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Solicitan al Congreso México que reforme propuesta de código justicia militar
Human Right Watch considera que esas medidas no pondrían fin a la impunidad actual de los abusos militares contra civiles
Viernes 22 de octubre de 2010, por
La organización Human Rights Watch (HRW) pidió al Congreso de México modificar "sustancialmente" la propuesta presentada por el presidente Felipe Calderón para reformar el Código de Justicia Militar.
Esa organización defensora de los derechos humanos consideró que esa reforma "no pondría fin a la impunidad actual de los abusos militares contra civiles", según un comunicado de prensa, señaló Efe.
En opinión de HRW esa propuesta, presentada por Calderón al Congreso de su país el 18 de octubre, "delegaría a las autoridades civiles la investigación y el juzgamiento de tres tipos de violaciones de derechos humanos", como son las desapariciones forzadas, las violaciones sexuales y la tortura.
"Sin embargo, otras violaciones graves cometidas por militares contra civiles, como las ejecuciones extrajudiciales y los tratos crueles e inhumanos, continuarían siendo investigadas por el sistema de justicia militar, que no ofrece a las víctimas acceso a una justicia independiente e imparcial", agregó HRW.
"Las autoridades civiles deben tener la facultad para investigar y juzgar todas las violaciones de derechos humanos perpetradas por militares y no solamente algunas", dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, que señaló que esa propuesta "no haría más que perpetuar la impunidad de los de abusos militares".
Para HRW la propuesta de Calderón "reconocería" a las autoridades militares facultades discrecionales para determinar qué casos deben remitirse a los tribunales ordinarios y permitiría que los agentes del ministerio público militar tengan control sobre pruebas clave.
También señalan que los cambios propuestos prevén la posibilidad de prescripción para los delitos de desaparición forzada.
"Una disposición de este tipo sería contraria al derecho internacional, que establece que la desaparición forzada constituye un delito permanente mientras se desconozca el destino y el paradero de la víctima", puntualizó HRW.
La organización recordó que en abril de 2009 publicó un informe titulado "Impunidad Uniformada" que documenta que "los militares que cometen violaciones de derechos humanos en México habitualmente no rinden cuentas por sus actos".
Esto se debe, en gran medida, a que los casos son investigados y juzgados por el sistema de justicia militar, que carece de independencia e imparcialidad, señaló la organización.
Esta organización dijo también en su comunicado que en México, el secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas y los jueces militares no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo.
Asimismo apuntó a que el control civil de las decisiones de los tribunales militares mexicanos "es muy limitado y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares".
Agregó que "las víctimas y sus familiares no tienen la posibilidad de cuestionar aspectos básicos, como qué sistema de justicia debería resultar competente para investigar violaciones de derechos humanos".
HRW señaló que en noviembre de 2009 una sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de "compatibilizar(lo) con los estándares internacionales", y también recuerda que México ha manifestado en varias oportunidades su compromiso de cumplir plenamente la decisión.
HRW denunció que los abusos militares se han incrementado significativamente desde que en 2007 Calderón movilizó al Ejército para intervenir en operativos de seguridad pública.
Agregó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de ese país "ha publicado informes exhaustivos sobre más de 60 casos de abusos aberrantes cometidos por el Ejército desde que Calderón asumió la Presidencia. Los casos incluyen asesinatos, violaciones sexuales y torturas".
La Comisión, según HRW, informó que ha recibido más de 4.600 denuncias de abusos militares desde 2007.
"El Congreso debería mejorar la propuesta defectuosa de Calderón", afirmó Vivanco.
El director para las Américas de HRW dijo que "mientras se permita que los militares se investiguen a sí mismos, México impedirá que las víctimas de abusos militares tengan acceso a la justicia y que los mexicanos en general cuenten con una política efectiva de seguridad pública".