Reanuda PGR excavaciones en busca de restos de Rosendo Radilla Proceso

, por  Desaparecidos , popularidad : 1%

MÉXICO, D.F., 20 de octubre (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó sobre el inicio de las excavaciones en el excuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero, como parte de la segunda etapa de investigaciones para esclarecer el paradero de Rosendo Radilla Pacheco, detenido y desaparecido el 25 de agosto de 1974, durante la llamada “guerra sucia”.
En un comunicado, la dependencia puntualizó que para dar cumplimiento a la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), emitida el 23 de noviembre de 2009, “comenzó la segunda jornada de excavaciones en el predio ocupado por el entonces cuartel de la 27ª Zona Militar, hoy denominado Ciudad de los Servicios”.
Los trabajos de esta segunda jornada, “atendiendo el justo reclamo de certeza jurídica que exige la sociedad mexicana”, se realizarán del 19 al 29 de octubre, con el apoyo de la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez, añadió.
De acuerdo con la PGR, el fiscal federal es quien coordina los trabajos del personal pericial en Ingeniería y Topografía, Fotografía Forense, Antropología, Audio y Video, así como del perito en Arqueología propuesto por los familiares de Rosendo Radilla.
Asimismo, agregó que un perito en Psicología fue designado para dar apoyo psicosocial a la familia del desaparecido, “además de que estarán presentes en todo momento miembros de una organización de la sociedad civil y familiares cercanos al caso”.
Según el comunicado, la diligencia desprendida del expediente de averiguación previa SIEDF/CGI/454/07 y originada por la denuncia presentada inicialmente el 15 de noviembre de 2001 “es supervisada por dos representantes legales también designados por la familia del agraviado”.
El pasado lunes 18, el director del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Humberto Guerrero, criticó el hecho de que las excavaciones en Atoyac de Álvarez se realicen a menos de dos meses de que el gobierno de Felipe Calderón debe entregar un informe del cumplimiento de la sentencia a la CoIDH.
Ello, dijo, causa escepticismo, pues el gobierno mexicano no ha hecho casi nada de lo que le ordenó la resolución de la Coidh, “entonces nos preguntamos por qué, de pronto, van a hacer las excavaciones”.
Guerrero destacó que “el esclarecimiento del paradero de Rosendo Radilla Pacheco constituye una de las principales medidas de reparación ordenadas por la CoIDH en su sentencia del 23 de noviembre de 2009, y el gobierno mexicano está obligado a presentar un informe de los avances en el cumplimiento a más tardar el 15 de diciembre”.
Por eso, agregó, nos llama la atención que a pocas semanas de que el gobierno mexicano deba informar a la CoIDH sobre el cumplimiento de la sentencia, de pronto la PGR realice excavaciones, pero además las va a hacer en donde ya se buscó con anterioridad.
Por ejemplo, dijo, en 2008 las excavaciones duraron 40 días y la búsqueda fue en más de 20 puntos. Ahora son 11 días y se reducen las áreas de trabajo a seis áreas.
El responsable del caso ante la CoIDH explicó que de acuerdo con la experiencias en este tipo de excavaciones en sitios visibles o que forman parte de la vida social del cuartel, se reducen las probabilidades de encontrar restos óseos.
Por su parte, Édgar Telón, perito de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, quien acompañará a la familia Radilla durante las diligencias que se realizarán en Atoyac, dijo que aunque se prevé hacer ampliaciones de las excavaciones anteriores, se debería cavar de manera sistemática en la periferia del excuartel.
Rosendo Radilla Pacheco, líder social de Atoyac de Álvarez, fue detenido de manera ilegal el 25 de agosto de 1974 y fue visto por última vez en el excuartel militar de ese municipio.
La detención y posterior desaparición forzada de Radilla Pacheco fue denunciada públicamente por la familia inmediatamente después de que sucedieron los hechos. Más tarde fue denunciada ante las instancias de procuración de justicia nacionales, así como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ante la falta de respuesta por parte del Estado mexicano, el 15 de noviembre de 2001 se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras sostener una audiencia pública sobre admisibilidad del caso el 21 de octubre de 2004, la CIDH emitió el informe de admisibilidad No. 65/05 el 12 de octubre de 2005.
El 27 de julio de 2007, durante su 128 Periodo Ordinario de Sesiones, la CIDH consideró las posiciones de las partes y aprobó el informe de fondo número 60/07, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por una falta de respuesta efectiva del Estado mexicano al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en dicho informe de fondo, el 15 de marzo de 2008 la CIDH demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por la violación al derecho al reconocimiento de personalidad jurídica (artículo 3), derecho a la vida (artículo 4), derecho a la integridad personal (artículo 5), derecho a la libertad personal (artículo 7), derecho a las garantías judiciales (artículo 8) y derecho a la protección judicial (artículo 25) en conexión con la obligación de respetar los derechos (artículo1.1), todos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por su parte, los representantes de las víctimas demandaron al Estado mexicano no sólo por los derechos consagrados en la Convención Americana, sino también por violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.
El 6 de julio de 2009 se llevó a cabo la Audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 23 de noviembre, la CoIDH emitió la sentencia sobre el caso, condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos.

Proceso