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Insuficientes, los pasos del gobierno en combate a desapariciones: AI

Martes 4 de junio de 2013, por Hasta encontrarlos

Fernando Camacho Servín
Publicado: 04/06/2013

México, DF. La mayoría de los miles de casos de desapariciones forzadas en México ocurren con la complicidad de las autoridades, por acción u omisión, y aunque el actual gobierno de la República ha dado algunos pasos para solucionar el fenómeno, éstos todavía no son suficientes, comenzando por el hecho de que no admite la responsabilidad de diversos funcionarios en la comisión de este delito.

Así lo indicó el informe “Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México”, que fue dado a conocer este martes por la organización de derechos Amnistía Internacional (AI).

Durante la presentación del documento, Rupert Knox, investigador del colectivo, resaltó que uno de los pasos positivos del actual gobierno federal en el problema de la desaparición forzada es la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas –a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR)—, pero subrayó que no se ha constatado que dicha instancia goce de todos los recursos y el apoyo que le garanticen un buen funcionamiento.

“Tienen que darse pasos completos, y si en el curso de semanas o meses que vienen no se nota un cambio, vamos a volver al mismo problema y la unidad no tendrá la credibilidad necesaria”, advirtió Knox.

Una muestra más de la falta de trabajo consistente en cuanto a los desaparecidos, añadió, es que todavía no está claro de qué forma van a depurar la lista de más de 26 mil personas “ausentes” que dio a conocer recientemente la PGR.

Más de 26 mil víctimas de desaparición entre 2006 y 2012

En el documento, Amnistía Internacional pormenoriza que “a pesar del número escalofriante” de más de 26 mil víctimas de desaparición entre 2006 y 2012, “las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso los muchos cientos de desapariciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes”.

Frente a dicha situación, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado “varios pasos positivos” para reconocer la magnitud del problema, como decretar la Ley General de Víctimas, pero “todavía no se ha reconocido el grado de implicación de agentes estatales” en dicho crimen.

Luego de presentar un panorama histórico de las desapariciones forzadas en el país desde que ocurrieron los primeros casos a finales de la década de los 60 del siglo pasado, AI señala en el informe que ha documentado 152 casos individuales en siete estados, en 85 de los cuales “hay indicios suficientes de implicación de funcionarios públicos”.

Según el colectivo con sede en Londres, la mayoría de las desapariciones han ocurrido en estados donde se ha intensificado la presencia de las fuerzas de seguridad, como Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero, y quienes las han sufrido proceden de estratos sociales y profesiones muy diversas, por lo que no puede afirmarse que únicamente se trate de personas supuestamente vinculadas con grupos delictivos.

Por lo anterior, AI emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas tipificar la desaparición forzada conforme a los estándares internacionales, acordar un plan de acción junto con los familiares y crear una base de datos detallada y fiable de ámbito nacional sobre personas desaparecidas

Asimismo, llamó a las autoridades a establecer un mecanismo nacional de búsqueda rápida basado en protocolos estandarizados y reformar el Código de Justicia Militar para que el sistema de justicia civil sea el único con competencias para investigar toda denuncia de violación de derechos humanos cometida por miembros de las fuerzas armadas.


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