido entre los años de 1970 a 1989.

La medida nació a medias y acrecentó la división entre los grupos y familiares que se habían dedicado a trabajar por el esclarecimiento de estos casos en el período de la guerra sucia. El decreto ordenó la creación de una comisión y omitió conformar una fiscalía especial que permitiera concretar resultados.

La presión social era para que se investigaran los casos de la década de los 70 y la primera parte de los 80, pero el gobierno lazarista decidió alargar el periodo hasta 1989 para abarcar los asesinatos de perredistas.

En el caso de Michoacán, al menos trece michoacanos fueron desaparecidos por la llamada guerra sucia -nueve de ellos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos- aunque se presume la existencia de un número mayor.

Los desaparecidos originarios de Michoacán en esa época son José de Jesús Guzmán Jiménez, Venustiano, Solón Adenauer, Armando y Amafer, todos de apellidos Guzmán Cruz; José Luis Cruz Flores, Rafael Chávez Rosas, Doroteo Santiago Ramírez, Abel Alfaro Silva, Miguel Tinoco Rodríguez, Ramón Cardona Medel, Felipe Peñaloza García y Horacio Arroyo Souza.

Contexto

Semana Mundial del Detenido-Desaparecido

En enero de 1981 se reúnen por primera vez, en San José de Costa Rica, los familiares de detenidos desaparecidos de Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Uruguay y México decidieron que una primera tarea era denunciar la gravedad de este crimen y combatir el olvido. Por ello resolvieron señalar la última semana de mayo como la Semana Mundial del Detenido Desaparecido.

La definición legal más aceptada de la desaparición forzada en el derecho internacional humanitario es la que aparece en el preámbulo de la Declaración de Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas de 1992:

“Desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley”.

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