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Exigen esclarecer la desaparición forzada de los integrantes del EPR
Jueves 11 de febrero de 2016, por
Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Comisión de la Verdad de Oaxaca y la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda de la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, denunciaron que el Estado mexicano no tiene la más mínima voluntad política para esclarecer este crimen de lesa humanidad.
Y es que a más de 8 años y 8 meses de la desaparición forzada de los eperristas y a más de un año de haber sido emitida la resolución 29/2014 por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, que ordena realizar su búsqueda en instalaciones militares y realizar diversas diligencias para su localización, han sido desacatadas.
Ambas comisiones exigieron el cumplimiento de la resolución judicial 29/2014 hasta dar con el paradero de Edmundo y Gabriel, debido a que su cumplimiento significaría un gran avance no sólo para esclarecer este caso, sino como precedente para muchos más.
Además se impulsará que el cumplimiento de este tipo de resoluciones quede plasmado en la futura ley general sobre desaparición forzada para obligar a las autoridades a desarrollar la búsqueda de los desaparecidos en instalaciones militares y cárceles.
La Comisión de la Verdad en su informe final detallará este caso y emitirá importantes recomendaciones que se impulsarán para que sean cumplidas por el gobierno del estado y el gobierno federal.
La Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda integrado por Gilberto López y Rivas, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Concha Malo, Luis Daniel Vázquez Valencia, Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Saravia y Pablo Romo Cedano; los abogados del caso Augusto César Sandino Rivero Espinosa y Leonel Rivero Rodríguez, y familiares Margarita Cruz Sánchez y Nadin Reyes Maldonado, así como integrantes de Comisión de la Verdad de Oaxaca Alejandro Solalinde, Marina Patricia Jiménez Ramírez y Diego Enrique Osorno, exigen cumplimiento de la resolución judicial.
Cabe mencionar que en abril del 2008 se creó la Comisión de Mediación (COMED) entre el PDPR –EPR y gobierno federal a petición del grupo armado para encontrar con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Esa comisión estuvo conformada por Carlos Montemayor, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, el obispo emérito Samuel Ruiz, Rosario Ibarra de Piedra, Enrique González Ruiz, y Juan de Dios Hernández Monge.
El 29 de abril, la PGR informó que contaba con indicios para considerar que los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz estaban muertos, esto sin tener líneas claras de investigación dentro de la averiguación.
Y el 14 de agosto de 2008, la COMED presenta documentos relevantes con respecto a la desaparición de ambos luchadores sociales y ese mismo día, el Gobierno Federal reconoce en un comunicado la existencia de la desaparición forzada, sin embargo, no realiza las acciones necesarias para dar con los desaparecidos.
Posteriormente, el 13 de febrero de 2009, gracias a la presión de la COMED y otras organizaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 07/2009 dirigida a los tres niveles de gobierno, en la que se evidencia que el caso se trata efectivamente de una desaparición forzada. Sin embrago hasta la fecha el Estado no ha cumplido esta recomendación.
Luego el 21 de abril de 2009, debido a la falta de respuesta del gobierno federal, la COMED decide suspender sus actividades. A petición de la organización armada, es reintegrada en enero del 2010 con nuevos integrantes Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, Gonzalo Ituarte Verduzco y Pablo Romo Cedano.
Y en mayo de 2010, se publica el libro Desapariciones Forzadas en México. Documentos del proceso de la Comisión de Mediación, el PDPR- EPR y el Gobierno Federal, en el que se documenta todo el proceso de esta comisión en sus esfuerzos por la presentación con vida de Edmundo y Gabriel y las respuestas del Estado.
Dos años después, se trata de imponer a toda costa la hipótesis de que uno de los desaparecidos está muerto, llegando asegurar que había más del 80 % de probabilidades de que se encontraría un cuerpo que correspondería a uno de ellos, que se encontraba enterrado en un panteón de Puerto Escondido, Oaxaca, hecho por el cual se realizó una diligencia de exhumación con el apoyo de expertos independientes del Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAAF).
Ante la desconfianza de los familiares en los peritos de la PGR, hecho que nos permitió determinar una vez más el engaño y la perversidad del Estado al tratar de entregar a las familias los restos de otra persona que no era el de sus seres queridos, y que de no ser por el apoyo del EAAF, tenemos la certeza de que el Estado hubiera entregado esos restos a los familiares con la finalidad de dar por cerrado el caso.
Así, una y otra vez el Estado en múltiples ocasiones, con argumentos falsos, ha buscado la manera de deslindarse de su responsabilidad y de no garantizar el acceso a la verdad y la justicia, así como imponer como única verdad la supuesta muerte de ambos desaparecidos, hipótesis que siempre tratan de imponer en todos los casos de desaparición forzada.
La sistematicidad de esta práctica, así como de la impunidad ha quedado demostrada nuevamente con el incumplimiento de la resolución judicial 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito el 19 de junio del 2014 por, la cual se dio origen a esta Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda a petición del EPR y que a más de un año no ha obtenido respuestas favorables.
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