El gobierno, imposibilitado para indagar desapariciones, responde a la ONU

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 2 de abril. Las autoridades locales y estatales están imposibilitadas material y económicamente para investigar las desapariciones forzadas, argumentaron funcionarios ante el grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU que visitó varios estados del país, entre ellos Guerrero.

Los representantes de la organización estuvieron en los municipios de Acapulco, Atoyac y Chilpancingo para escuchar a los familiares de las víctimas, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Este jueves se emitió un informe de lo que observaron en la misión por varios estados de México, en el cual se documenta que desde la creación de ese grupo de trabajo, se ha transmitido 412 casos al gobierno de México, de los cuales 24 se han esclarecido sobre la base de la información suministrada por las fuentes; 134, por la información aportada por el gobierno; 16 se han discontinuado y 238 siguen sin resolverse.

El grupo de trabajo manifestó que las organizaciones civiles de derechos humanos reportaron, de acuerdo con sus estimaciones, que son más de 3 mil personas las que desaparecieron desde hace cinco años, mientras la CNDH registró un aumento en el número de quejas sobre desapariciones forzadas, pasando de cuatro quejas en 2006 a 77 el año pasado. Se detalló que en México 92 por ciento de todos los delitos cometidos recaen en la jurisdicción estatal; sin embargo, durante las entrevistas con funcionarios estatales, éstos argumentaron que sus dependencias no están bien equipadas, ni cuentan con equipo profesional y entrenado, por lo que no pueden hacer mucho en esa materia.

De igual forma, se investigó sobre las desapariciones forzadas durante la guerra sucia, en la que, según datos recabados por el grupo de trabajo, la CNDH investigó 532 presuntas desapariciones forzadas y concluyó que en 275 casos se acreditó la existencia de una desaparición forzada.

Finalmente, criticaron los problemas a los que se enfrentan familiares para la búsqueda de personas, la identificación de restos, la exhumación de cadáveres, la falta de una base de datos centralizada sobre personas desaparecidas y la falta de acceso a la información relacionada con desapariciones forzadas.