Desaparición forzada Utopía - Eduardo Ibarra Aguirre / Forum

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Entre los “daños colaterales” que genera la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado —concepto que utiliza la Secretaría de la Defensa Nacional y su titular en pésima copia del lenguaje de los estrategas de las invasiones a Iraq y Afganistán—, destaca el crecimiento exponencial de las víctimas de la desaparición forzada.

En cuatro informes de gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa suman tres mil los desaparecidos y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos-Desparecidos estima que de ellos 400 casos obedecen a razones políticas, 500 a mujeres y niños por trata de personas y 2 mil 100 son por motivos vinculados al narcotráfico.

El problema es tan grave que un centenar de organismos civiles de defensa y promoción de los derechos humanos de toda República, realizan la Campaña nacional contra la desaparición forzada. “Por la presentación con vida de los desaparecidos. Juicio y castigo a los responsables”.

Las razones son dos. Una formal: el 30 de agosto se celebró en la aldea el Día Internacional del Desaparecido. Y la real es que México fue colocado —bajo el gobierno que dice apostar por “el estado de derecho” y “un país de leyes”—, a la vanguardia en América Latina en tan deleznable como ilegal práctica y que, al decir de los organizadores de las movilizaciones, se realizan “ante el incremento alarmante de las desapariciones forzadas de personas y la denegación total de justicia a las víctimas”.

Son 2.22 desparecidos diariamente o 66.66 mensuales en los 45 meses de un gobierno que festina por todos los medios, incluido el telefónico, en franca agravio a la privacidad y el descanso de los ciudadanos, pero también sin reparar en gastos, como si los recursos económicos abundaran en un país saturado de carencias y una administración que destaca por la incapacidad crónica para ejercer el presupuesto que se le asignó.

Pero más allá de los ilustrativos números, Sanjuana Martínez, la regiomontana reportera independiente, le coloca nombres y apellidos a una serie de estrujantes casos de los que llama los “otros desaparecidos”, los que sin razón aparente –explica— fueron levantados por cuerpos policiacos locales, la Policía Federal, el Ejército y la Armada o bien por el crimen organizado. Los casos tradicionales, los desparecidos por razones políticas e ideológicas por los aparatos represivos del Estado, existen desde tiempo ha, aunque con frecuencia se asocia a 1969 la primera desaparición forzada, bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez como secretario de Gobernación. Por supuesto que no es así. Baste un ejemplo: El 27 de agosto de 1959 apareció torturado y asesinado Román Guerra Montemayor, dirigente ferrocarrilero comunista en Monterrey. Para no hablar de los secuestros y encarcelamientos posteriores de luchadores políticos y sociales en los años 20 del siglo pasado.

La incompetencia y la abulia distinguen a las autoridades de hoy frente a una práctica que alarma por su recurrencia y que, como bien apunta Sanjuana, es una constante desde 1969. Allí está, para mayor prueba, la presentación ayer de una denuncia penal en contra de Echeverría, en la Procuraduría General de la República, como presunto responsable del delito de desaparición forzada en la persona de Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ybarra de la Garza, consumada en abril de 1975.

Nunca fue más pertinente que ahora el aún localizado reclamo ciudadano: Por la presentación con vida de los desaparecidos. Juicio y castigo a los responsables”. Y más nos vale a todos que ambas demandas adquieran vigorosa fuerza antes de que sea demasiado tarde, y la ley de la selva se apodere de nuestras vidas y familias.

 

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