Algunas Reflexiones sobre la Ley General de Víctimas "...es importante enunciar que no se tiene presente la gravedad de los casos, y la mayor responsabilidad y obligación que tiene el Estado cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, y crímenes de lesa humanidad, como lo son las Desapariciones forzadas...cuyos efectos están repercutiendo en miles de familias en todo el país, pues estos casos no son meras desapariciones, extravíos o ausencias, sino crímenes cometidos por el estado..."

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Ciudad de México a 25 de Enero del 2013

El pasado 9 de enero, se publicó en el diario oficial de la federación la ley que en abril del 2012 veto Felipe Calderón, la Ley General de Víctimas. La cual entrará en vigor el próximo 9 de febrero. Dicha ley recordemos, fue estructurada a partir de las demandas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad representado por Javier Sicilia.

Antes de entrar en materia, no debemos olvidar que Felipe Calderón Hinojosa, luego de la declaración de la supuesta guerra en contra de la delincuencia organizada, dejó un país muy lastimado, con mucha inconformidad, y duelo, pues esta guerra dejó a su paso un baño de sangre con más de 100 mil personas asesinadas y más de 25 mil personas desaparecidas según las “cifras oficiales”, las cuales, desde luego, sabemos ascienden a más, dados los casos que aun no se conocen porque permanecen en el anonimato, producto de las amenazas y el miedo que las propias autoridades han infundido en contra de los familiares. Así es, como en este contexto Enrique Peña Nieto recibe al país, un país ensangrentado, con miles de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y bajo un proceso de imposición de su gobierno, en el que un amplio sector del pueblo no lo reconoce, debido a que tienen memoria y conocen los intereses que representa

De esta manera, y en este contexto, la Ley General de Víctimas no es un tema menor, pues sabemos de las grandes carencias que existen en nuestro país, de un marco legal que en verdad garantice el respeto irrestricto a nuestros derechos humanos y defienda realmente a las víctimas de estas violaciones, además de que es obligación del Estado legislar a favor de los derechos del pueblo. Por ello, no dudamos, de los buenos propósitos que activistas y sobre todo especialistas en el tema, tuvieron al elaborar esta ley, pues creemos que es un esfuerzo importante, y necesario, sin embargo sabemos, no es suficiente, pues no debemos de olvidar que el Estado mexicano, por un lado, legisla leyes que supuestamente son un avance para el respeto de nuestros derechos y por el otro, implementa una serie de reformas que traen consigo un retroceso enorme en el respeto de los derechos más fundamentales del pueblo.

La reciente iniciativa que se promovió el pasado 3 de enero, en la que se pretende reformar el Art. 1º de la constitución es muestra de ello, la cual sería un retroceso sumamente lamentable, pues pondría en mayor riesgo el avance normativo en materia de protección a los derechos humanos. Este hecho y las reformas neoliberales, mal llamadas “reformas estructurales” evidencian el carácter y los intereses a los que obedecen estas reformas, que no son desde luego, para beneficio del pueblo sino para reducir cada vez más, el tan ya de por sí inexistente estado de derecho y que beneficia a los grandes empresarios nacionales y extranjeros.

Lo anterior, no es de sorprenderse dado el régimen neoliberal en el que vivimos y sobre todo teniendo en cuenta que el Estado Mexicano es uno de los estados más contradictorios y porque no decirlo, cínico, que no tiene reparo en burlarse de las instancias internacionales de derechos humanos y del pueblo, al aparentar en el discurso que cumple con los requerimientos y recomendaciones que le han hecho, cuando en los hechos esas adecuaciones son letra muerta, porque no se cumplen.

Un aspecto que creemos es importante mencionar con respecto a la Ley General de Víctimas es que partimos de que esta ley cumple a cabalidad con los requerimientos normativos y legales y que no existe ningún impedimento para que se ponga en marcha y posteriormente no la quieran anular, partiendo de que esto sea así, el reto estaría entonces en que las organizaciones que la impulsan hagan valer en los hechos esa ley. Vigilando y exigiendo que el Estado que es el responsable de garantizar nuestros derechos, cumpla con ella.

La ley así como está planteada, requiere de una serie de cambios y adecuaciones que el Estado tendría que realizar para hacer viable esta iniciativa. Esta ley plantea entre algunas otras cosas: la adopción de medidas para promover, respetar, proteger, garantizar los derechos de las víctimas, implementar los mecanismos para que las autoridades cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral que comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, entre otros puntos. Además plantea la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas 90 días después de la entrada en vigor de la iniciativa. Así también que traerá como beneficios un catálogo de derechos para las víctimas como son.
• Ser tratados con humanidad y con respeto de su dignidad.
• Conocer la verdad sobre el delito que han sufrido, así como el derecho a que se les imparta justicia y se les repare el daño.
• Ser informados y que se les explique claramente el proceso penal llevado en contra de sus agresores.
• La satisfacción, que incluye, entre otras medidas, la búsqueda de personas desaparecidas; así como el derecho a la protección del Estado.
• Para respaldar a las víctimas, la Ley crea las siguientes instancias:
- El Sistema Nacional de Víctimas, que establecerá y supervisará los programas y las acciones, para apoyar a las víctimas en los tres niveles de gobierno.
- La Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, como órgano vigilante y de control de la ley. En esta Comisión, participarán representantes de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil.
- Un órgano de Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas, dependiente de la Comisión Ejecutiva, para que los afectados cuenten con un profesional del derecho que los represente y defienda legalmente.
- El Registro Nacional de Víctimas, que facilitará el acceso a la ayuda que faculta la ley.
- El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que será el encargado de brindar los recursos necesarios para ayudar a las víctimas.

Lo anterior, sería un logro si se realizará y cumpliera en los hechos, no obstante aun existen una serie de preguntas con respecto a cómo se dará cumplimiento a esta Ley General de Víctimas, además de algunas precisiones que tendrían que hacerse como por ejemplo: que la ley prevé un proyecto en el que a través de un fondo federal, el Estado debe “reparar” a una víctima en caso de que su agresor no lo haga, sin embargo, dadas las características en nuestro país, nos preocupa que se iguale el término indemnización al de reparación, lo cual es grave, ya que las autoridades casi nunca investigan un delito, y no se diga una violación a los derechos humanos, y no se logra en su generalidad procesar a los responsables, con lo cual no hay acceso a la justicia, ni a la verdad y mucho menos a la reparación integral del daño, que implica muchas otros aspectos, no solamente el aspecto material.

La verdadera reparación integral inicia en principio con la justicia, y no se puede llegar a la reparación sin ella. Así mismo, la reparación sólo es efectiva si se sabe y se hace pública la verdad de los hechos ocurridos y sobre todo lo primordial, si han sido castigados los responsables de los hechos. Así como también garantizando la adopción de medidas que prevengan futuras violaciones a los derechos humanos, para que estas no se vuelvan a repetir.

Otro aspecto que es importante enunciar es que no se tiene presente la gravedad de los casos, y la mayor responsabilidad y obligación que tiene el Estado cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, y crímenes de lesa humanidad, como lo son las Desapariciones forzadas, y que cabe señalar, se toca muy someramente en esta ley, y que cuyos efectos están repercutiendo en miles de familias en todo el país, pues estos casos no son meras desapariciones, extravíos o ausencias, sino crímenes cometidos por el estado. De ahí que es imperante señalar que esta ley no contempla la necesidad de una ley contra la desaparición forzada, que atienda verdaderamente a las víctimas de este crimen y que tipifique el delito en las entidades en las que aun no se legisla y sobre todo que permita el juicio y el castigo a los responsables de cometer esta práctica que se viene cometiendo en nuestro país de manera sistemática desde hace más de 40 años. Y permita verdaderamente combatir la impunidad.

Además es sustancial mencionar que el Estado en estos momentos, de manera perversa utiliza, como lo ha hecho ya, la aprobación de esta ley como una forma de legitimar a EPN. Hagamos memoria de la actuación del PRI en los más de 70 años que duró en el poder, es el partido que cuenta con toda la experiencia y habilidad para mostrar una cara de aparente disponibilidad y flexibilidad por un lado, mientras por el otro criminaliza y reprime selectiva y masivamente.EPN no cuenta con la legitimidad ante el pueblo y eso lo orilla a ceder en este caso con la aprobación de la ley, porque obedece a intereses políticos, pero no debemos perder de vista las veces que el Estado Mexicano ha jugado con el dolor de las víctimas, simulando y burlándose de los acuerdos firmados con organizaciones y familiares, hecho que debe servir para analizar y estar al tanto, y no permitir que una vez más este acto se convierta en una afrenta más para el pueblo.

Estas son algunas de las reflexiones que de manera muy personal hacemos para poner atención sobre que es necesario realizar modificaciones y sobre todo estar atentos de la viabilidad en los hechos de esta ley, pues sabemos el esfuerzo que muchas personas están realizando para que esto se dé y sobre todo de las expectativas que esta genera en las víctimas.

Será mediante la organización y resistencia de las organizaciones populares, de derechos humanos y sobre todo del pueblo en general, cuando de manera articulada, decida hacer en los hechos que esta y todas las demás leyes se cumplan. Y que las reformas que pretenden imponernos sean revocadas porque son un retroceso en el respeto de nuestros derechos.

Por último, debemos recordar que las grandes luchas en la defensa de nuestros derechos más elementales, son producto de la organización del pueblo, no una concesión, y mucho menos un favor del Estado y que de nosotros depende exigir y luchar para que este cumpla con lo que es su obligación y responsabilidad; la de promover, proteger y garantizar nuestros derechos más fundamentales.

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país!

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Juicio y castigo a los responsables!

Por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
Lic. P. Nadín Reyes Maldonado

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