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Urgen retomar reforma sobre desaparecidos

Jueves 24 de enero de 2013, por Hasta encontrarlos

Viernes, 07 de Septiembre de 2012

Monterrey, NL.- Integrantes de la Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, acudieron esta mañana al Congreso local para solicitar a los diputados que retomen en tema de la desaparición forzada de persona, que quedara pendiente en la pasada legislatura.

Encabezados por la directora de Cadhac, Consuelo Morales, el grupo de activistas acompañados por familiares de desaparecidos, entregó personalmente la solicitud al presidente de la Mesa Directiva el panista Luis David Ortiz, quien dijo estar enterado del trabajo que se realizó para reformas el Código Penal.

Morales, señaló que pese a que contaba con un proyecto sólido producto de las mesas de trabajo organizadas por la Comisión de Justicia del Congreso en las que participaron los tres poderes del estado, y con especialistas y expertos
entre ellos personal de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la pasada legislatura no tipificó este delito ya que aunque se tenía el interés de los diputados, que finalmente no la sacaron a la luz “por órdenes superiores”.

“Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos exhorta a la nueva legislatura del Congreso del estado a cumplir su deber moral, legal e internacional de tipificar la desaparición forzada de persona como un delito autónomo e imprescriptible en sintonía con las mejores prácticas”, expresó.

La titular de Cadhac, señaló que la inactividad de la anterior legislativa es injustificable a la luz de la realidad que se vive, ya que la organización que encabeza ha registrado 974 personas desaparecidas desde el 2009 a la fecha, de los cuales al menos el 40 por ciento han sido calificados como desaparición forzada por estar involucrados servidores públicos y pro existir una consistente negativa de informar el paradero o destino de las víctimas.

“Nuevo León es uno de los estados que aún no tipifican la desaparición forzada, la ausencia de un delito específico envía un mensaje de permisibilidad a una práctica aberrante que ha enlutado a familias y merecido la atención de organismos internacionales de derechos humanos”, expuso.


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